En el mes de septiembre del pasado año, el Congreso Nacional eligió a los miembros del Consejo de la Judicatura, órgano recientemente creado para salvaguardar la independencia del Poder Judicial hondureño, pues hasta entonces el control de la mayoría de las cuestiones relativas al estatuto de las juezas y jueces había correspondido a la Corte Suprema, con nefastas consecuencias. Entre ellas, la confusión de los espacios de fiscalización jurisdiccional y los gubernativos.
Pese a que la composición del nuevo órgano debía ser reflejo de la pluralidad del cuerpo social, los miembros de la Asociación Jueces para la Democracia (AjD) fueron excluidos de sus vocalías, lo que determinó la interposición de las correspondientes acciones frente a tal exclusión ilegal y contraria a la ley. Con todo, cabía albergar esperanzas de que la transformación de modelo viniera acompañada de un cambio cultural que promoviera la independencia judicial en sentido fuerte, tan necesaria en una zona convulsa de débil institucionalidad y fuerte sujeción a los poderes del mercado.
Dichas expectativas se han visto, por ahora, defraudadas: el Consejo de la Judicatura ha emprendido lo que ha dado en denominar un proceso de “depuración judicial”, que ha implicado la destitución o suspensión, indefinida y sin disfrute de retribuciones, de más de una veintena de juezas y jueces. Y ello, pese a que el artículo 64 de la Ley del Consejo no establece catálogo alguno de infracciones y sanciones, sino que remite a lo que disponga un reglamento, que aún no se ha aprobado. De modo que, bajo la insuficiente cobertura de una circular aprobada por la propia institución, se está poniendo en tela de juicio el principio de inamovilidad que consagra el artículo 317 de la Constitución de la República, que recuerda que “los jueces y magistrados no podrán ser separados, ni suspendidos, sino por las causas y garantías establecidas en la ley”.
Desde Jueces para la Democracia, queremos mostrar nuestra solidaridad con las compañeras y compañeros hondureños, llamar la atención de la opinión pública por el carácter alegal, arbitrario, masivo y sumario de los procedimientos incoados, por el clima intimidatorio que se está generando en el colectivo judicial, y por el temor de que pueda recurrirse a la vía disciplinaria para apartar de la judicatura a las juezas y jueces que han venido sosteniendo posiciones críticas con el gobierno del Poder Judicial e interpretaciones garantistas del ordenamiento jurídico.
Constituye una paradoja institucional que la principal amenaza para la independencia judicial pueda provenir del órgano encargado de protegerla. Confiamos, no obstante, en que la situación pueda reconducirse. Y, en este sentido, apelamos al sentido de la responsabilidad de los miembros del Consejo de la Judicatura, inherente a la trascendental función que tienen encomendada.
El Secretariado de Jueces para la Democracia,
Madrid, a 30 de enero de 2014