Ante los últimos acontecimientos que se están desarrollando en El Salvador, muy en especial, los relativos a la destitución por la Asamblea Legislativa recién constituida de los magistrados y la magistrada que integran la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la asociación Jueces y Juezas para la Democracia quiere expresar su profunda preocupación.
Por lo que, sin duda, supone un duro golpe al sistema constitucional salvadoreño y un paso más hacia la pendiente de autoritarismo y desprecio por las reglas democráticas y las garantías institucionales que caracteriza, desde su inicio, el mandato del presidente Nayib Bukele.
Amparándose en el simple argumento del mandato mayoritario, la Asamblea, instrumentalizada por el presidente Bukele, abusando de la facultad de designación y cese de los miembros de la Corte Suprema que la Constitución de 1983 le atribuye, no solo ha desactivado uno de los contrapesos constitucionales más decisivos sino que ha reducido a escombros el principio de independencia judicial, trasladando una clara e indisimulada advertencia a todos los jueces y juezas que integran el Poder Judicial salvadoreño de las consecuencias que pueden derivarse del ejercicio independiente y constitucionalmente orientado de la jurisdicción.
El cese de nuestros colegas, por la forma en que se ha producido y por las razones justificativas que se aducen -haber cumplido su función de control de la constitucionalidad de los decretos presidenciales-, supone, además, una brusca e irreductible ruptura con la Convención de San José y los límites que, como garantías específicas de la primacía de los derechos fundamentales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ido perfilando contra el abuso de poder por parte de las autoridades de los Estados.
En efecto, la decisión de la Asamblea salvadoreña, impulsada por el presidente Bukele, contradice frontalmente la doctrina de la Corte Interamericana sobre la independencia judicial como garantía institucional del propio Estado de Derecho. Como de forma reiterada se ha pronunciado, “el respeto de las garantías judiciales implica respetar la independencia judicial. Las dimensiones de la independencia judicial se traducen en el derecho subjetivo del juez a que su separación del cargo obedezca exclusivamente a las causales permitidas, por medio de un proceso que cumpla con las garantías judiciales, o porque se ha cumplido el término o periodo de su mandato. Y que cuando se afecta en forma arbitraria la permanencia de los jueces y las juezas en su cargo, se vulnera el derecho a la independencia judicial consagrado en el artículo 8.1 de la Convención Americana. (…) El ejercicio autónomo de la función judicial debe ser garantizado por el Estado tanto en su faceta institucional, esto es, en relación con el Poder Judicial como sistema, así́ como también en conexión con su vertiente individual, es decir, con relación a la persona del juez especifico. La dimensión institucional se relaciona con aspectos esenciales para el Estado de Derecho, tales como el principio de separación de poderes y el importante rol que cumple la función judicial en una democracia. Por ello, esta dimensión institucional trasciende la figura del juez e impacta colectivamente en toda la sociedad. La libre remoción de jueces fomenta la duda objetiva sobre la posibilidad efectiva de aquellos de decidir controversias concretas sin temor a represalias” -vid. casos Tribunal Constitucional v. Perú; Tribunal Constitucional (Camba Campos y otros) v. Ecuador; Apitz y otros v. Venezuela; Quintana Coello y otros c. Ecuador; López One y otros v. Honduras-.
La vía de la democracia constitucional es la única que puede limitar los poderes salvajes y los abusos y garantizar, por ello, el respeto y la promoción de los derechos fundamentales.
La vía emprendida por el presidente Bukele, pretendiendo inmunizar el ejercicio de su poder de todo control y contrapeso, augura tiempos de oscuridad y de injustica en un momento de particular gravedad y dificultad para el pueblo salvadoreño.
Desde Jueces y Juezas para la Democracia, además de denunciar la injustificable actuación de la Asamblea Legislativa, el grave atentado a la Constitución de 1983 que se ha producido, queremos también manifestar nuestro apoyo a los jueces y juezas que integran el Poder Judicial de El Salvador en estos momentos tan difíciles, a quienes, además, enviamos un abrazo fraternal.
5 de mayo de 2021
EL SECRETARIADO