La sentencia dictada y publicada a finales de esta semana por la Audiencia Provincial de Pamplona relativa a delitos contra la libertad sexual de una mujer, ha dado lugar a una serie de críticas de diverso tenor, que han incluido no solo descalificaciones insultantes hacia aquella, sino también descalificaciones de las personas que componen el Tribunal. Procurando una reflexión sosegada sobre las cuestiones que el caso plantea para nuestra sociedad, desde Juezas y Jueces para la Democracia queremos trasladar las siguientes consideraciones:

– El Estado de Derecho se sustenta en la primacía de la Ley que emana del pueblo, y su posterior aplicación por los Tribunales independientes y sometidos únicamente el imperio de la Ley. El respeto a la Ley y a la aplicación que de la misma llevan a cabo los Tribunales en cada caso concreto es fundamento de un Estado de Derecho y de una sociedad civilizada que resuelve sus conflictos conforme a las reglas que se ha dado.

– Lo anterior es perfectamente compatible, en el marco de una sociedad democrática, con la crítica válida y constructiva a las resoluciones judiciales, pero nada aportan las críticas que descalifican hasta el insulto

– Sin olvidar nuestro compromiso con la defensa y protección de las víctimas de los delitos contra la libertad sexual, la sentencia que ha sido objeto de furibunda y exacerbada crítica se ha dictado tras un proceso regido por los principios constitucionales de publicidad, defensa y contradicción. Asimismo, se ha dictado tras un previo e intenso debate deliberativo de los miembros del Tribunal, como lo demuestra su voto particular, y cumpliendo sobradamente con el principio constitucional de motivación. El Tribunal ha tenido que enfrentarse a una calificación jurídica problemática, la distinción entre la intimidación y el abuso con prevalimiento de una situación de superioridad, y ha optado por una de ellas de manera fundada y razonada.

– Esa interpretación no es la única posible, y, a estos fines, la Sentencia está sujeta al sistema de recursos previsto por nuestra legislación. La Sentencia no agota el debate: continuará en Tribunales superiores, para cuyos componentes pedimos respeto personal y institucional a su independencia.

– La crítica pública y razonada a las resoluciones judiciales es deseable en el marco de una sociedad libre y democrática, pero observamos con estupor declaraciones de responsables políticos carentes del más mínimo respeto institucional a nuestra legislación y a nuestros Tribunales.

– Entendemos tanto el dolor de las víctimas de hechos tan execrables como  los que se relatan en los hechos probados de la sentencia, como también el reclamo de mayor severidad y contundencia en la lucha contra violencia machista. El debate legislativo sobre reformas del Código Penal debe de hacerse en sede parlamentaria bajo un sosegado debate público y transparente.

– En concreto, nos resultan inadmisibles las declaraciones del Sr. Rafael Catalá, único ministro de Justicia reprobado parlamentariamente en la historia de nuestra democracia, que se suman al descrédito y piden la revisión de un voto particular por el Consejo General del Poder Judicial, carente de competencias al efecto.

– Desde Juezas y Jueces para la Democracia tenemos que salir al paso de actuaciones o declaraciones desafortunadas alientan la deslegitimación del poder judicial, cuanto más cuando provienen precisamente de responsables de los otros poderes, por lo que desde aquí pedimos la dimisión del Ministro de Justicia, D. Rafael Catalá Polo.

 

Madrid, a 28 de abril de 2018

El Secretariado de Juezas y Jueces para la Democracia