Cartas de Presentación > Elecciones a Vocales de CGPJ
Estimado compañero o compañera:
Me gustaría contar con tu confianza, y que ésta se reflejara en tu voto, para poder figurar entre los asociados a proponer por JpD al Parlamento para integrar el futuro CGPJ.
La celeridad del actual proceso electoral impide un intercambio de ideas y proyectos más personalizado y el que, de no haber tenido ocasión de conocernos o de charlar detenidamente con anterioridad, me pueda resultar difícil convencerte sobre la «bondad» de elegir mi opción a través de estas meras líneas, ni siquiera aunque intentara «acorralarte» con propaganda por otros medios internos o externos, directos o indirectos.
Si nos conocemos tendrás ya datos suficientes para concederme o no tu voto. De preferir a otro candidato por adaptarse mejor a sus ideas o tu manera de entender cual deba ser la función de un posible futuro vocal del CGPJ a propuesta asociativa, sé que habrás realizado la opción que entendías más razonable en este momento crucial en el que todos deberemos apoyar a los que, en definitiva, resulten propuestos o elegidos.
Si no nos conocemos, te ruego que sigas leyendo este comunicado, pero, fundamentalmente, te pediría que antes de decidir el sentido de tu voto, si mi opción te pareciera viable, pudieras contactar con cualquiera de los conozcas entre los cuarenta asociados que inicialmente me han prestado su apoyo, presentando como propuesta mi candidatura e impulsándome a aceptarla. Este es para mí el mejor aval y especial motivo de satisfacción, sea cual fuere el resultado final de este proceso electoral en cuanto personalmente me afecta.
Te adjunto a continuación:
- Propuesta de candidatura a mi favor formulada por 40 asociados
- Breve nota biográfica en temas de gestión y asociativos
- Puntos de reflexión.1. Propuesta de candidatura a mi favor formulada por 40 asociados
A LA COMISIÓN ELECTORAL DE JUECES PARA LA DEMOCRACIA
De acuerdo con la norma segunda del Reglamento Electoral para la elección de candidatos para su posible nombramiento por las Cortes Generales como Vocales del Consejo General del Poder Judicial, los firmantes, miembros de esta Asociación, han decidido presentar como candidato al compañero FERNANDO SALINAS MOLINA, con destino en la Sala IV del Tribunal Supremo.
Fernando Salinas, digno representante de una tradición de compromiso profesional y social en el ejercicio de la jurisdicción, promotor a lo largo de su carrera profesional de importantes iniciativas para mejorar la administración de Justicia, y autor de numerosos estudios y proyectos de textos legales, es conocido por su gran capacidad para analizar y exponer con sencillez, y al mismo tiempo con profundidad, los más intricados problemas jurídicos. Actualmente, está desarrollando una gran labor en el seno de la Sala IV del Tribunal Supremo, constituyendo uno de los puntales del avance jurisprudencial en la dirección de remover los obstáculos que impiden el pleno desarrollo de la libertad y de la igualdad de los individuos y de los grupos sociales. Pese a ello, le proponemos como candidato a Vocal del CGPJ, en el convencimiento de que, de ser elegido, su paso por el Consejo constituirá un breve paréntesis en su quehacer jurisdiccional.
Excelente compañero, siempre dispuesto a ayudar, abierto al diálogo y de talante negociador, su carácter tranquilo y persistente le hacen idóneo para ocupar, en los años venideros, una de las plazas del CGPJ, en la difícil singladura que se avecina. Podemos confiar plenamente en su honestidad y en su trabajo, comprometido con los valores ideológicos y profesionales comunes en JpD, y asegurar que su paso por el Consejo dejará huella.
Los compañeros que proponemos a Fernando Salinas Molina somos:
JORDI AGUSTI JULIA; JOAN AGUSTI MARAGALL; MATILDE ARAGO GASSIOT; JAVIER ARANA NAVARRO; FELIX AZON VILAS; MARIA DOLORES BALIBREA PEREZ; DANIEL BARTOMEUS PLANA; JOAQUIN BAYO DELGADO; ANTONIO BARBA MORA; ANTONIO CARRIL PAN; CARLES CRUZ MORATONES; SALVADOR DIAZ MOLINA; JOSE IGNACIO D’OLHABERRIAGUE RUIZ DE AGUIRRE; ANTONIO DOÑATE MARTÍN; LUIS JOSE ESCUDERO ALONSO; ANGEL ECHEVARRIA TORRECILLA; MIGUEL ANGEL FALGUERA BARO; JOSE LUIS FELIS GARCIA; PONS FELIU LLANSA; CARMEN FIGUERAS CUADRA; CARLOS GOMEZ MARTINEZ; JAUME GONZALEZ CALVET; JOSE RAMON HERNÁNDEZ DOLS; PEDRO LIBRAN SAINZ DE BARANDA; PALOMA MARIN LOPEZ; ANGEL MARTINEZ SAEZ; Mª DEL MAR MIRON HERNÁNDEZ; PASCUAL ORTUÑO MUÑOZ; JESÚS RENTERO JOVER; FAUSTINO RODRÍGUEZ GARCIA; ANDRES SALCEDO VELASCO; MARIA SANAHUJA BUENAVENTURA; FRANCISCO JAVIER SANZ MARCO; MARIA DEL MAR SERNA CALVO; ASCENSIÓN SOLE PUIG; LUIS TORRES GOSALBEZ; FERNANDO VALLE ESQUES; SILVIA VENTURA MAS; SANTIAGO VIDAL MARSAL; ANGELS VIVAS LARRUY.
2. Breve nota biográfica en temas de gestión y asociativos
A/ Cargos gubernativos:
Decano de los Juzgados de Sant Feliu de Llobregat (1973 a 1978).
Decano de las Magistraturas de Trabajo de Barcelona (1981 a 1987):
Se inició el primer proyecto oficial de informatización judicial con apoyo del CGPJ y con cargo inicial a su propio presupuesto (Acuerdo Pleno 8-I-1982), lográndose, entre otros extremos, la informatización del reparto de demandas, en sistema luego implantado en otros Juzgados de lo Social.
Se constituyeron Comisiones de trabajo con participación de los colectivos implicados (Magistrados, Secretarios, Abogados, Graduados Sociales, Centrales Sindicales, etc.).
Se amplió el horario de trabajo, se aumentó el número de Juzgados y edificios destinados a los mismos, se logró la adscripción de Médicos Forenses en fórmula luego reflejada en la LPL. Una información de lo realizado se refleja en diversos artículos periodísticos (p.ej., «El País», 6-XII-1992, pag. 37).
Para hacerme cargo proyecto de Magistratura de Ejecuciones instado por CGPJ (Acuerdo Pleno 17-XII-1986), a partir de 25-II-1987 estuve destinado en la Magistratura de Trabajo nº 23 de Barcelona dedicada exclusivamente al conocimiento de procesos de ejecución.
En 7-VII-1992, nombrado Magistrado Sala Social TSJ/Catalunya y en noviembre-1996, designado Magistrado del Tribunal Supremo, destinado actualmente en su Sala de lo Social.
B/ Cargos asociativos:
En la Asociación JpD he sido, durante distintos períodos, uno de los coordinadores de la Sección Territorial de Catalunya, y a nivel estatal, miembro del Secretariado de JpD (años 1993-1994).
C/ Estudios sobre temas orgánicos y organizativos:
Entre otros, sobre: a) «Causas que inciden en el anormal funcionamiento de la Justicia» («Primeres Jornades sobre L`Administració de Justicia a Catalunya», Montserrat, junio 1983); b) «La experiencia informática en Magistraturas de Trabajo» («Gestión Automatizada en el Ámbito de la Justicia», Barcelona, 1983); c) «Relaciones de la Administración de Justicia con las Comunidades Autónomas» («Estudis sobre el Projecte de Llei Orgànica del Poder Judicial», Barcelona 1985); d) «Servicios comunes y juzgados de ejecuciones» («JpD. Información y Debate», nº 2, 1987).
3. Puntos de reflexión
Como algunos puntos de reflexión para, en su caso, convertir en ideas básicas a defender en un futuro CGPJ, os formulo los siguientes:
1.- Asunción del «programa de mínimos» efectuado por el Secretariado de Jpd en relación con los postulados del «Pacto de Estado sobre los principios, objetivos y procedimientos que han de conformar un nuevo modelo de Justicia, y sobre las acciones y los medios que es preciso impulsar para hacerlo realidad».
2.- Parlamentos y Grupos parlamentarios: no es necesario destacar que las diversas leyes, estatales o autonómicas, vigentes o en proyecto, – y aun dejando aparte su contenido y principios -, inciden o pueden incidir en el funcionamiento normal de la justicia (redacciones oscuras, contradicciones, lagunas, atribución de funciones no estrictamente jurisdiccionales, procesos fingidos por exigencia legal de su planteamiento, defectuosa delimitación entre los distintos órdenes jurisdiccionales, tablas de derogaciones, ajuste de las normas al tiempo de aplicación, reparto de carga de trabajo y dotación medios acorde con variación, etc.), el CGPJ debe realizar una política de dialogo y colaboración con los diversos Parlamentos y Grupos parlamentarios en todos aquellos temas que afecten al funcionamiento normal de la justicia.
3.- Administraciones públicas y control jurisdiccional: instar una reforma de los textos procesales que permitan un efectivo control jurisdiccional de los «actos masa» de la Administración Pública, eliminando la ficción actual de que se logra la tutela judicial efectiva combatiendo aisladamente cada ciudadano o beneficiario de la Seguridad Social los actos concretos que le afectan, lo que, además, genera múltiples supuestos de desigualdad y numerosos litigios.
4.- Coordinación de las diversas Administraciones estatal y autonómicas con competencias en personal y medios de la administración de justicia: debe realizarse un esfuerzo para superar las disfunciones derivadas de la diversa dependencia funcional de los quienes prestan servicios en los órganos judiciales y de las distintas fuentes de dotación de medios, debiendo asumir con tal fin el CGPJ, en colaboración con las Salas de Gobierno u otros órganos especializados que pudieran crearse en las distintas CC.AA., la función de velar por la coordinación, el planteamiento y desarrollo de unas líneas básicas de política judicial en temas de trascendencia común.
5.- Medidas de fomento: la política sancionadora y la de destacar la falta generalizada de confianza de los ciudadanos con la justicia no es la única que debe seguirse; existen órganos judiciales que funcionan muy correctamente y, en algunos casos, las demoras pueden deberse a causas externas a los integrantes de aquellos; debe destacarse lo «bueno» y fomentar su persistencia e imitación.
6.- Sociedad: impulsar, en colaboración con las diversas Administraciones, una política sobre enseñanza e información de lo que es la justicia y su funcionamiento en nuestro ordenamiento jurídico.
7.- Medios de comunicación: suministro rápido, actual y pormenorizado de todos aquellos datos que permitan informar a la opinión pública del concreto contenido y alcance de las resoluciones o actuaciones judiciales.
8.- Profesionales intervinientes en la administración de justicia y Colegios Profesionales: dialogo para evitar disfunciones mutuas, colaboración e implicación en una política judicial común.
9.- Secretarios judiciales, oficiales, auxiliares, agentes y restante personal judicial: dialogo para conocer su problemática y proyectar una política judicial común.
10.- Asociaciones judiciales: presencia institucional en determinadas comisiones del CGPJ y en aquellos otros ámbitos afectantes a la justicia, «negociación colectiva» en materia de condiciones de trabajo, estatuto del asociado y del representante asociativo.
11.- Presidencia de Sala de tribunales: la función de un Presidente de Sala es muy importante para el eficaz funcionamiento de ésta y para la motivación y rendimiento de sus integrantes, debería, como mínimo, oírse democráticamente a los integrantes de la Sala antes del nombramiento y establecerse que tales cargos no tuvieran carácter vitalicio. La práctica evidencia que no siempre el más antiguo en el escalafón, aunque pudiera ser un excelente jurista, resulta el mejor presidente.
12.- Formación e informatización: dejando aparte la exigencia de completar la informatización de la oficina judicial, debe complementarse de forma trascendente la importante labor de formación que inició el CGPJ mediante la utilización también de las nuevas tecnologías. Los jueces deben disponen, donde quiera que tenga que realizar su labor de elaborar resoluciones, de un acceso informático a su oficina judicial y a bases de datos judiciales y extrajudiciales, pero además, debe efectuarse una política de formación, especializada por materias, con actualizaciones diarias doctrinales, normativas y jurisprudenciales.
13.- Especialización: es criticable la actual falta de relación entre la formación y la especialización. Falta de una política de fomento de la permanencia de los Jueces en las distintas jurisdicciones con incidencia en su especialización y en la preferencia para ocupar plazas en su concreto orden jurisdiccional. Es irracional el actual sistema de especialización, de marcado carácter memorístico y sin valorar los concretas actuaciones judiciales que realizan quienes optan a especializarse en la jurisdicción en la que ya prestan servicios. Eliminar el castigo que supone para los nombrados especialistas el cambiarles de destino de estar ya adscritos al orden jurisdiccional en que se han especializado.
14.- Oficina judicial: en curso de finalización la reforma procesal en los distintos órdenes jurisdiccionales ha llegado ya el momento de abordar un radical cambio en la estructura, organización y funcionamiento de la «oficina judicial», de lo que depende, en un porcentaje muy importante, la eficacia de la administración de justicia, la motivación y rendimiento de sus integrantes y la imagen externa de la justicia.
15.- Medios humanos: el órgano judicial no está integrado exclusivamente por el Juez; en el equipo de trabajo judicial sus diversos integrantes deben actuar con una distribución clara y realista de sus respectivas y verdaderas funciones (acordes con su formación especializada) y responsabilidades. Se debe motivar y fomentar su eficaz actuación, su derecho a una retribución digna con incidencia en la cantidad, calidad y eficacia del trabajo realizado. El CGPJ debe instar e impulsar las medidas oportunas en colaboración y coordinación con los secretarios judiciales, oficiales, auxiliares, agentes y otros colectivos afectados, sindicatos, Parlamentos y Administraciones públicas con competencias en la materia.
Muchas gracias por tu atención. Un afectuoso saludo.
Fernando Salinas Molina