El pasado día 3 de marzo un grupo numeroso de juristas, entre ellos más de cien jueces y magistrados, publicaron un “Manifiesto por un debate político criminal racional”, en la que se criticaban propuestas de reforma legislativa de derecho penal del menor, se advertía sobre los riesgos constitucionales de la pretensión reformadora -tendente al enjuiciamiento criminal y al encierro de menores de catorce años-, y se propugnaba un debate sereno y racional sobre el tema.
La respuesta del Presidente del Consejo General del Poder Judicial fue fulminante: ordenar al Servicio de Inspección del Consejo la apertura de diligencias informativas para depurar responsabilidades de tales jueces, por entender que podían haber incurrido en responsabilidad disciplinaria.
El Jefe del Servicio de Inspección formuló propuesta en la que, tras hacer consideraciones acerca de la reprobabilidad de la actuación de los firmantes, instaba el archivo de las actuaciones, al carecer de tipicidad la conducta investigada.
La Comisión Disciplinaria del Consejo ha acordado el archivo de las actuaciones y, por unanimidad, ha excluido de la resolución cualquier referencia a posible reproche por el actuar de los firmantes.
Jueces para la Democracia quiere mostrar su preocupación por la actuación del Presidente del Consejo, y por los efectos perversos de su iniciativa. Aunque el órgano competente ha determinado que el contenido del Comunicado es ajustado a derecho, ya se ha producido por vía de hecho un aviso ante futuras iniciativas, y se ha pretendido amordazar el libre ejercicio del derecho a la libertad de expresión, que los jueces y magistrados ostentan como cualquier ciudadano en un Estado de Derecho.
JpD quiere públicamente denunciar, ante la opinión pública y ante la comunidad jurídica, la actuación del Presidente del Consejo, que, omitiendo la función encomendada de defensa de la libre expresión de los jueces, ha procedido, por el contrario, con un marcado sesgo ideológico, en contra de los profesionales que han actuado desde la legalidad y desde su condición de expertos en la materia. Por ello, pedimos su dimisión asi como la del Jefe de la Inspección, por haber indicado en su informe que los Jueces firmantes del manifiesto habían vulnerado el art. 359.2 de la LOPJ, lo que era totalmente erróneo e inexacto, como la propia Comisión Disciplinaria advirtió. El Secretariado de Jueces para la Democracia pedirá el expediente tramitado para ejercitar en su caso las acciones oportunas.
Jueces para la Democracia, como asociación judicial que históricamente se ha distinguido por su labor de defensa de los derechos fundamentales y sociales, rechaza contundente a este tipo de actuaciones, en la medida en que cercenan aquellos y provocan desconcierto en la ciudadanía sobre el auténtico papel constitucional que debe desempeñar la judicatura.
El Secretariado
2 de abril de 2008