La ASOCIACION JUECES PARA LA DEMOCRACIA, valora positivamente el contenido del Anteproyecto de Ley Orgánica Integral de Medidas contra la violencia Ejercida sobre la Mujer, por las siguientes razones:
1º.- Las modificaciones legales propuestas pretenden atajar las diferentes causas de la violencia contra la mujer; con especial incidencia en el aspecto preventivo. La educación es piedra angular en el futuro para evitar una educación sexista y para fomentar el respeto a la dignidad humana y la libertad de las mujeres.
2º.- La memoria económica presentada es imprescindible y necesaria para la puesta en marcha de los mecanismos preventivos, asistenciales y judiciales previstos en el Anteproyecto. Se valora positivamente la previsión legal de que, pasados tres años de aplicación de la ley, se realice una evaluación de su aplicación.
3º.- Se consideran muy necesarias las medidas de protección en el ámbito socio– laboral y las ayudas económicas; pues sin ellas resulta prácticamente imposible reincorporar a las mujeres maltratadas a la sociedad, de manera activa.
4º.- En el ámbito penal la política de endurecimiento de penas se ha demostrado insuficiente. Ha de incidirse en la finalidad constitucional de rehabilitación y resocialización de los agresores.
5º.- En el sistema judicial parece adecuada la creación de Juzgados de Violencia contra la Mujer, que conocerán tanto de la investigación de los delitos de violencia doméstica ( ámbito penal) como de los asuntos de familia propiamente dichos (ámbito civil). Específicamente de los procesos de separación, divorcio que se generen tras la denuncia de hechos violentos. La especialización de los jueces, fiscales y resto de personal en ésta materia, servirá para mejorar la respuesta judicial y la coordinación con las instancias policiales, sanitarias y asistenciales.
Además de las anteriores medidas, JUECES PARA LA DEMOCRACIA cree necesario introducir previsiones legales o reglamentarias específicas en el siguiente sentido:
1º. En el ámbito penal, se ha de garantizar una mayor dotación de medios materiales y personales (psicólogos, médicos forenses, trabajadores y asistentes sociales especiales) para que el Juez de Guardia y el de Violencia contra la mujer, pueda decidir de manera adecuada en las Ordenes de Protección sobre custodia de hijos, uso e domicilio o pensión alimenticia.
2º.- Las Unidades especializadas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad – encargadas de controlar la ejecución y cumplimiento de las Órdenes de Protección – han de contar con suficientes policías para atender a las víctimas de violencia con riesgo y han de disponer de medios técnicos adecuados y suficientes para cumplir su función.
3º.- Se hace necesaria una regulación más concreta de los programas de tratamiento para condenados por delitos de malos tratos.
Ha de garantizarse la posibilidad de ejecución de las penas alternativas a la prisión; y concretamente, la pena de Trabajos en Beneficio de la Comunidad, mediante la suscripción de convenios con entidades y O. N.G.S., para conseguir un tratamiento específico dirigido la rehabilitación social del maltratador, con programas adecuados de reeducación del mismo, incluyendo los tratamientos psicológicos necesarios.
4º.- Garantizar tratamientos psicológicos a las víctimas para que recuperen su autoestima, y puedan recomponer su lugar en la sociedad sin miedos, con libertad. La asistencia letrada especializada – tanto para víctima como agresor – resulta crucial para la respuesta institucional; por ello hay que establecer los mecanismos que la hagan posible desde el momento mismo de la denuncia
5º.- En el ámbito civil sería deseable que se adoptaran las medidas organizativas necesarias para que los jueces de familia – en supuestos de crisis familiares sin violencia de género – puedan decidir de manera inmediata ( art. 771.2 LEC) o en un breve plazo, sobre la solicitud de medidas provisionalísimas, relativas a hijos menores, uso de vivienda y pensiones alimenticias
6º.-En el ámbito judicial, se insta al Consejo General del Poder Judicial para que proceda a crear un módulo específico en la Escuela Judicial que trate la materia relativa a violencia de género, para que los nuevos jueces conozcan las características especificas de éste fenómeno criminal. También es necesaria la impartición de cursos sobre dicha materia, dentro de la formación permanente de Jueces y Magistrados.
JUECES PARA LA DEMOCRACIA considera que sólo desde la colaboración, preparación y sensibilización de las personas que intervienen en los malos tratos, se podrá reducir un problema social que atenta, mayoritariamente, contra los derechos humanos de las mujeres.
SECRETARIADO .Madrid, 6 de junio 2004.