En los últimos días, los medios de comunicación se han hecho eco de la situación en la que se encuentran los menores no acompañados que son trasladados a la Fiscalía de Menores de Barcelona para su identificación, filiación y determinación de edad.
Dichos menores no están detenidos. La identificación y determinación de la edad son actuaciones previas a la adopción de las medidas de protección que como menores en situación de desamparo corresponde establecer a la Direcció General d’Atenció a la Infancia i a la Adolescència (DGAIA) en aplicación de lo dispuesto en el art. 3 de la Convención de Derechos de los Niños de las Naciones Unidas de 20 de Noviembre de 1989 y el propio art. 35 de la Ley Orgánica 4/2000 sobre Derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.
Sin embargo, la falta de medios y esencialmente de plazas en centros de protección ha generado la actual situación: Los menores pasaban muchas horas e incluso varios días en las salas de espera de la Fiscalía de Menores o bien en la zona habilitada para la custodia de menores detenidos, a la espera de ser ingresados en un centro de protección, sin las medidas de higiene y cuidados que serían exigibles y con plena lesión de su dignidad y de derechos básicos como la libertad ambulatoria.
Pese a los requerimientos efectuados desde el Síndic de Greuges, la Juez Decana de Barcelona y la propia Fiscalía de Menores desde principios del año 2016, la DGAIA no ha adoptado las medidas de protección necesarias para atender de forma integral e inmediata a dichos menores. Tras la prohibición de la Decana de los Juzgados de Barcelona en su acuerdo gubernativo 1413/2017 de la pernocta de menores en edificios judiciales, y tras la reunión convocada al efecto, la DGAIA decidió que dichos menores fueran trasladados al edificio contiguo del IMELEC. Ello no supone una solución al problema sino un mero traslado de ubicación de dichos menores que permanecen en situación de desprotección, privación de libertad e indignidad, situación que como sociedad no podemos tolerar.
Desde Juezas y Jueces por la Democracia instamos a la DGAIA a la adopción de medidas de protección, definitivas y adecuadas para la salvaguarda de los derechos fundamentales de los menores no acompañados.
16 de noviembre de 2017