En el desarrollo del juicio oral del caso Amedo, en que se juzgan hechos de extraordinaria gravedad, diversos testigos se vienen negando a contestar preguntas declaradas pertinentes por el Tribunal.
La Ley de Enjuiciamiento Criminal y el C6cligo Penal obligan a los testigos a responder a las preguntas que se les hagan, y sancionan como delito el incumplimiento de esa obligación. No es causa justificativa del silencio de los testigos la invocación de órdenes superiores o de razones de Estado.
Conductas como las indicadas pueden privar al Tribunal del conocimiento de datos imprescindibles para dictar una sentencia justa.