En las últimas semanas, miembros del Gobierno se han pronunciado sobre cómo debía actuar en el ámbito disciplinario el Consejo General del Poder Judicial. Este pasado fin de semana, la Vicepresidenta del Gobierno, en una entrevista concedida al diario “El País”, manifestó su deseo de que el juez Tirado fuera sancionado con tres años de suspensión.
El Secretariado de Jueces para la Democracia considera inaceptable, desde la más elemental asunción de la regla constitucional de distribución del poder, que los miembros del ejecutivo, de forma reiterada, se inmiscuyan en cómo otro poder del estado debe ejercer las funciones que la Constitución le reserva de manera exclusiva. Estas manifestaciones traslucen una preocupante concepción sucursalista del Gobierno judicial, ahondando en la percepción social de dependencia política del Consejo General del Poder Judicial.
Del mismo modo, resulta rechazable la instrumentalización del asesinato de una niña para trasmitir un mensaje que, bajo apariencia de empatía social, sólo busca eludir las responsabilidades políticas sobre un estado general de patológica burocratización de la justicia española, respecto de la cual mucho tiene que decir el poder ejecutivo. Las respuestas políticas que sólo tienen en cuenta la proyección mediática del hecho ilícito, renuncian de antemano a analizarlo a fin de tomar medidas preventivas que lo eviten.
Sin perjuicio de depurar las responsabilidades individuales, exigibles a personas concretas, Jueces para la Democracia estima que ya es hora de poner sobre la mesa los errores del ejecutivo en la gestión en materia de justicia, y su escaso impulso para la modernización del sistema judicial. La responsabilidad política es la necesaria contrapartida del ejercicio del poder cuando éste no está sometido a fórmulas de responsabilidad personal.
Por ello, las sucesivas declaraciones de miembros del poder ejecutivo reclamando la máxima sanción, sin hacer una sola referencia a que la situación estructural de la justicia española permite explicar, en parte, sus graves disfunciones, nos recuerda un ejercicio irresponsable del poder que creíamos ya superado.
Vivimos un progresivo deterioro de nuestro espacio político en el que los partidos se atreven, sin disimulo alguno, a alardear de pactos, acuerdos o decisiones que contradicen el espíritu y aun la letra de la Constitución, que los jueces no avalaremos con nuestro silencio.
La independencia del Poder Judicial es una de las garantías básicas del sistema constitucional. Ignorarla o minusvalorarla, sobre todo por aquellos que tienen la obligación, también constitucional, de respetarla, es una gravísima irresponsabilidad.
Jueces para la Democracia quiere insistir en que el poder judicial y su gobierno no son apéndices del poder ejecutivo, y que no dejaremos de denunciar las intromisiones de otros poderes.