Transcurridos 6 meses desde la entrada en vigor del nuevo art 324 de la LECrim es momento de hacer balance de las consecuencias que ha tenido o puede tener para la administración de justicia. Las deficiencias de su redacción, la falta de encaje sistemático en nuestro sistema procesal y la ausencia de un criterio único en su interpretación han llevado al limite a los juzgados de instrucción y a las fiscalías. Si se pretendía una agilización de la justicia este no es el camino. En los próximos meses veremos como el riesgo generado por la entrada en vigor de la ley no se compensa con el escaso bagaje obtenido, que básicamente va a consistir en el archivo de causas que estaban ya sin actividad en los juzgados. Sin embargo, es posible que aumente la perdida de calidad del sistema, las dificultades de la investigación y el número de recursos en instrucción y, por tanto , el tiempo de tramitación de los procesos.
Desde todas las asociaciones firmantes, con responsabilidad, lamentamos ante la ciudadanía la imagen que por esta situación se pueda estar proyectando de la justicia, en la que las/os Letradas/os de la Administración de Justicia, las/os Fiscales, las/os Jueces y Magistradas/os y el resto de los funcionarios que integran la misma, son la garantía profesional de que trabajando en común y evitando estériles enfrentamientos a los que indirectamente nos ha conducido esta reforma, velaremos en conciencia por los intereses de todos. Incluso en la aplicación de reformas como la que evaluamos en este escrito, al tiempo que pedimos su derogación cuando se constituya el nuevo gobierno y las Cortes Generales.
JUECES PARA LA DEMOCRACIA, UNIÓN PROGRESISTA DE FISCALES y SINDICATO DE LETRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.