Jueces para la Democracia en su 11 Congreso, celebrado en Madrid el 23 de enero de 1986, aprobó una declaración en favor de la paz en la que, entre otras cosas, se dice que «si hubo una época en que pudo ser un esfuerzo estimable y progresivo de los juristas reconocer justificación a sólo ciertos supuestos de conflictos armados, discutiendo su legitimidad a los restantes, difícilmente podría darse hoy razón, desde una conciencia democrática de otra actitud que no fuera la de un incondicional y franco alineamiento en favor de la paz. Porque ya no puede haber «guerras justas».
Ahora, cinco años después se tiene además la evidencia de que la guerra no sólo es injusta, sino posible. Las evidencias de que ya no hay guerras «convencionales», ni guerras lejanas. Ahora cualquier guerra, por su ilimitada capacidad destructiva de poblaciones y en general por su desproporción, es una guerra total -pues, ¿dónde radica la diferencia entre un objetivo militar y un objetivo civil?, en consecuencia, incompatible por tanto con los Convenios de Ginebra de 1949.
Pero es que además, por lo que hace a la guerra del Golfo, lejos de ser la guerra de la ONU, ha sido quizás la que ha puesto definitivamente en crisis la naturaleza misma de la organización.
El nombre de la ONU se ha empleado para tratar de legitimar una aventura bélica particular que no puede tener encaje en el capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas y que ha supuesto añadir a un acto injusto otro de mayores proporciones, que ha tenido continuidad en el genocidio del pueblo kurdo, la persecución de palestinos, el endurecimiento de la situación de la población civil iraquí, el mantenimiento del régimen no democrático en Kuwait…
Nadie ignora hasta que punto es tupida y consistente la trama de intereses en que se asienta el actual orden internacional y que las palabras, ni siquiera las escritas en la Carta y en otros textos básicos, basta para producir la paz. Pero la experiencia histórica enseña, y lo saben muy bien las gentes del derecho, que todos los mecanismos jurídicos de garantía vigentes tanto en el orden interno como en el internacional, han sido en algún momento, a veces incluso reciente, idealidad utópica.
Resulta inaplazable conseguir de los Estados el máximo respeto a las normas y a las instituciones existentes; la efectiva consideración de la guerra como un crimen de derecho internacional; la democratización de la ONU y el fortalecimiento de las instancias internacionales como instrumento de pacificación y resolución de conflictos, al servicio de los intereses generales de los pueblos. Pues no puede olvidarse que fueron precisamente éstos quienes actuaron como sujetos contratantes en el otorgamiento de la Carta de San Francisco y en la creación de las Naciones Unidas.
Por eso Jueces para la Democracia considera imprescindible que se produzca un compromiso generalizado de todos los que tienen al derecho como instrumento de trabajo, dirigido a crear y difundir una auténtica y vigorosa cultura de la paz, esfuerzo en el que los juristas y los jueces demócratas tenemos un relevante papel.