Jueces para la Democracia, con ocasión de las investigaciones penales en curso sobre supuestos delitos de aborto, manifiesta que el derecho a castigar determinados delitos -el ius puniendi- instrumentado a través del proceso penal, debe ejercitarse de forma compatible con el absoluto respeto a la intimidad personal y familiar y a la dignidad de las mujeres afectadas.

El derecho fundamental a la intimidad (artículo 18 de la Constitución Española) y la dignidad de la persona como fundamento del orden político y de la paz social  (artículo 10 del mismo texto) no deben ser vulnerados en aras a una supuesta eficacia de la investigación penal.

Los poderes públicos –Administración de Justicia, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Administración sanitaria- que intervienen en una investigación penal sobre presuntos delitos de aborto, han de ser especialmente cuidadosos en el manejo de la información obtenida al afectar intensamente a la intimidad de la mujer. No debemos olvidar, además, que a las mujeres afectadas no se les imputa ningún delito, ni son perjudicadas u ofendidas por los hechos investigados, sino que son simplemente testigos; en definitiva, fuentes de conocimiento de los hechos acaecidos. Por esta razón y porque la decisión de abortar que, libre y voluntariamente, adopta una mujer, es siempre difícil (en ocasiones acarrea daños psicológicos y físicos) es por lo que el proceso penal debe evitar situaciones que impliquen un cuestionamiento moral de la decisión tomada, o que hagan rememorar vivencias amargas.

La acción popular, constitucionalmente reconocida en el artículo 125 del texto fundamental, es consecuencia de una concepción profundamente democrática de la justicia y, por ello, su plasmación efectiva no puede quedar al margen de la misma,  que le sirve de fundamento legitimador. Así, la acusación popular ejercida por personas jurídicas no debe suponer nunca una perversión de la democracia, lo que ocurre cuando se hace un uso abusivo y desproporcionado, con motivaciones espurias de tipo moral o político, disociadas del verdadero fin de la institución, que es la participación del pueblo en la Administración de la Justicia.

Jueces para la Democracia reivindica una nueva legislación sobre el aborto mediante una ley de plazos que ponga fin a la inseguridad jurídica actual, que afecta  tanto a los profesionales médicos como a las propias mujeres que deciden abortar.

El Secretariado de Jueces para la Democracia.

30 de Junio 2008