Hemos tenido acceso al último, exhaustivo y riguroso, Informe de Cáritas sobre la situación de los extranjeros en España, donde, además, se denuncia el aumento de controles y de requerimientos de información por parte de la Policía en los centros de asistencia. El informe sirve, en todo caso, para poner de relieve lo que debe resultar evidente para todos: la grave situación de vulnerabilidad en la que se encuentran cientos de miles de personas que no solo se han visto privadas de sus trabajos y fuentes de ingresos a consecuencia de la crisis sino que, además, en muchos casos, precisamente por su condición de extranjeras, carecen de redes familiares y personales que les permitan acceder a niveles mínimos de subsistencia digna.
Cáritas, al igual que otras muchas organizaciones no gubernamentales, ha desarrollado y desarrolla una actividad asistencial de integración multisectorial y de soporte a los colectivos más vulnerables de enorme importancia social.
Por ello, como Asociación judicial, queremos poner de relieve nuestro más firme rechazo a políticas públicas que, bajo la excusa de objetivos securitarios genéricos y de control de flujos de inmigración ilegal, puedan afectar de forma directa a la labor desarrollada por dichas organizaciones. Las consecuencias pueden resultar desoladoras en cuanto supongan cortocircuitar vínculos de asistencia y de integración indispensables, expulsando a muchas personas a la más extrema marginalidad y a la pérdida de toda posibilidad de vida digna.
Son momentos muy difíciles pero también, por ello, para hacer efectivos los valores de la solidaridad y de la justicia, para promover el bien, como reclama nuestro preámbulo constitucional, precisamente con los más débiles y vulnerables. La Regulación de Extranjería y su ejecución no puede convertirse, como dijo Monseñor Romero refiriéndose a las leyes, en una serpiente que solo pica a los que van descalzos.
Reiteramos nuestro apoyo a la labor solidaria de todas las organizaciones que desde la acción están respondiendo a las crecientes necesidades de los extranjeros más vulnerables y exigimos del Gobierno que, al menos, no la ponga en riesgo mediante actuaciones que pueden socavar los fundamentos axiológicos de nuestro Estado Constitucional.
El Secretariado,
Madrid, 23 de marzo de 2011