La pretensión del Ayuntamiento de Vic de negarse a empadronar a los inmigrantes en situación de irregularidad administrativa constituye una medida ilegal e injusta, impropia de una democracia avanzada. Así, la medida limitaría el acceso de los inmigrantes a servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación o la atención social, impidiendo su integración, a la vez que dificultaría su posible regularización dada la trascendencia que el empadronamiento tiene en orden a acreditar arraigo y ponderar la suspensión cautelar de las órdenes de expulsión.