JpD he tenido conocimiento de los problemas que está atravesando el Ministerio Público hondureño, así como la huelga de hambre que han iniciado los fiscales Jary Dixon, Luis Javier Santos, Soraya Morales y Víctor Fernández, a los que expresamos nuestro apoyo y nuestra solidaridad tanto personales como institucionales.
JpD estima necesario en esta ocasión recordar especialmente la necesidad de que los Estados respeten los principios reiteradamente puestos de manifiesto en instrumentos internacionales y su obligación de de garantizar y promover la eficacia, imparcialidad y equidad de los fiscales, en especial en el procedimiento penal.
Apelamos en este sentido a las Directrices sobre la función de los fiscales, aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1990, a raíz del VIII Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, en las que se pone de manifiesto que la eficacia, la imparcialidad y la equidad de los fiscales deben ser respetadas y tenidas en cuenta por los gobiernos en el marco de sus leyes y prácticas nacionales y deben señalarse a la atención de los fiscales y de otras personas tales como jueces, abogados y miembros del poder ejecutivo y legislativo, y del público en general.
En estas Directivas se apela a los Estados para que garanticen “que los fiscales puedan ejercer sus funciones profesionales sin intimidación, trabas, hostigamiento, injerencias indebidas o riesgo injustificado de incurrir en responsabilidad civil, penal o de otra índole”. Se señala igualmente que las autoridades proporcionarán protección física a los fiscales y a sus familias en caso de que su seguridad personal se vea amenazada como consecuencia del desempeño de sus funciones y se postula que se establezcan unas condiciones razonables de servicio, una remuneración adecuada y, cuando corresponda, seguridad en el cargo, pensión y edad de jubilación. Finalmente, se hace hincapié en la necesidad de que la carrera profesional de los fiscales esté basada en factores objetivos, especialmente en su idoneidad, capacidad, probidad y experiencia, y que las decisiones que se adopten al respecto se atendrán a un procedimiento equitativo e imparcial.
Identificados con estos principios, que son los que defienden los Fiscales de la República de Honduras, y que estamos seguros de que comparte igualmente la Fiscalía General de la República, deseamos fervientemente que se pueda llegar a una pronta solución de los problemas que han llevado a este conflicto.