Comunicados - Jueces para la Democracia

El próximo sábado se cumplen dos años desde la entrada en vigor del RD Ley 27/2012, de 15 de noviembre, sobre medidas urgentes para reforzar la protección de los deudores hipotecarios, cuya principal medida consistió en suspender dos años los procedimientos de ejecución hipotecaria que afectaban a las familias en riesgo de exclusión social y el mandato al Gobierno para que emprendiera de manera inmediata, junto con el sector financiero, la constitución de un fondo social de viviendas destinadas a ofrecer cobertura a aquellas personas que hubieran sido desalojadas de su vivienda habitual por el impago de un préstamo hipotecario.

Mediante la Ley 17/013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, se mantuvo la suspensión de los lanzamientos que ya se contemplaba en el RD Ley de 2012, definiéndose los requisitos legales para considerar a una familia en situación de riesgo de exclusión social en base a parámetros subjetivos, niveles de renta (tres veces el IPREM) y la carga que implicara el pago de la hipoteca.

Pese a ello, según los datos que ha ofrecido recientemente el Ministerio de Economía, sólo unas 20.000 familias españolas se han beneficiado de las medidas de protección frente al sobreendeudamiento, incluyendo suspensiones de lanzamientos, reestructuración de deuda y daciones en pago, frente a los 346.784 lanzamientos que, según el C.G.P.J, se produjeron en España desde enero de 2008 hasta junio de 2014.

En cuanto al Fondo Social de Vivienda, los 33 bancos que lo componen habían aportado, a mes de enero de 2013, 6.000 viviendas, de las cuales siguen vacías 4.600, cuando según las mismas fuentes del C.G.P.J, desde ese mismo mes hasta junio de 2014, han perdido su vivienda 104.430 familias.

Todos estos datos confirman que, pese a los anuncios del gobierno, sigue sin afrontarse una política global sobre la vivienda en España y la respuesta que debe darse a las familias que, por causa del desempleo y la precariedad, no pueden afrontar el pago de sus hipotecas o se mantienen en sus viviendas a costa de sacrificios extremos, cuando, por el contrario, muchas de las entidades que ofrecieron los préstamos hipotecarios llevando a cabo agresivas prácticas bancarias despreciando el riesgo crediticio, han recibido ingentes cantidades de dinero público y sus consejos de administración ofrecen un lamentable espectáculo de falta de ética.

Por ello, desde Jueces para la Democracia reiteramos una vez más la exigencia de que se apruebe una Ley de Sobreendeudamiento Familiar que permita a las familias una segunda oportunidad mediante la renegociación de sus deudas, imponiendo a las entidades bancarias, en su caso, medidas de reestructuración y/o dación en pago, asi como la necesidad de que el gobierno impulse un Fondo Social que garantice efectivamente el derecho constitucional a una vivienda digna.
De otro modo, la prórroga de los lanzamientos, aunque pueda beneficiar temporalmente a muchos ciudadanos en riesgo de exclusión, no hará sino demorar la solución del problema y cronificar una situación de injusticia social, que genera una gran bolsa de pobreza, y de cuyas causas profundas no son responsables.