Ante la reciente sentencia de un Tribunal de Granada condenando a dos médicos y una psicóloga, por su intervención en una voluntaria y consentida interrupción del embarazo, Jueces para la Democracia reitera sus pronunciamientos en ésta materia.
Primero.- El castigo de los profesionales que prestan un servicio médico, solicitado por la mujer, contribuye a la desprotección de ésta; pues reducirá su derecho a ser atendida adecuadamente. Favorece el retorno a una peligrosa clandestinidad y promueve la violencia estructural repudiada por las resoluciones internacionales
Segundo.- Esta Asociación siempre ha reclamado la despenalización del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. La ley penal actual es claramente insuficiente y favorece eventuales quebrantos al principio de seguridad jurídica e igualdad ; deja en manos de los Tribunales la condena o absolución de mujeres y médicos, según amplios criterios de interpretación que permiten, incluso, dejar sin efecto los dictámenes de especialistas en psicología.
Tercero.- Hasta que se produzca la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo y se apruebe una ley de plazos, Jueces para la Democracia exige la suspensión de las penas y el indulto para aquellos profesionales que prestaron un servicio demandado por la mujer y resultaron condenados
Secretariado de Jueces para la Democracia
Madrid, 30 de noviembre de 1998