¿De qué se quejan los jueces?. Carlos Preciado Doménech

El presente trabajo aborda la explicación de las reformas legislativas que proyecta el Ministerio de Justicia para 2013 y el profundo malestar que han causado en jueces, fiscales y secretarios. Para ello, se analiza la endémica situación de colapso de los Órganos judiciales españoles, sus orígenes y sus responsables, con las implicaciones que todo ello tiene en el servicio público y la tutela de derechos de los ciudadanos en un contexto de crisis de la democracia y la separación de poderes que reclama jueces sumisos.

Demolición del derecho del trabajo. La reforma laboral de 2012. Joaquín Aparicio Tovar

La reforma laboral de 2012 ha supuesto una ruptura completa con las anteriores. Ha abandonado por completo la aspiración a conseguir un equilibrio, aún relativo, en la posición de las partes de la relación laboral. En este trabajo se ponen dos ejemplos, la intervención sobre el despido y sobre el convenio colectivo. Se ha erosionado de forma grave la causalidad del despido por necesidades de funcionamiento de la empresa y se ha reducido sin justificación la indemnización del despido disciplinario improcedente. De lo que se trata, no es crear empleo, sino imponer un nuevo modo de estar en sociedad que se aleja del europeo posterior a la segunda guerra mundial para acercarse a los asiáticos o norteamericano.

El estado español y las víctimas el franquismo frente al derecho internacional. Carlos Castresana Fernández

El derecho de acceso a la justicia para las víctimas de violaciones de los derechos humanos requiere, como condición para que aquellas obtengan la protección efectiva de los tribunales, que el Estado adopte medidas legislativas y de gobierno que les garanticen sus derechos a la verdad, reparación y no repetición. Los poderes públicos españoles no cumplieron durante la transición democrática los deberes de garantía que les impone el derecho internacional, y como consecuencia, las víctimas de la dictadura ven ahora indebidamente rechazadas sus pretensiones por los tribunales de justicia.

Memoria e historia de la justicia: El fiscal republicano Galbe y los funcionarios depurados del franquismo. Ramón Sáez

A propósito de la lectura de las memorias del €fiscal republicano Galbe Los huertos y de un estudio sobre la depuración de los jueces que se llevó a cabo en el primer franquismo, en el contexto de la justicia de la época, se intentan reconstruir modelos de juez sobre la independencia externa e interna, la relación entre derecho y política, la vinculación a la ley y la libertad de interpretación, o el contacto con la realidad social.

Para una crítica de la laicidad positiva. Alfonso Ruiz Miguel

El artículo de€ende una interpretación de la libertad religiosa que compromete al Estado a una estricta neutralidad en esa materia. Tras repasar los principales contenidos de la Constitución española y de la normativa inferior, el texto dedica un cierto espacio a la no siempre coherente ni aceptable jurisprudencia constitucional sobre ella. La defensa de la laicidad neutral (frente a los extremos distintos de la laicidad radical y la laicidad positiva) se desarrolla sobre todo mediante una detallada crítica de la idea de laicidad positiva, en la que ha recalado el Tribunal Constitucional español, a la que el autor considera una forma de€ciente de laicidad porque en realidad desmiente el obligado compromiso de neutralidad del Estado.

Licitud de la autoorganización del consumo de drogas. José Luis Díez Ripollés y Juan Muñoz Sánchez

El presente estudio propone un tratamiento dentro de la legalidad vigente de las asociaciones de autoconsumo de drogas. A tales efectos se procede a un análisis detenido de la regulación penal y administrativa sobre drogas, y de su interpretación doctrinal y jurisprudencial. Se presta especial atención a la consolidada interpretación jurisprudencial que ha fundamentado la atipicidad del denominado consumo compartido. Se llega a la conclusión de que bajo determinadas condiciones la autoorganización del consumo de drogas no realiza el tipo de los delitos de los arts. 368 y ss. ni infringe la legislación administrativa.

Jueces y secretarios, la ley de más fuerte. Fernando Zubiri de Salinas

La justicia en España es administrada por jueces, con la asistencia de secretarios judiciales. El papel de éstos en el proceso ha venido aumentando, al pasar a ser director de la oficina y asumir funciones propias en la ordenación del proceso. El secretario integra un cuerpo de funcionarios públicos, bajo la dependencia del Ministerio de Justicia. Sin embargo, esta dependencia puede dificultar las relaciones con los jueces y su actuación en el proceso puede interferir en la administración de justicia y en la política judicial.

Normas y formas de gobierno judicial. Miguel Ángel Presno Linera

Este texto analiza el proceso de colonización partidista del Consejo General del Poder Judicial y propone cambios en las normas de elección de sus miembros con el fin de garantizar su idoneidad y la transparencia en el ejercicio de sus funciones.

En Costa Rica: Suma injuria. Perfecto Andrés Ibáñez

El prestigioso magistrado Fernando Cruz, de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica ha sido destituido, por el procedimiento de no renovación, por la mayoría (gubernamental) de la Asamblea Parlamentaria, en un uso inédito de ese procedimiento. Es el “premio” a una ejecutoria impecable, sorda a las sugestiones de la razón de estado, según se ha entendido bien en el país, que ha registrado un imponente movimiento de rechazo.

¿Habichuela mágica o instrumento vivo? ¿Hasta dónde puede crecer el Convenio Europeo de Derechos Humanos?. Brenda Hale

El alcance expansivo del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) se ha puesto de relieve por la polémica causada en el Reino Unido por la reciente sentencia del Tribunal de Estrasburgo sobre el derecho de sufragio de los reclusos. Este artículo contiene algunas reflexiones respecto del papel del CEDH como piedra angular imprescindible para la protección de los individuos frente a los abusos estatales y el gobierno de la mayoría, y sobre si la legislación en materia de derechos humanos crea más problemas de los que resuelve. También analiza si el CEDH puede continuar en su actual formulación y cómo puede ser desarrollado su contenido en el marco del debate sobre la supremacía parlamentaria y el imperio del derecho.

Contariedades actuales del derecho Penal Internacional. Daniel R. Pastor

La perversa impunidad de crímenes estatales gravísimos llevó a la comunidad internacional a establecer jurisdicciones penales internacionales. Este ideal indiscutido de justicia contrasta con la cancelación de algunas garantías de los acusados en las prácticas de tales jurisdicciones. A lo que se une las dificultades adicionales del enjuiciamiento a distancia de hechos masivos de macrocriminalidad. Otro déficit del derecho penal internacional, que al final produce una justicia más material que jurídica en sentido moderno.

Libertad a prueba vigilada en el sistema federal de los Estados Unidos de Norteamérica. José Miguel García Moreno

En 1984, y como parte de la Ley de Reforma de Determinación de Penas que estableció el sistema de directrices en materia de determinación de pena, el Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica eliminó en lo sucesivo la libertad bajo palabra, instaurando la libertad vigilada como única medida de seguridad posterior a la excarcelación de los penados, que es supervisada por los tribunales federales con el apoyo de los agentes federales de libertad a prueba. Este trabajo analiza el marco jurídico y las principales cuestiones que plantean la libertad a prueba y la libertad vigilada en el ordenamiento federal de los Estados Unidos, exponiendo el papel del Servicio Federal de Libertad a Prueba en la ejecución de estas dos modalidades de control no privativo de libertad de los penados.

Apuntes

  • El sistema de derechos de la Constitución española de 1978: D. E. P
  • El hurto famélico podría dejar de ser una hipótesis «de libro»
  • «Cultura» de la «legalidad»
  • Depredadores compulsivos
  • Lo que de verdad significa el desahucio (del previamente desahuciado de una condición humana digna)
  • Pues sí, en efecto: hay derecho
  • Condescendencia con la tortura/escarnio de la jurisdicción