– Introducción.
Jueces para la Democracia es consciente de que vivimos tiempos convulsos y difíciles, pero a la vez estamos esperanzados ante la perspectiva de que la movilización de la carrera judicial y lo que esto tiene de positivo pueda coadyuvar a una efectiva y profunda transformación de la Administración de justicia, configurándola como lo que debe ser: un auténtico servicio público de calidad, ágil y cercano al ciudadano, garante de los derechos fundamentales.
– Sobre la unidad judicial.
Los jueces debemos estar unidos, asociados o no pues, sin perjuicio de la natural diversidad ideológica, hay muchas más cuestiones que nos unen que las que nos separan. En el camino de dicha unidad de actuación y fruto, no debemos olvidarlo, del esfuerzo asociativo, constituyó un hito fundamental la constitución de la Comisión Interasociativa Permanente (CIP), justamente creada para tratar esos asuntos que consideramos debían quedar fuera de la legítima y enriquecedora pugna asociativa, como la mejora de las condiciones económicas y sociales de los jueces. Conseguimos algunos logros, como la inclusión de los complementos en las pagas extras, pero somos conscientes de que debemos trabajar más y mejor en este camino. Un asociacionismo monocolor, granítico, en nada favorece a una carrera judicial que, como la sociedad, es plural. La fuerza negociadora también se consigue con un asociacionismo fuerte, pero diverso, donde cada vez haya más compañeros que, con independencia de su quehacer diario, quieran buscar un punto de encuentro donde exponer sus problemas, sentirse arropados y luchar por sus ideas de lo que debe ser el servicio público de la justicia. Esto no empece en absoluto a que debamos hacer un frente común en todas aquellas cuestiones que nos conciernen y nos unen.
– Sobre la movilización de la carrera judicial, el perjuicio a los ciudadanos y las propuestas concretas.
La movilización de la carrera judicial, sobre todo de los jueces de base, ha puesto encima de la mesa los problemas que aquejan a la justicia española. La opinión pública se está sensibilizando con el problema y más ahora que la crisis económica va a judicializar una gran parte de sus efectos. Sin embargo, después de años de abandono de la política judicial, de desidia de los responsables políticos de acometer las reformas precisas y, por qué no decirlo, de adocenamiento de quienes trabajamos en ella y conocemos los problemas desde hace lustros, no podemos ahora romper la baraja proponiendo concretas medidas de fuerza si no se resuelven los problemas aquí y ahora. En primer lugar, porque la situación de crisis económica, bastante más grave de lo que se informa, y así lo sabemos los que trabajamos en los juzgados, impone prudencia, aunar esfuerzos y aparcar disputas para superar el bache. No es el momento de plantear un conflicto institucional o de poderes que la opinión pública no entendería. En segundo lugar, porque se han dado pasos por los responsables políticos para cambiar la situación (reuniones, reformas legales en curso, plan de modernización, medidas de choque en los Juzgados de lo Mercantil de Cataluña y Canarias). No son suficientes, pero son un comienzo, visto sobre todo que, tradicionalmente, se ha dado la callada por respuesta ante las reivindicaciones del colectivo judicial. Algo se mueve, pues, en el plano político e institucional, y la respuesta no puede ser una radicalización de nuestra postura pues correríamos en riesgo de ver deslegitimadas nuestras justas demandas de cara a la ciudadanía.
Los ciudadanos son quienes, al fin y a la postre, sufren directamente las consecuencias de las disfunciones y problemas de la Administración de justicia. Por ello, es preciso transmitir el mensaje de que los jueces seguiremos trabajando y de que, por responsabilidad institucional, no adoptaremos concretas medidas de presión que podrían afectar al servicio público siempre y cuando los responsables públicos estatales y autonómicos se comprometan, por un lado, a paliar con medidas concretas (jueces de refuerzo, creación de nuevos órganos, supresión del ascenso forzoso etc.) y lo antes posible (a corto plazo) la sobrecarga que sufren un gran número de órganos judiciales en este país, sobre todo en los primeros escalones de la planta judicial; y, por otro, a ponerse a trabajar en serio sobre una reforma profunda de la justicia.
Reiteramos las actuaciones que consideramos prioritarias en esta materia:
- El desarrollo e implantación de la nueva oficina judicial, diferenciando nítidamente los ámbitos de decisión y, por tanto, de responsabilidad, con la consiguiente modificación inaplazable de las leyes procesales que sean precisas a tal fin.
- La implantación de nuevas tecnologías de la información y la comunicación accesibles y compatibles en todo el territorio nacional.
- La adecuación de la planta judicial al volumen real de trabajo en función de la evolución social y demográfica, posibilitando así un efectivo control de los procedimientos y una mayor calidad en la respuesta judicial.
- Elaboración y aplicación de un plan de choque con jueces de refuerzo y la creación de los órganos que sean necesarios para atender urgentemente los juzgados más sobrecargados, ya identificados por el Servicio de Inspección, con especial atención a los juzgados de pueblo, que son los que sufren más intensamente las carencias de medios materiales y personales. Dada la especial trascendencia de los asuntos es preciso: atender prioritariamente el excesivo volumen de asuntos que asumen muchos Juzgados de lo Penal, sobre todo tras las últimas reformas penales, y establecer juzgados de violencia de género exclusivos con competencias en varios partidos judiciales.
- Elaboración y implementación de un plan de choque por el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas con competencias en materia de justicia a fin de paliar las deficiencias en medios materiales (infraestructuras y equipamientos) personales (funcionariado y adecuada formación del mismo) y de seguridad (arcos detectores, personal de seguridad en todos los edificios judiciales) en los juzgados que así lo requieran, sobre todo en los juzgados de pueblo, tradicionalmente abandonados en este sentido.
- La revisión de las retribuciones, dando así cumplimiento a la obligación de negociar cada cinco años impuesta por la propia ley, dentro en el marco de las negociaciones ya iniciadas por la CIP con un concreto calendario de actuaciones.
- La supresión del ascenso forzoso.
- La elaboración de un estatuto profesional de jueces y magistrados que, sin perjuicio de la especial naturaleza de la función judicial, nos equipare con el resto de funcionarios, mejorando nuestras condiciones de trabajo, descanso y prestaciones sociales (vacaciones, permisos, jubilación, sustituciones internas, guardias).
- La elaboración de un reglamento de las asociaciones profesionales.
- La mejora de las condiciones económicas de los jueces en prácticas, bien mediante mejoras salariales, bien de forma indirecta a través de ayudas para el alojamiento, desplazamiento, créditos a bajo interés o sin intereses durante los dos primeros años o formulas similares.
- Exigir que cualquier reforma legal que pueda conllevar un aumento de la carga de trabajo de los juzgados (v.gr. la reciente reforma de los delitos de tráfico) vaya acompañada de una memoria sobre su impacto en los juzgados correspondientes, implementado las medidas necesarias para eliminar, reducir o mitigar la sobrecarga de trabajo.
- La reforma del sistema de acceso a la carrera judicial y de la formación continuada, recogiendo las propuestas contenidas en la publicación “Nuevo modelo de acceso a la carrera judicial, de formación inicial y continuada” auspiciada por Jueces para la Democracia y editada por la Fundación Antonio Carretero.
– Sobre la iniciativa política del CGPJ, el papel de las asociaciones y el derecho de huelga.
Para conseguir estos objetivos a corto o a medio plazo, es preciso exigir del CGPJ que tome decididamente la iniciativa. Es el órgano de gobierno del Poder Judicial el que tiene la responsabilidad institucional de colocarse al frente de la movilización judicial. En este punto, las asociaciones tenemos un papel fundamental, merced al trabajo asociativo desarrollado durante años, con documentos muy elaborados sobre gran parte de los problemas de la justicia.
Finalmente, y respecto al ejercicio del derecho de huelga, consideramos que llegado el momento y según la coyuntura, sería un legítimo mecanismo de presión.
– Sobre el trabajo llevado a cabo hasta la fecha.
El Secretariado de JpD está desarrollando un intenso trabajo sobre estos temas. Desde que emitimos el comunicado del pasado día 15 de octubre, hemos acudido a la reunión del CGPJ con las asociaciones que tuvo lugar el día 28 de octubre, con propuestas concretas recogidas en un documento en su día remitido a los asociados a través de la lista general. Fruto de este encuentro, las cuatro asociaciones suscribimos un comunicado conjunto del que se dio cumplida información.
Está prevista una próxima reunión para el día 25 de noviembre cuyo orden del día, recoge cuestiones muy relevantes (carga de trabajo y ley de retribuciones, ascenso forzoso, modificación del Reglamento de la Carrera Judicial). Podemos adelantar que acudirá el Secretario de Estado de Justicia para discutir sobre las retribuciones variables y se tratará del Reglamento sobre la supresión del ascenso forzoso. El Secretariado acudirá con un documento que ya estamos elaborando y del que se os informará.
Asimismo, en clave interna, el pasado día 30 de octubre nos reunimos con los vocales asociados y al día siguiente, en la reunión del Secretariado, valoramos la situación en torno a los problemas de la Administración de Justicia y la postura a adoptar ante la eventual convocatoria de Juntas el 21 de noviembre, acordando también que el próximo Comité Permanente se dedicará de forma monográfica a las líneas de una nueva política judicial. Elaboraremos un documento de trabajo de manera que tras la oportuna reflexión pueda presentarse uno conjunto a debatir en el próximo Congreso.
El Pleno del CGPJ aprobó el pasado día 13 de noviembre un plan de modernización de la justicia que estamos estudiando y valorando a fin de darle una respuesta.
En relación con la actuación del Ministerio de Justicia, hemos recibido varias comunicaciones anunciando próximas reuniones, en este mismo mes, con el objetivo de tratar las reformas legislativas pendientes, necesarias para la inaplazable reforma de la Administración de justicia, como a través de la CIP, a fin de discutir los temas que afectan a nuestras condiciones de trabajo.
– Sobre las Juntas de Jueces del día 21 de noviembre.
Pedimos a los miembros de JpD que acudan a las Juntas convocadas sin perjuicio de que consideramos que el servicio público no debe verse afectado de ningún modo, en forma de suspensión de señalamientos o actuaciones judiciales.
– Conclusiones.
En consecuencia:
- Apoyamos las iniciativas que tengan por objeto reivindicar una urgente y profunda reforma de la Administración de justicia, siempre que se planteen desde la responsabilidad institucional que deriva de la función constitucional que tenemos asignada jueces y magistrados.
- Exigimos un plan de choque para paliar la sobrecarga de trabajo de los juzgados colapsados, mediante jueces de refuerzo y la creación de los juzgados que sean precisos, fundamentalmente en el ámbito de los Juzgados mixtos, Juzgados de lo Penal y Juzgados de Violencia de Género exclusivos o con competencias compartidas, abogando por la supresión de estos últimos mediante la creación de juzgados exclusivos con competencias en varios partidos judiciales.
- Exigimos un plan de choque a fin de paliar las deficiencias en medios materiales, personales y de seguridad, sobre todo en los juzgados de pueblo.
- Exigimos la supresión del ascenso forzoso.
- Instamos al CGPJ para que asuma su responsabilidad, liderando las justas y razonables reivindicaciones de la carrera judicial en defensa del servicio público de la justicia, rechazando las injerencias políticas y defendiendo su propia independencia.
- Instamos al Ministerio de Justicia a fin de que inicie un proceso negociador con todos los agentes implicados (CGPJ, CC.AA. Asociaciones judiciales) impulsando de manera real y efectiva la reforma de la justicia.
- Instamos a nuestros asociados a que acudan a las Juntas que se convoquen el próximo día 21 de noviembre, sin que ello suponga perjuicio para el servicio público en forma de suspensión de señalamientos, paralización de la actividad de los órganos judiciales o paros encubiertos. A tal fin, pedimos a los Jueces Decanos que convoquen las Juntas en horarios que no entorpezcan el correcto funcionamiento de los juzgados.
- Jueces para la Democracia no dudará en proponer y adoptar las medidas de presión que estime necesarias, incluida la huelga como último recurso, de no adoptarse por parte de los responsables políticos medida alguna en el corto (como planes de choque o la supresión del ascenso forzoso) o en el medio plazo (la implantación de la nueva oficina judicial, la mejora del estatuto profesional de la carrera judicial) ni impulsarse o acometerse de manera decidida la reforma de la Administración de justicia.
17 de noviembre de 2008