La asociación Juezas y Jueces para la democracia venimos denunciando desde hace tiempo la situación de vulnerabilidad extrema en que se encuentran las personas migrantes que se trasladan de sus países hacia Europa debido a la situación de guerra y/o crisis humanitaria que sufren en sus hogares. El drama de los/as refugiados/as ha supuesto una crisis en la concepción de Europa como un espacio común fundado sobre valores de dignidad humana, igualdad y solidaridad.
Ni las instituciones europeas ni los Estados Miembros han estado a la altura. Frente a la inacción de los gobiernos europeos nos encontramos con organizaciones como Open Arms dedicada a labores esenciales de vigilancia y salvamento, que ha salvado miles de vidas en el mar. Recientemente el barco de Open Arms llegó a España con 310 personas rescatadas, pues los países más cercanos al lugar de rescate (Italia, Malta) incumplieron sus obligaciones internacionales y negaron el acceso a sus puertos a Open Arms.
El día 8 de enero de 2019 el barco de Open Arms debió haber salido del puerto de Barcelona rumbo a la zona SAR de Libia para continuar con su labor esencial de vigilar el Mediterráneo. Sin embargo Capitanía Marítima, dependiente del Ministerio de Fomento, ha bloqueado el buque en el puerto de Barcelona alegando que pese a no ser imputable al propio barco, con su último regreso a España se incumplieron diversos preceptos de la normativa marítima. Como medida preventiva y para evitar futuros incumplimientos, deniega la salida hasta que no se garantice que existe un acuerdo para el desembarco de los auxiliados con las autoridades responsables de las zonas SAR concernidas, algo que difícilmente ocurrirá, pues ni Italia, ni Libia, ni Malta facilitan estos acuerdos.
El incumplimiento habitual del resto de países de su deber de auxilio no puede atribuirse a quien precisamente presta ese auxilio. Con el bloqueo del buque no está en juego únicamente su derecho a navegar sino que se pone en riesgo la vida de las personas migrantes a quienes rescata Open Arms ante la pasividad de quienes están obligados a actuar en virtud del derecho internacional humanitario.
Solicitamos que los incumplimientos de terceros Estados sean denunciados por España al órgano competente para su sanción y que, entretanto, nuestro país colabore activamente con el respeto de los derechos humanos, contribuya a solucionar la crisis humanitaria en que estamos inmersos en vez de entorpecerla y no impida la labor de quienes salvan vidas en el mar.
EL SECRETARIADO