Documento presentado por la Comisión de Privado

La actual situación de crisis financiera internacional que está golpeando con especial dureza a nuestro país ha puesto de manifiesto las lagunas de nuestro ordenamiento para dotar de protección a los particulares de buena fe que ante circunstancias sobrevenidas no pueden hacer frente al pago de sus deudas, así como la falta de respuesta política para cubrir tales lagunas.

Los procesos civiles están siendo reflejo de la fractura social y aumento de las desigualdades que sufre nuestra sociedad.

Ante esta situación la COMISIÓN DE DERECHO PRIVADO DE JUECES PARA LA DEMOCRACIA quiere declarar lo siguiente:

Se ha desaprovechado la oportunidad de elaborar una legislación de consenso que de una respuesta adecuada y justa a la demanda que la sociedad española ha expresado a través de la Iniciativa Legislativa Popular de Proposición de ley de regulación de la dación en pago, de paralización de los desahucios y de alquiler social.
La ley 1/13 de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social contiene preceptos que siguen sin ajustarse a la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por ejemplo en materia de cláusulas de vencimiento anticipado o respecto al carácter no vinculante, sin posibilidad de moderación, de los intereses moratorios que sean abusivos y no afronta con rigor y valentía el drama de muchas familias españolas que se han visto y se verán privadas de un bien tan esencial como su vivienda y deberán seguir pagando su deuda.
No se ha abordado aún una reforma del proceso monitorio, pese a haber sido declarado contrario a la protección que el derecho comunitario dispensa a los consumidores por la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de junio de 2.012.
Sigue sin elaborarse una ley de sobreendeudamiento que proporcione protección a los deudores de buena fe que se ven condenados de por vida al pago de una deuda que sigue creciendo a lo largo del tiempo y que les imposibilita su recuperación económica.
No existe voluntad política de dispensar protección a pequeños ahorradores ante prácticas absolutamente condenables de entidades financieras que incumpliendo reglas básicas de información y lealtad contractual les han ofertado productos financieros de riesgo que han provocado la pérdida de todos o una parte considerable de sus ahorros(participaciones preferentes, obligaciones subordinadas….).
El arbitraje fomentado por el Gobierno para solucionar el problema de las preferentes sigue favoreciendo exclusivamente al sistema financiero conculcando los derechos de los ciudadanos.
En aras a una pretendida agilidad de la administración de Justicia se ha rebajado la protección jurisdiccional a los ciudadanos que se ven obligados a desistir en la defensa o protección de sus intereses bien por la imposibilidad de afrontar el pago de las tasas judiciales, bien porque se les ha cercenado la posibilidad de recurso en procesos declarativos de cuantía inferior a 3.000 euros.
En definitiva el Gobierno, valiéndose de su mayoría parlamentaria, ha convertido en norma la utilización del Decreto Ley para legislar, prescindiendo de todo debate dentro y fuera del Parlamento, imponiendo normas que entran en vigor el mismo día de su publicación, incluso con preceptos aplicables retroactivamente, todo ello para servir al sector bancario-financiero, socialmente muy cuestionado, pero legislativamente muy favorecido.

En Pamplona, a 24 de mayo de dos mil trece.