- Formar un grupo de trabajo que desarrolle la idea de “carrera profesional” para los jueces y las juezas, teniendo en cuenta que por razón de la materia la Comisión de lo Contencioso Administrativo está especialmente formada por razón de la materia.
- Vigilar de cerca que sucede en la Comisión Pedagógica del CGPJ, que es la que aprueba los cursos de formación que luego se imparten, debiendo imponer mecanismos de transparencia.
- Estudiar la posibilidad de crear una figura independiente que tenga legitimación para impugnar acuerdos del CGPJ y un órgano de garantías frente al propio CGPJ y sus órganos técnicos para los jueces y juezas.
- Instar la modificación de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa de 1998 (LJCA) para que se establezca definitivamente una doble instancia real y efectiva frente a las sanciones administrativas.
- Instar la modificación de la LJCA para modificar los requisitos de postulación y defensa, eliminando barreras para la impugnación de las sanciones de bagatela, permitiendo una respuesta ágil. Es absurdo que para recurrir una multa de 50 euros se exija abogado, celebrándose el mismo juicio, y por los mismos trámites, que para una multa de 30.000 euros.
- Instar a quien competa (entendemos que al legislador) para que clarifique si existe, y en su caso regule, el derecho a la huelga de jueces y juezas. Se trata de evitar situaciones de secuestro del ciudadano mediante normas claras y transparentes.
