Ante la polémica desatada por la decisión de la jueza de vigilancia penitenciaria de Bilbao Ruth Alonso, JpD tiene que manifestar:
1º- En la concesión de libertad condicional a un preso en tercer grado mediando informes favorables de resocialización, como en ocasiones precedentes en que lejos de ser contestada ha sido aplaudida, la jueza ha hecho aplicación concreta al caso de la legislación penitenciaria actualmente vigente, de manera que su decisión tiene cobijo en la ley –Código Penal y Ley orgánica General Penitenciaria-. Entonces, ante la furibunda campaña mediática desatada contra esta servidora del Estado de Derecho, nosotros mostramos nuestra total solidaridad.
2º- Absolutamente desacertada, por inoportuna, es, sin embargo, la decisión unilateral del presidente CGPJ de activar los mecanismos de inspección de este órgano constitucional para tratar de controlar el fondo de esa decisión jurisdiccional, algo que repugna a uno de los baluartes de cualquier Estado de Derecho, la independencia judicial: las resoluciones judiciales se corrigen, si procede, a través del sistema de recursos legalmente previsto y por los órganos autorizados –los tribunales de justicia- y no desde el órgano de gobierno de los jueces, cuya misión constitucional precisamente es la de velar por la independencia de quienes integran el Poder Judicial.
3º- Igualmente desafortunado, por precipitado, nos parece el anuncio del Gobierno de crear de manera inmediata un juzgado de Vigilancia Penitenciaria en la Audiencia Nacional, medida que ha de merecer una sosegada reflexión política y técnica, más si cabe en un momento en que hay iniciativas gubernamentales que auspician una profunda reforma de la LOPJ, con lo que más parece que el Gobierno trata de responder a decisiones del Poder Judicial que “incomodan” con un cambio de escenario jurisdiccional que permita una mayor “lealtad” a la política antiterrorista del Gobierno, algo completamente perverso en un Estado de Derecho.