La investigación penal que realiza el magistrado José Castro y que afecta a personas cercanas a la Casa Real ha estado acompañada de numerosas circunstancias que son especialmente negativas para la actuación de una justicia independiente. El juez instructor ha sufrido presiones de todo tipo, seguimientos personales y también el desprestigio continuado de diversos medios de comunicación. A pesar de ello, Castro ha llevado a cabo un esfuerzo profesional considerable para impulsar una causa muy compleja, en la que se investigan supuestos delitos de blanqueo de capitales, delito fiscal, tráfico de influencias y delitos societarios.

En el citado contexto, la Fiscalía ha emitido un escrito en el que asegura, entre otras afirmaciones, que Castro se apoya en una teoría conspiratoria absurda y denigrante para avalar la imputación de la Infanta Cristina. Sin embargo, la Fiscalía no ha presentado recurso contra el auto de imputación, a pesar de que reiteradamente se ha mostrado en contra de la misma.

Desde Jueces para la Democracia consideramos que dichos ataques al magistrado instructor se apartan del legítimo debate jurídico y objetivamente contribuyen a incrementar las presiones sobre el juez instructor, al cuestionarse su actuación independiente sin fundamento alguno. Si la Fiscalía está en desacuerdo con el auto de imputación de la Infanta Cristina, lo que debe hacer es presentar el correspondiente recurso. Todas las resoluciones judiciales pueden ser objeto de crítica, pero lo que no resulta admisible son las descalificaciones e insinuaciones veladas hacia el juez que las dicta. Presiones de este tipo no despiertan, por otra parte, la confianza de la ciudadanía en el recto y autónomo funcionamiento de la institución fiscal, pudiendo ver con justificado recelo el hecho de que se atribuya al Ministerio Público la dirección de la fase de investigación en el modelo que diseña el proyecto de Código Procesal Penal, aún en tramitación.

Además, este tipo de observaciones de la Fiscalía contribuyen de forma injustificada a erosionar la confianza de la ciudadanía en nuestro sistema judicial. Estas actitudes son necesariamente reprochables con independencia de su origen. Pero el reproche debe ser mayor si proceden de un órgano público que debe actuar con respeto institucional hacia la actuación independiente de un juez instructor. Por ello, desde Jueces para la Democracia reclamamos al Consejo General del Poder Judicial y al Fiscal General del Estado que adopten todas las medidas necesarias para que no siga produciéndose ninguna forma de presión hacia José Castro, a quien apoyamos en el ejercicio de su independencia judicial.

17 de enero de 2014

SECRETARIADO DE JUECES PARA LA DEMOCRACIA