El Gobierno ha elaborado un Anteproyecto de Ley que supondrá la suspensión de la vigencia del art. 112 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en el que se regula el procedimiento para el nombramiento del Consejo General, hasta que se apruebe una reforma ya prevista de esta Ley Orgánica que determinará un control del Poder Judicial por el Poder Ejecutivo.
Además de un ataque a los pilares básicos de un sistema democrático, esta suspensión supone una modificación de hecho de los requisitos establecidos para llevar acabo la modificación de una Ley Orgánica y de los contemplados en la legislación para su vigencia, con la finalidad de conseguir que los intereses del actual Gobierno se materialicen por encima de la legalidad.
Pedimos al Consejo General del Poder Judicial que, a la vista de esta injerencia y de la que supone la pretensión de reglamentar el estatuto profesional de los/as componentes de la Carrera Judicial, active los mecanismos de que aun dispone para que no se materialice la citada pretensión del Poder Ejecutivo y estudie la posibilidad de plantear un conflicto al Tribunal Constitucional en defensa de nuestra independencia (art. 73 L.O.T.C.).