El luctuoso suceso producido meses atrás, en el que se produjo la muerte de la niña de corta edad Mari Luz, ha dado lugar a multitud de comunicados de las instancias políticas y judiciales, poniendo de relieve las disfunciones de la Administración de Justicia.
En los últimos días, con ocasión de una manifestación promovida por familiares de la niña ante los juzgados de Sevilla, se han reproducido las manifestaciones de cargos políticos que han supuesto, a nuestro juicio, una desconsideración al respeto institucional y, sobre todo de lo que supone la independencia judicial en el entramado constitucional de nuestro Estado.
Los verdaderos ataques a la independencia del Poder Judicial son los que proceden de las otras instituciones del Estado, en particular del poder ejecutivo. Por ello las recientes manifestaciones de algunos de sus miembros son particularmente rechazables.
En este contexto, JpD quiere llamar la atención del insoportable silencio del Consejo General del Poder Judicial, que eludiendo sus obligaciones constitucionales, permanece inerme ante los continuos ataques a la independencia judicial y sin que siquiera trate de introducir criterios racionales en el crispado debate público sobre este suceso y otros semejantes.
JpD entiende que es función del CGPJ conciliar las exigencias de los ciudadanos de una justicia transparente, eficaz y responsable, con la defensa de la independencia del Poder Judicial. Por ello, por una parte, debe definir los límites que no pueden traspasar otros poderes del Estado y, por otra, afirmar que en su actuación investigadora y de exigencia de responsabilidades será trasparente y actuará conforme a criterios de legalidad.
Por tales razones JpD exige del CGPJ que cumpla con sus obligaciones institucionales, siendo vanguardia de la defensa de la independencia judicial y a su vez realice labor pública explicativa de su compromiso con una Administración de Justicia eficaz y responsable.
Secretariado de Jueces para la Democracia. 16 de julio de 2008.