Lamentamos que una decisión política del gobierno británico evite que el dictador Augusto Pinochet pueda ser juzgado por los graves delitos contra la humanidad que se le imputaban, sustrayendo de su conocimiento a los órganos jurisdiccionales, determinando la impunidad de tales delitos y ocasionando una grave desprotección de las víctimas.
Lamentamos igualmente la actuación del gobierno español, que si bien formalmente ha manifestado respetar la decisión de los tribunales y colaborar con los mismos, ha desarrollado una actividad obstruccionista tendente a evitar que el dictador fuera juzgado en España, no dando cumplimiento a las peticiones formuladas por el juzgado de la Audiencia Nacional y sirviéndose de la Fiscalía General del Estado y de la Fiscalía de la Audiencia Nacional para poner todo tipo de trabas en el proceso.
Resulta imprescindible que en los procesos de extradición se elimine la posibilidad de que por parte de los gobiernos implicados se tenga la posibilidad de paralizar o denegar la extradición por razones políticas y que el proceso esté sujeto únicamente al control jurisdiccional.
Es importante destacar que pese a lo frustrante que resulta que finalmente el dictador no pueda ser juzgado por los graves delitos que se le imputan, en base a argumentos políticos ajenos al ámbito judicial, el proceso ha servido para desarrollar de forma muy importante la jurisprudencia y doctrina sobre la aplicación del Derecho Internacional humanitario, para aumentar en la Comunidad Internacional la conciencia de que la impunidad de los delitos contra la humanidad resulta inadmisible desde el punto de vista moral y jurídico y transmitir a todos los responsables de tales crímenes que no tienen asegurada la impunidad.
Por último debemos solicitar al gobierno que ratifique el Estatuto del Tribunal Penal Internacional firmado en Roma en julio de 1998 a fin de contribuir a este tipo de delitos no queden impunes.
JUECES PARA LA DEMOCRACIA Y UNION PROGRESISTA DE FISCALES