Jueces para la Democracia quiere constatar su preocupación por la propuesta de apertura de un expediente disciplinario al Magistrado Baltasar Garzón por falta grave consistente en «dirigir a los poderes, autoridades o funcionarios públicos o Corporaciones oficiales felicitaciones o censuras por sus actos, invocando la condición de juez o sirviéndose de esta condición».
La actuación del Consejo General del Poder Judicial a través del Servicio de Inspección supone un cambio sustancial en su actuación anterior, que sus responsables deberían explicar, pues hace tiempo que las actuaciones inspectoras y las disciplinarias estaban claramente diferenciadas. Todo el esfuerzo en tal sentido del anterior CGPJ parece echarse por la borda por un caso concreto.
Por otro lado queremos afirmar nuestra opinión de que los jueces tienen límites establecidos en la LOPJ cuando actúan como tales, es decir, en el ejercicio de la función jurisdiccional. Pero cuando lo hacen como ciudadanos, cuando no utilizan las sentencias y autos sino su libertad de expresión y opinión, no tienen más limitaciones que cualquier otro ciudadano, y por lo tanto ha de respetarse su derecho constitucional a opinar y manifestar sus ideas.
Si un juez critica en un medio de comunicación la postura que el gobierno mantiene sobre la guerra de Irak no hace otra cosa que utilizar el derecho a la libertad de expresión patrimonio de todos los ciudadanos. Es llamativo además que cuando los comentarios han sido laudatorios al gobierno o sus integrantes, no se haya reaccionado de la misma forma, pues la LOPJ que se pretende ahora utilizar, sanciona no sólo la crítica sino la alabanza a poderes públicos.
Pasamos por momentos políticos difíciles en los que, en aras a una malentendida seguridad pública, se ponen en cuestión derechos fundamentales tan preciados como la libertad de manifestación y expresión. Derechos que deben salvaguardarse y tutelarse por las instituciones y no cercenarse, como ahora ocurre en un intento, afortunadamente baldío, de tergiversar la realidad de un rechazo mayoritario a la guerra.
Madrid, a 4 de abril de 2003