COMISION DE PRIVADO 

 

  • Desde JpD se percibe, con verdadera alarma, como el actual gobierno gestiona los intereses comunes con olvido total de los pilares básicos de la Democracia. El poder ejecutivo se ha convertido en legislador, pues en menos de cinco meses ya ha promulgado 18 Decretos-Leyes, obviando el debate parlamentario, y se permite el lujo de establecer la ingerencia en la función jurisdiccional indicando que una norma no pueda ser interpretada (vide art. 5.7 del Real Decreto Ley 6/2012) lo que constituye un verdadero ataque a la independencia judicial.
  • El adelgazamiento forzoso de la Justicia, derivado de la falta de dotación de plazas de jueces, la reducción de los presupuestos en materia de formación, la falta de inversiones para adecuar la administración de justicia, de una vez por todas, a los tiempos actuales con criterios de eficacia y eficiencia sin que sea a costa de los derechos de los ciudadanos, las tasas desproporcionadas para acceder a la tutela judicial de los derechos, está llevando a la muerte por inanición del Estado de Derecho.
  • En JpD sentimos una honda preocupación por la falta de sensibilidad hacia los ciudadanos, que están soportando las consecuencias directas del desastre económico-financiero. Denunciamos que sólo las normas dirigidas a la regulación del sector financiero contemplan la situación previa a la que pretenden aplicar paliativos, mientras que para los ciudadanos se rehúye de proponer soluciones para las situaciones actuales. Resulta bochornoso que la crisis financiera sirva de justificación para todo tipo de tropelías contra el Estado Social.
  • En JpD estamos convencidos que es debido y es posible, en estos momentos, mantener el Estado Social y Democrático de Derecho, tal como lo define la Constitución Española y por ello
  1. Exigimos al Gobierno que se abstenga de limitar la interpretación de las normas por los Jueces.
  2. Reclamamos la convocatoria anual de pruebas selectivas para acceder a la función jurisdiccional.
  3. Demandamos que los precios públicos en ningún caso sirvan para impedir el acceso a la tutela judicial.
  4. Instamos al poder legislativo a que, con urgencia, regule el sobreendeudamiento familiar de forma que las personas, en otro tiempo asalariados o empresarios, no se ven abocadas a la exclusión social.
  5. Apremiamos a que se desarrolle la mediación institucional en el ámbito del consumo.
  6. Pedimos al resto de los poderes públicos que se pongan límites legales a los excesos en la contratación de las entidades del sector financiero con los ciudadanos, quienes no se hayan en igualdad de condiciones a la hora de contratar.
  7. Alertamos de que las medidas liberalizadoras anunciadas en materia de alquiler empujan hacia la trashumancia y con ello a la falta de arraigo social, por falta de estabilidad para fijar la sede personal y familiar.
  8. Advertimos el enorme desánimo social y la frustración entre los jueces por verse cada día más imposibilitados, por falta de herramientas legales e instrumentales, para dar respuestas adecuadas y justas.
  9. Denunciamos la falta de ética y transparencia en instituciones públicas y privadas y la falta de control efectivo del gasto público en determinados órganos del Estado y de la Administración Pública en general.
  10. El poder judicial radica en los Jueces cuando juzgamos y no en la Institución de gobierno de los Jueces. Y aquel poder se resiente notablemente por la reducción de las dotaciones económicas para el desarrollo efectivo de la tutela de los derechos de los ciudadanos, que se dilapidan en otros ámbitos.

Desde JpD apelamos a la valentía y no al miedo como motor en la búsqueda de soluciones en tiempos difíciles.

Ante un cambio radical de circunstancias en la economía, en las reglas del mercado, las iniciativas legislativas, las reformas legales no pueden menoscabar los valores básicos de libertad, justicia, igualdad y pluralismo. Como jueces estaremos alerta de que se respeten en todo momento los principios constitucionales de todos los ciudadanos. Como Asociación de Jueces reivindicaremos el espacio de Justicia que la Sociedad Española merece.

 

Junio 2012, Valencia