JUECES PARA LA DEMOCRACIA, con motivo de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial en tramitación, quiere poner de manifiesto su expreso apoyo y reconocimiento al colectivo de Jueces sustitutos y Magistrados suplentes que durante muchísimos años viene realizando una labor fundamental para mantener la calidad de la justicia como servicio público. Ello ha posibilitado la sustitución de los miembros de la carrera judicial y el refuerzo de los órganos judiciales. Esto se ha debido en gran parte a la falta de voluntad política de aumentar la ratio de jueces del sistema judicial español.
Dicho colectivo ha trabajado y trabaja en muchas ocasiones en condiciones laborales precarias, lo que no ha evitado que con su esfuerzo hayan ayudado a que el sistema judicial se haya sostenido.
Con la reforma proyectada, una cantidad cercana a 1.200 Jueces sustitutos y Magistrados suplentes dejarán de ejercer funciones jurisdiccionales. Ello obligará a todos aquellos que permanezcan como nombrados, pero sin llamamiento, a ingresar en las listas del desempleo y a solicitar las prestaciones que les correspondan. Y eso supondrá paradójicamente que el pretendido ahorro que con su supresión se pretende sea ínfimo por esos costes añadidos, y sin embargo, se haga a costa de sacrificar la eficacia del sistema judicial en detrimento de los derechos de la ciudadanía.
Muchos Jueces sustitutos y Magistrados suplentes llevan años ejerciendo funciones jurisdiccionales, sometidos anualmente a concursos de méritos para ser nombrados, y a una exigencia notable en su trabajo diario para garantizar sus futuros llamamientos como prueba de su idoneidad para ejercer las funciones que se les encomiendan. Lejos de reconducir ese capital humano y profesional y los conocimientos y experiencia que han adquirido durante años para su servicio a la Administración de Justicia (con el evidente ahorro de costes y en ejercicio de máximas de eficiencia económica en la actual coyuntura), se opta por prescindir de la mayoría del colectivo. Además, se pretende que dicho trabajo sea asumido por los jueces titulares, lo cual resultará manifiestamente imposible.
Por ello, esperamos que el Ministerio de Justicia se una al reconocimiento de quienes hasta ahora han formado parte del sistema judicial. Y deseamos que se promuevan vías para que los que continúen ejerciendo funciones jurisdiccionales lo hagan con plenos derechos laborales y con acceso a formación, al objeto de que puedan prestar con las debidas garantías el servicio público que se les encomienda. Por otro lado, consideramos que sería oportuno que se estudien alternativas para su integración conforme a los principios de méritos acumulados y capacidad en las distintas escalas y cuerpos de la Administración de Justicia, en aprovechamiento de su trayectoria y cualificación.