Ante las manifestaciones de la Consejera de Justicia de la Junta de Andalucía, doña Evangelina Naranjo, publicadas en el Diario El País el día 11 de enero de 2009,  Pablo Surroca Casas miembro del Secretariado de Jueces para la Democracia encargado de Andalucía quiere manifestar lo siguiente:

1.- El concepto que tiene la Sra. Consejera de lo que debe ser considerado una intromisión en el Poder Judicial es demasiado estricto. Así, parece olvidar que cualquier sanción a un juez que pueda implicar su suspensión, traslado forzoso o separación definitiva afecta a la inamovilidad judicial, lo que constituye una de las garantías de la independencia del Poder Judicial. Por lo tanto, cualesquiera manifestaciones de altos responsables políticos pidiendo una sanción que afecta a la inamovilidad de un juez, constituyen una intromisión no sólo en el ámbito competencial del CGPJ sino también en la independencia del Poder Judicial.

2.- También es llamativo que a la Sra. Consejera no le preocupe lo más mínimo la pretensión de algunos Jueces Decanos de señalar la mitad de juicios para 2009 con el absurdo argumento de que no es competencia suya. Tampoco es competencia de los jueces las infraestructuras judiciales o la cobertura de las bajas de los funcionarios y, sin embargo, sí nos preocupa la labor de la Consejería en estos apartados pues a todos nos concierne. A fin de cuentas, lo que sí debería preocuparle es qué conjunto de causas y circunstancias han llevado a algunos Decanos a hacer esas manifestaciones, pues igual descubre que parte del malestar judicial en Andalucía tiene que ver con la gestión de la Consejería que actualmente preside.

3.-  Respecto al control horario de los jueces, la Sra. Consejera parece equipararlo al de los funcionarios, cuando sus labores y responsabilidades son bien distintas. Así, por esta razón, cualquier mecanismo de control del trabajo (en forma de control horario) ha de ser necesariamente diferente, pues diferentes son las tareas, por lo que la equiparación que se desprende de las palabras de la Sra. Consejera es una falacia.

4.- De nuevo incurre la Sra. Consejera en una equiparación engañosa e interesada cuando compara una huelga de jueces con una de parlamentarios o de Consejeros. ¿Acaso los jueces decidimos sobre aspectos esenciales de nuestro trabajo como qué retribución percibimos por ello, en qué condiciones lo hacemos o cuántos funcionarios debe haber en el juzgado? ¿Acaso podemos crear nuevos juzgados y dotarlos de medios personales y materiales o decidir cuánto hay que gastar anualmente en justicia? ¿Tenemos potestad legislativa o reglamentaria para cambiar el ordenamiento jurídico, sus procedimientos o sus normas? Ya está bien de tantas falsedades y medias verdades. El juez, cuando dicta una resolución aplicando el ordenamiento jurídico actúa como un poder del Estado, pero no más allá. En lo demás, es un funcionario vinculado a las Administraciones públicas de quienes dependen gran parte de las condiciones en las que desarrolla su labor, lo cual no sucede con el poder legislativo o el ejecutivo.