MANIFIESTO CONTRA LA CADENA PERPETUA

En el año 2015 se reintrodujo la cadena perpetua, una institución desaparecida de nuestra legislación penal desde el año 1928, durante la dictadura de Primo de Rivera, y a la que se denominó eufemísticamente “prisión permanente revisable”. Esta decisión se pretendió justificar en la “extrema gravedad” de algunos delitos.  Con el argumento de que cabía la revisión judicial de la pena se defendió su adecuación tanto al artículo 25.2 de la Constitución de 1978, que impone que las penas privativas de libertad se orienten a la reeducación y la reinserción social, como a la legislación de otros Estados del Consejo de Europa y a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Sin embargo, se ocultó a la opinión pública que:

a) El Código Penal, tras la reforma de 2003 ya permitía el cumplimiento efectivo de hasta 40 años de prisióny había endurecido notablemente el acceso  a los beneficios penitenciarios, por lo que, de facto, ya existía la posibilidad de una pena con un régimen similar a la cadena perpetua para determinados supuestos excepcionales. La reforma aparecía así como innecesaria.

b) En los países de nuestro entorno cultural y jurídico donde hay cadena perpetua, no existe al mismo tiempo un régimen de cumplimiento efectivo tan duro como el introducido en el año 2003.

c) Se trata de una pena contraria a la Constitución, pues se contrapone a principios básicos del Derecho penal civilizado como son, entre otros, los de legalidad y temporalidad de las penas y prohibición de las  penas inhumanas y degradantes.

d) La regulación vulnera el mandato constitucional de orientación de las penas a la reinserción, dados los plazos legales establecidos para la revisión, excepcionalmente largos, y el tiempo de cumplimiento impuesto para el acceso a determinados beneficios penitenciarios. Además, se prevé que tras el cumplimiento, en caso de revisión, el penado será sometido a medidas de seguridad que vienen a alargar la pena de por vida, con lo que nunca deja de ser perpetua.

e) Los centros penitenciarios en España se encuentran saturados pese a las bajas tasas de delincuencia. No se produce inversión real en medios personales y materiales. En esas circunstancias el tratamiento penitenciario se vuelve harto complicado. Con mayor motivo en quien sufre penas de tan larga duración. La revisión de la pena, pasados muchos años de su inicio, se supedita al resultado de un tratamiento dificultado por la propia desidia de la Administración. Así la esperanza razonable de alcanzar la libertad a través de la revisión de la pena es ficticia, lo que vulnera frontalmente el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

A finales de 2017 por algunos grupos parlamentarios se propuso la derogación de la cadena perpetua  abriendo una puerta a la posibilidad de racionalizar el sistema de penas. Sin embargo, hemos recibido con sorpresa la contrapropuesta del Gobierno: no sólo el mantenimiento, sino la extensión de la pena a otros supuestos, sin ningún estudio criminológico previosobre su necesidad ni sobre la eficacia de la reforma de 2015. Es la respuesta mediática a un problema mediático. Es evidente la ausencia de política criminal, entendida como conjunto de medidas racionales de los poderes públicos dirigidas a prevenir y dar respuesta a la delincuencia, y su sustitución por la propaganda populista.

En ocasiones, hechos concretos terribles deforman la percepción social del riesgo real derivado de la delincuencia. Casos puntuales aparentan ser problemas generalizados.  En esas circunstancias es reprobable la puesta en circulación, por personas que ejercen responsabilidades públicas, de la falsa idea de que el problema de la delincuencia tiene un origen legislativo (la supuesta debilidad de la respuesta penal) y una solución también legislativa (el endurecimiento de las penas). No es cierto que mayores penas vayan a evitar hechos tan excepcionales. Jugar con ese sentimiento es jugar con el legítimo dolor de las víctimas. Si algo pone de manifiesto la criminología es que numerosos casos de delincuencia grave están vinculados con problemas de seguridad pública preventiva así como de salud mental, marginalidad y exclusión social. Es desde ámbitos previos a la comisión del delito desde donde ha de arrancar la respuesta del Estado que debe  empeñar el esfuerzo en evitar que se produzcan y no sólo en aparecer tras su producción con este tipo de anuncios. Como hemos dicho, la respuesta penal es ya suficientemente dura. Sobredimensionarla es un acto de crueldad adicional para las víctimas, pues al tiempo que se les dice falsamente que el problema es, en exclusiva, de insuficiencia normativa, se oculta la falta de respuesta en los ámbitos en los que es indispensable para intentar su prevención. Además, de este modo la respuesta penal que se dice excepcional acaba convirtiéndose en ordinaria, por lo que nada impedirá que en el futuro, al calor de otros asuntos mediáticos, vuelva a ampliarse el catálogo de supuestos para los que se contempla la cadena perpetua. Pero, sobre todo, hace cambiar la propia concepción de la Política Criminal, que  descuida cualquier pretensión preventiva, y del Derecho Penal, al convertir las penas en un instrumento menos humano y más dirigido a la venganza. 

 No es honesto introducir en el debate público ideas incompatibles con el sistema de valores propio de un Estado que se pretende constitucional. Tampoco lo es hacerlo con ocultación de datos relevantes para el análisis racional y al amparo de situaciones de dolor de personas concretas que no se merecen ser instrumentos de políticas ajenas.

Por ello, los/as firmantes, catedráticos/as, profesores/as universitarios/as, jueces/as  y fiscales comprometidos con la realidad y con los valores constitucionales exigimos  rigor en el debate legislativo y mediático sobre la delincuencia y la prisión permanente revisable, y la inmediata derogación de una institución innecesaria, cruel e incompatible con un sistema de intervención penal basado en la razón y en los derechos fundamentales.

 PROMOTOR DEL MANIFIESTO

  • Grupo de Estudios de Política Criminal

LISTADO DE ASOCIACIONES FIRMANTES

  • Juezas y Jueces para la Democracia
  • Asociación de Juezas y Jueces Ágora Judicial
  • Unión Progresista de Fiscales

LISTADO DE FIRMANTES INDIVIDUALES

  • Mirentxu Corcoy, Catedrática Derecho penal. Univiersitat de Barcelona
  • Mª Luisa Cuerda, Catedrática Derecho penal. Universidad Jaume I de Castellón
  • Ana Isabel Pérez Cepeda, Catedrática de Derecho penal, Universidad de Salamanca
  • José María Suárez, Profesor Titular de Derecho Penal acreditado a Catedrático, Universidad de Granada
  • Luis Roca de Agapito, Profesor Titular de Universidad, Universidad de Oviedo
  • Miguel Ángel Núñez Paz, Secretario de la Facultad de Derecho, Universidad de Huelva
  • Miguel Abel Souto, Presidente de la Asociación Iberoamericana de Derecho Penal Económico y de la Empresa, Director del Departamento de Derecho Público Especial y de la Empresa, Catedrático acr. de Derecho penal, Universidad de Santiago
  • Francisco Javier Pérez Ruiz, Fiscal de la Fiscalía Provincial de Barcelona
  • Mª José Cuenca García, Profesora de Derecho penal Universidad Autónoma de Barcelona
  • Juan Carlos Carbonell, Catedràtic de Dret penal, Universitat de València
  • María Acale Sánchez, Catedrática de Derecho Penal, Universidad de Cádiz
  • Gonzalo Escobar Marulanda. Coordinador General Càtedra Internacional UNESCO de Desenvolupament Humà Sostenible Universitat de Girona i Universidad de La Habana. Xarxa UNESCO/UNITWIN Medeuramèrica per al Desenvolupament Humà
  • Esther Pomares Cintas, Profesora Titular de Derecho Penal, Universidad de Jaén.
  • Patricia Faraldo Cabana, Catedrática de Derecho penal, Universidade da Coruña
  • Joan J. Queralt Catedràtic de Dret Penal Director del Departament de Dret penal i Criminologia i Dret Internacional públic i Relacions internacionals, Universitat de Barcelona
  • Julia Ropero Carrasco, Profesora Titular de Derecho Penal, Universidad Rey Juan CArlos
  • Ignacio Espinosa Casares, Magistrado adscrito a la sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja
  • Ignacio Francisco Benítez Ortúzar, Catedrático Derecho penal, Universidad de Jaén
  • Yolanda Rueda Soriana, Magistrada Audiencia Provincial de Barcelona
  • José Luis Ramírez Ortiz, Magistrado Audiencia Provincial de Barcelona
  • José Antonio Rodriguez Sáez, Magistrado Audiencia Provincial de Barcelona
  • Félix Pantoja García, Fiscal, Fiscalía del Tribunal Supremo.
  • Susana Fernández de la Parra, Magistrada del Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Gijón
  • Garbiña Biurrun Mancisidor, Presidenta de la Sala de lo Social del TSJ del Pais Vasco. Profesora Asociada UPV/EHU.
  • Carla Vallejo Torres, Magistrada, Juzgado de Vigilancia Penitenciaria nº 3 de Canarias
  • José Antonio Ramos Vázquez, Profesor contratado doctor de Derecho penal, Universidad de da Coruña
  • Xavier Gonzàlez de Rivera Serra, Magistrado Juzgado de lo Social nº 3 de Barcelona
  • Elena Larrauri, Professor of Criminal Law & Criminology, Universitat Pompeu Fabra
  • María Soledad Gil Nobajas, Profesora Contratada Doctora Área de Derecho Penal, Universidad de Deusto
  • Perfecto Andrés Ibáñez, Magistrado del tribunal supremo jubilado.
  • Miguel Ángel Cano Paños, Profesor Titular de Derecho Penal y Criminología
    Coordinador del Grado en Criminología
    Coordinador del Máster Oficial en Criminalidad e Intervención Social con Menores,
    Universidad de Granada
  • Urko Giménez Ortiz de Zárate, Magistrado del Juzgado de Instrucción nº 7 de Bilbao
  • Inés Olaizola Nogales, Catedrática de Derecho Penal, Universidad Pública de Navarra
  • Anabel Cerezo, Associate Professor of Criminal Law and Criminology, Universidad de Málaga
  • Octavio García Pérez, Catedrático de Derecho penal de la Universidad de Málaga
  • Mercedes Pérez Manzano, Catedrática de Derecho Penal, Universidad Autónoma de Madrid, ex letrada del Tribunal Constitucional
  • Amaya Olivas Díaz, Magistrada del Social 1 de Madrid.
  • Helena Gil Esteve, Jueza de instruccion del JI 3 de Granollers
  • Laura Pozuelo Pérez, Profesora Titular de Derecho penal, Universidad Autómoa de Madrid
  • Fernando Miró Llinares, Catedrático de Derecho penal,
    Centro CRÍMINA Universidad Miguel Hernández de Elche
  • Manuel Cancio Meliá, Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Catedrático de Derecho penal, Universidad Autónoma de Madrid
  • Ana Pérez Tórtola, Magistrada Sala de lo Contencioso-administrativo, T.S.J Comunidad Valenciana
  • Elisa García España, Profesora Titular de Derecho penal y Criminología, Universidad de Málaga
  • Nekane San Miguel, Magistrada A. Provincial Bizkaia
  • Nicolás García Rivas, Catedrático de Derecho penal, Universidad de Castilla-La Mancha
  • Emiliano Borja, Catedrático de Derecho Penal, Universidad de Valencia
  • Mercedes García Arán, Catedrática de Derecho penal, Universitat Autònoma de Barcelona
  • Miriam Cugat Mauri, Profesora titular de Derecho Penal, Universitat Autònoma de Barcelona
  • Víctor Gómez Martín, Profesor Titular (Catedrático acr.) de Derecho penal, Jefe de Estudios de Criminología e Investigación privada, Universidad de Barcelona
  • Mar Carrasco, Catedrática de Derecho penal, Universidad de Alicante
  • Ramón Llena Miralles, Magistrado Juzgado Social 21, Barcelona
  • Juan Mª Terradillos Basoco, Catedrático de Derecho Penal. Universidad de Cádiz
  • Rosario de Vicente Martínez, Catedrática de Derecho Penal,
    Universidad de Castilla-La Mancha
  • Carmen Juanatey Dorado, Catedrática de Derecho Penal,
    Universidad de Alicante
  • Lucía Martínez Garay, Profesora Titular de Derecho penal, Universidad de Valencia
  • Enrique Peñaranda Ramos, Catedrático de Derecho Penal, Universidad Autónoma de Madrid
  • Luis Ramón Ruiz Rodriguez, Catedrático de Derecho penal
    Director del Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología. Sección Cádiz, Universidad de Cádiz
  • Edmundo Rodríguez Achútegui, Magistrado Audiencia Provincial Bizkaia
  • Miguel Ángel Martín Maestro, Magistrado del Juzgado de lo Penal nº 3 de Valladolid
  • Juan Muñoz Sánchez, Catedrático de Derecho penal,
    Universidad de Málaga
  • Carmen Salinero Alonso, Profesora Tirular de Derecho penal, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
  • Xabier Etxebarria Zarrabeitia, Doctor en Derecho Profesor de Derecho penal, Universidad de Comillas
  • María José Cruz Blanca, Profesora Titular de Derecho penal, Universidad de
    Jaén
  • Joan Baucells Lladós, Profesor Titiular de Derecho penal, Universitat Autònoma de Barcelona
  • Faustino Rodríguez García, Magistrado Juzgado Social 5 Barcelona
  • Demelsa Benito Sánchez, Profesora de Derecho penal, Universidad de Deusto
  • Marina Mínguez Rosique, Profesora Ayudante de Derecho Penal, Universidad Autónoma de Madrid
  • Margarita Roig Torres, Profesora titular de Derecho penal, Universitat de valència
  • Francisco Javier Álvarez García, Catedrático de Derecho penal, Universidad
    Carlos III
  • José L. González Cussac, Catedrático derecho penal, Universitat de valència
  • Ignacio González Vega, Magistrado. Juzgado de lo Penal nº 20 de Madrid
  • Juan José González Rus, Catedrático de Derecho penal, Universidad de Córdoba
  • Marcos Díaz Peteiro, Juez de Adscripción Territorial de los Juzgados de lo Penal en Santa cruz de Tenerife
  • Concepción Carmona Salgado, Catedrática de Derecho Penal, Universidad de Granada
  • Inmaculada Ramos Tapia, Profesora de Derecho penal, Universidad de Granada
  • Rafael Fluiters Casado,  Juez en el Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Madrid
  • José Ángel Brandariz García, Profesor titular de derecho penal, Universidad de A Coruña
  • Carmen Lamarca Pérez, Catedratica de Derecho Penal,
    Universidad Carlos III de Madrid
  • Hernán Hormazábal Malarée, Catedrático de Derecho Penal (jubilado), Presidente de la Asociación pro Derechos Humanos de España
  • Ramón Sáez Valcarcel, Magistrado Sala Penal Audiencia Nacional
  • María Calvo López, Magistrada Audiencia Provincial Barcelona
  • Norberto J. de la Mata Barranco, Catedrático de Derecho Penal,
    Universidad del País Vasco
  • Natalia Fernández Suárez, Magistrada Juzgado de Instrucción 2 de Mataró (Barcelona)
  • Fernando Molina Fernández, Catedrático de Derecho penal, Universidad Autónoma de Madrid.
  • Nieves Sanz Mulas, Profesora Titular de Derecho penal, Universidad de Salamanca
  • Guillem Soler Solé, Magistrado Juzgado de Primera Instancia 1 de Barcelona
  • Iñaki Rivera Beiras, Departament Dret Penal i Ciències Penals, Univeristat de Barcelona
  • Silvia Barona Vilar, Catedrática de Derecho Procesal, Universitat València
  • Mario Pestana Pérez, Magistrado Audiencia Provincial de Madrid
  • José Manuel Ortega Lorente, Magistrado Audiencia Provincial de Valencia, Sección 2ª.
  • Eduardo Demetrio Crespo, Catedrático de Derecho Penal Universidad de Castilla-La Mancha
  • Daniel Rodríguez Horcajo, Prof. Ayudante Doctor de Derecho penal, Universidad Autónoma de Madrid
  • María José Rodríguez Puerta, Profesora Titular de derecho penal, Universidad Autónoma de Barcelona
  • Josep Maria Garia-Borés Espí, Professor Titular d’Universitat, Universitat de Barcelona
  • Antonio Fernández Mata, Magistrado de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Tarragona
  • Ana Isabel Pérez Machío, Vicedecana I de Ordenación Académica y Profesorado, Instituto Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua
  • María Victoria Rosell Aguilar, Magistrada- jueza juzgado de instrucción nº 8 de Las Palmas de Gran Canaria.
  • José Manuel Balerdi Múgica, Magistrado Juzgado Penal 2 Huelva
  • Fernando de la Fuente Honrubia, Magistrado Juzgado de Instrucción nº 1 Guadalajara
  • Matide Aragó Gassiot, Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya
  • José Miguel García Moreno, Magistrado de la Audiencia Provincial de Segovia
  • Miguel Ángel Boldova Pasamar, Catedrático de Derecho Penal, Universidad de Zaragoza
  • Núria Cleries Nerin, Magistrada Sala Contenciosa-administrativa TSJ Catalunya
  • Adela Asua Batarrita, Catedrática de Derecho Penal, Universidad del Pais Vasco
  • José Manuel Paredes Castañón, Catedrático de Derecho Penal, Universidad de Oviedo
  • Caridad Hernández García, Magistrada, Audiencia Provincial de Madrid
  • Angels Vivas Larruy, Magistrada, Audiencia Provincial de Barcelona Seccion Sexta
  • Carlos López Keller, Magistrado jubilado
  • Jon-Mirena LANDA, Catedrático -acred­- Derecho Penal, UPV/EHU
  • Miguel Aramburu García-Pintos, Magistrado. Juzgado de lo Penal nº 2 de Pontevedra
  • Julián Carlos Ríos Martín, Profesor Agregado derecho penal, Unviersidad Comillas (ICADE) Madrid
  • Mar Serna Calvo, Magistrada Juzgado Social 23 Barcelona
  • Inma Valeije Alvarez, Profesora Titular de Derecho Penal, Universidad de Vigo
  • Beatriz López Pesquera, Fiscal de la Fiscalía de Área Mataró- Arenys de Mar (sede Mataró)
  • Mario Maraver Gómez, Profesor Contratado Doctor de Derecho Penal,
    Universidad Autónoma de Madrid
  • Arantza López Martín, Fiscal Destinada en Fiscalía Provincial de Vizcaya
  • Álvaro García Ortiz, Fiscal de Medioambiente de Galicia, Miembro UPF
  • Aida Lozano Pascual, Fiscal de la Fiscalía Provincial de Álava
  • Mª Esther González González, Audiencia Provincial de Zamora
  • Agustín Jorge Barreiro, Catedrático de Derecho penal, Universidad Autónoma de Madrid
  • Begoña López Anguita,  Magistrada Juzgado de Instrucción nº 3 de Alcalá de Henares.
  • Francisco García Romo, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Penal nº 2 de Pamplona
  • Carlos Mir Puig, Magistrado Secc. 8ª Aud. Prov. Barcelona
  • Dalila Dopazo Blanco, Magistrada Juzgado de lo Social núm. 3 de Lugo
  • Guillermo Portilla Contreras, Catedrático de Derecho Penal, Universidad de Jaén
  • Esther Hava, Catedrática de Derecho Penal, Vicedecana de Alumnos y Movilidad, Universidad de Cádiz
  • Mª José Berdugo García-maestro, Fiscal, Fiscalía Provincial de Bizkaia, Sección territorial de Barakaldo
  • Alberto Alonso Rimo, Profesor titular de Derecho penal, Universidad de Valencia
  • Juan Calparsoro Damián, Fiscal de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma del País Vasco
  • Marta Pantaleón Díaz, Contratada predoctoral (FPU) del Área de Derecho Penal,  Universidad Autónoma de Madrid.
  • Pau de Vílchez Moragues, Professor Ajudant de Dret Internacional Públic, Universitat de les Illes Balears
  • Javier G. Fernández Teruelo, Catedrático acreditado de Derecho penal y Director del Título de Experto en Compliance Penal Corporativo, Universidad de Oviedo
  • Joaquim Bosch Grau, Magistrado Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Moncada
  • Carlos Gómez Martínez, Magistrado, Audiencia Provincial de Baleares
  • María i Dolores Balibrea Pérez, Magistrada jubilada
  • Rosario Huesa Vinaixa, Catedrática de Derecho internacional público, Universitat de les Illes Balears
  • Montserrat Comas d’Argemir, Magistrada Audiencia Provincial de Barcelona (Sección Décima)
  • José Luis Díez Ripollés, Catedrático de derecho penal, Universidad de Málaga
  • Juan Luis Fuentes Osorio, Profesor titular, Universidad de Jaén
  • José Alberto Coloma Chicot, Magistrado-juez del Juzgado de lo Penal 20 de Barcelona
  • Joaquin Gimenez Garcia, Magistrado Emerito Sala II Tribunal Supremo
  • Manuel Olmedo Palacios, Magistrado, Tribunal Superior de Justicia de Madrid
  • Daniel Varona Gómez, Profesor Titular de Derecho Penal y Criminología, Universidad de Girona
  • Gregorio Álvarez Álvarez, Magistrado Juzgado Instrucción 4 Salamanca y profesor Asociado Derecho Penal Universidad de Salamanca
  • Leopoldo Puente Rodríguez, Contratado predoctoral FPU en el Área de Derecho penal de la Universidad Autónoma de Madrid
  • David Gallego Arribas,  Contratado Predoctoral (Becario FPU) en el Área de Derecho penal, Universidad Autónoma de Madrid
  • David Lorenzo Morillas Fernández , Profesor Titular de Derecho penal acreditado a Catedrático, Universidad de Murcia
  • Dulce M. Santana Vega: Profesora Titular de Universidad de Derecho penal, Universidade de Las Palmas de Gran Canaria
  • Esteban Pérez Alonso, Catedrático de Derecho Penal, Universidad de Granada
  • Nerea Cavero Sedano,Magistrada del Juzgado de lo Penal número 3 de Orihuela
  • María Angeles García García, Fiscal Emérito Tribunal Supremo
  • Luís Bardaji Gómez, Fiscal Emérito Tribunal Supremo
  • Juan Miguel Torres Andrés, Magistrado sala de lo Social del TSJ de Madrid
  • Beatriz Cruz Márquez, Profesora Titular de Derecho Penal, Universidad de Cádiz
  • Julio Díaz-Maroto y Villarejo, Catedrático (Acreditado) de Derecho Penal, Universidad Autónoma de Madrid
  • Guillermo Sacristán Represa. Magistrado Sección 1ª Audiencia Provincial de Asturias.
  • Luis Carlos Nieto García, Magistrado, Juzgado Menores de Ávila
  • Celeste Ameneiro Sanín, Magistrada-jueza. Juzgado de lo Social número Uno de Lugo
  • Silvina Bacigalupo, Catedrática de Derecho penal en la Universidad Autónoma de Madrid
  • Juan Mateo Ayala García, Magistrado en la Sección Segunda Audiencia Provincial de Vizcaya
  • Julio Martínez Zahonero, Juez en el Juzgado Mixto n-5 de Avilés
  • Blanca Rodríguez Velasco, Magistrada en el Juzgado de Primera Instancia nº 13 (Familia) de Valladolid
  • Antonio Seoane García, Magistrado Juez del Juzgado de lo Social núm. 34 de Madrid
  • Isabel Tobeña Santamaria, Magistrada del Juzgado de Instrucción número 13 de Málaga
  • Yolanda García Velayos. Ayudante de IIPP, Centro Penitenciario Albocasser, Castelló
  • Pedro Benito López Fernández, Magistrado Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Albacete
  • Luis Manglano Sada, Magistrado, Tribuanl Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana
  • Juan Antonio Lascuraín Sánchez, Catedrático de Derecho Penal, Universidad Autónoma de Madrid
  • Augusto Maeso Ventureira, Magistrado de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa
  • Luis Gracia Martín, Prof. Dr. Dr. H. C. Mult., Catedrático de Derecho penal, Universidad de Zaragoza
  • Jacobo Dopico Gómez-Aller, Profesor Titular de Derecho Penal (acred. al cuerpo de Catedráticos), Universidad Carlos III de Madrid
  • Carmen Guil, Magistrada, Seccion 21 audiencia Provincial de Barcelona
  • Cristina Rodríguez Yagüe, Profesora Contratada-Doctora (Acreditada Titular) de Derecho penal, Universidad de Castilla-La Mancha
  • Ignacio Muñagorri Laguia, Catedrático de Derecho penal (jubilado), UPV/EHU
  • Mariano MELENDO PARDOS, Profesor Titular de Derecho Penal, Universidad Nacional de Educación a Distancia
  • Asier Urruela Mora, Profesor titular de Derecho Penal Universidad de Zaragoza
  • Carmen Sánchez-Albornoz Bernabe. Magistrada juzgado violencia sobre la mujer 4 Barcelona
  • Paz M. De la Cuesta Aguado, Catedrática de Derecho penal, Universidad de Cantabria
  • Fernando Navarro Cardoso, Profesor Titiular de Derecho penal, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
  • Antonio Doval Pais, Catedrático de Derecho Penal, Universidad de Alicante
  • Virgilio Latorre, Profesor Asociado derecho penal, Universidad de valencia
  • David Colomer Bea, Investigador FPU en Derecho Penal, Universitat de València
  • Miguel Díaz y García Conlledo, Dr. Dres h.c., Catedrático de Derecho Penal Director del Departamento de Derecho Público, Universidad de León
  • Pascual Ortuño Muñoz, Magistrado, Audiencia Provincial de Barcelona
  • Javier Guardiola García, Profesor Titular, Universitat de València
  • Esteban Sola Reche, Catedrático de Derecho penal, Universidad de La Laguna
  • Antoni Gili Pascual, Profesor Titular de la Universidad de Les Illes Balears
  • Estrella Blanes Rodriguez, Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana  Sala de lo Contencioso
  • Ángeles Jareño, Catedrática de Derecho penal, Universitat de Vàlencia
  • Leticia Jericó Ojer, Profesora de Derecho Penal, Universidad Pública de Navarra
  • Natalia Fernández Suárez, Magistrada titular del Juzgado de Instrucción 2 de Mataró (Barcelona)
  • Asunción Colás Turégano, Profesora Titular de Derecho Penal, Universitat de València
  • Carlos Ocaña García, Fiscal de 3ª categoría con destino actual en la Sección territorial de Badalona (Fiscalía Provincial de Barcelona)
  • Virginia García Alarcón, Magistrada de la sala de lo social del tribunal superior de justicia de Madrid
  • Vicenta Cervelló Donderis, Catedrática de Derecho penal, Universidad de Valencia
  • Jaime Yanini Baeza, Magistrado Juzgado de lo Social Núm. 2 de Valencia
  • Alicia Gil Gil, Catedrática de derecho penal y Subdirectora del IUGM, UNED
  • Juan Manuel Lacruz López,  Profesor titular de Derecho Penal y Director del Departamento de Derecho Penal y Criminología Facultad de Derecho, UNED
  • Elena Maculán, Investigadora Posdoctoral Ramón y Cajal, UNED, Madrid
  • Laura Zuñiga Rodríguez, Profesora Titular de Universidad Catedrática acreditada, Universidad de Salamanca
  • Ascension Solé Puig, Magistrada Sala Social TSJ. de Catalunya
  • José Núñez Fernández, Secretario Docente del SIP y del Departamento de Derecho penal y Criminología, UNED
  • Ramon Ragués, Catedràtic de Dret Penal Director del Màster Universitari en Advocacia, Universitat Pompeu Fabra
  • Cristina Guisasola Lerma, Profesora Titular de Derecho Penal y Vicedecana del Grado en Criminología y Seguridad, Universitat Jaume I (Castellón)
  • Angela Casals Fernández, Profesora colaboradora de Derecho penal y Derecho penitenciario, Universidad CEU San Pablo de Madrid
  • Enrique Anarte B., Profesor titular de Derecho penal, Universidad de Huelva
  • Ramiro García  de  Dios  Ferreiro  Magistrado  Jubilado
  • Soledad Barber Burusco, Profesora Titular de Derecho penal, Universidad Pública de Navarra
  • María Encina Fernández Castro, Magistrada del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Mataró (Barcelona)
  • Marta Pizarro Mayo, Magistrada-Juez titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 4 de Sanlúcar La Mayor (Sevilla)
  • Cristina Bustamante Gil, Magistrada-Juez JAT del Tribunal Superior de Justicia de Madrid
  • Eider Barrenetxea Beaskoetxea, Profesora asociada de Derecho Penal y abogada, Universidad de Deusto
  • Diego Jose Gomez Iniesta, Decano y Profesor Titular de Derecho Penal, Universidad Castilla-La Mancha
  • Mª Concepción Molina Blázquez, Profesora Ordinaria de Derecho Penal, Universidad Pontificia Comillas (ICAI-ICADE)
  • Aurora Santos García de León, Magistrada Sección Primera de la Audiencia Provincial de Málaga
  • Xermán Varela Castejón, Magistrado Juzgado de Instrucción nº 2 de Pontevedra
  • Lorenzo Morillas Cueva, Catedrático de Derecho penal, Universidad de Granada