La entrada en vigor el 5 de mayo de 2010 de las reformas procesales ha puesto en marcha el calendario definitivo para la implantación de la nueva oficina judicial. A partir de esa fecha tanto el Ministerio de Justicia como las comunidades autónomas han de culminar el proceso de modernización de los juzgados y tribunales adecuando las viejas estructuras de las secretarías en servicios comunes más eficaces, en oficinas de atención y gestión que respondan a las necesidades de una sociedad altamente exigente y crítica con la justicia.
La Fundación Antonio Carretero y la asociación Jueces para la Democracia han sido históricamente defensores de un nuevo modelo de gestión de la administración de justicia. A lo largo de estos años hemos desarrollado una amplia labor de análisis de posibles iniciativas para este proceso modernizador. Culminamos la tarea con esta publicación que pretende realizar un análisis por jurisdicciones del nuevo proyecto con sus elementos positivos y también con sus sombras, vinculadas a la falta de medios materiales, a la indefinición de muchos de los instrumentos legales y a la dispersión de competencias entre distintas administraciones.