En opinión del Secretariado de Jueces para la Democracia la aplicación en España del dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU, necesariamente comporta un cambio legislativo, a fin de introducir en nuestra ley procesal penal la generalización de la doble instancia en todos los procesos penales.
En esta línea nos pronunciamos en el XIV Congreso de nuestro Asociación. En el mismo recordábamos que a fin de cumplir con el art. 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que reconoce a toda persona declarada culpable de un delito a que el fallo condenatorio y la pena sean sometidos a un Tribunal Superior, debería instaurarse en todos los procesos un recurso de apelación a fin de que en una segunda instancia se efectúese un control de lo decidido y resuelto en la primera. Acorde con el modelo constitucional autonómico del Estado, el órgano competente para su resolución deberían ser las Salas de lo Penal de los Tribunales Superiores de Justicia, institución que culmina la organización judicial en el ámbito territorial de cada Comunidad Autónoma.
Junto a ello debería reconducirse el recurso de casación ante el Tribunal Supremo a su auténtica función unificadora del ordenamiento, a fin de preservar la armónica interpretación de las normas para conseguir la igualdad y la seguridad jurídica en su aplicación, dando lugar a una doctrina legal con valor complementario del ordenamiento jurídico.
Proponemos además una reforma de dicho recurso a fin de que todos los tipos penales puedan acceder al Tribunal Supremo a través de un recurso extraordinario de unificación de doctrina.
Por ello creemos que el Gobierno en el plazo de los noventa días otorgado por el Comité de Naciones Unidas debe remitir de forma urgente al Parlamento un proyecto de ley para la modificación de la ley procesal penal, en el sentido antes apuntado».
Barcelona, a 14 de Septiembre de 2000
SECRETARIADO DE JUECES PARA LA DEMOCRACIA.