Ignacio González Vega, portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia
“La sentencia de ‘La Manada’ requiere que la ley se clarifique”
Ante el vencimiento del mandato de la cúpula del CGPJ, Juezas y Jueces para la Democracia urge a los partidos a cerrar un acuerdo para su renovación, una vez naufragado el anterior por la filtración del famoso ‘whatsapp’ del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó. Una fumata blanca que parece complicada hoy por hoy, por lo que el portavoz de la organización, Ignacio González Vega, explica a EL SIGLO que “si no hay acuerdo de los partidos, sería una buena solución que los vocales renunciaran para facilitar la renovación del CGPJ”. Sobre la sentencia de ‘La Manada’, González Vega señala que “va a requerir la intervención del legislador”, con el objetivo de “determinar si esto debe ser considerado agresión sexual o no”.
¿Qué recepción ha tenido la propuesta de Juezas y Jueces para la Democracia de que renuncien los vocales del CGPJ entre los propios vocales?
Hemos hablado con algunos, pero, en definitiva, es una decisión personal de cada uno. Nosotros creemos que la primera opción es que las fuerzas parlamentarias lo renueven en plazo. Y si ellas no adoptan las diligencias pertinentes, sería una buena solución que los propios vocales renunciaran para facilitar la renovación.
¿Cree que finalmente habrá acuerdo entre los partidos para la renovación del CGPJ? ¿Cuál es su intuición?
Más que intuición, mi deseo es que se renovara lo más pronto posible, al menos en enero. Una vez pasadas las elecciones andaluzas, sería interesante que los partidos se pusieran de acuerdo. La renovación en plazo evita un descrédito de la Justicia.
Algunas informaciones apuntan a un enfrentamiento total en el seno de la cúpula judicial, en el que cada pleno del consejo es casi una guerra.
Es verdad que lo he leído, aunque no sé si, efectivamente, hay ese dramatismo. Lo que sí es verdad es que hemos visto algunos nombramientos en el último pleno que son contrarios a las propuestas que habíamos hecho las siete asociaciones de jueces y fiscales, en las que exigíamos transparencia y que prevaleciera el mérito y la capacidad sobre otras cuestiones, como las afinidades políticas.
¿A qué nombramientos se refiere, para quien no los conozca?
Por ejemplo, al nombramiento del presidente de la Audiencia Provincial de Madrid [Juan Pablo González, elegido en el pleno del CGPJ del pasado 30 de noviembre gracias al voto del presidente, Carlos Lesmes, que desequilibró el empate entre los diez votos de González y los diez que recibió Ana Mercedes del Molino] de donde fue palmario que los méritos y la capacidad de la compañera hacían que hubiera debido ser ella la nombrada finalmente.
¿Bajo qué criterios se relega a esa buena candidata a favor de su rival?
Nosotros sostenemos que bajo criterios de afinidad política y de amistad.
¿Hay que reformar la elección del CGPJ?
Hay que reformar el sistema de elección de los vocales.
¿En línea con lo que ha propuesto el PP en el Senado para que 12 de los 20 vocales los elijan los jueces?
Esa iniciativa del PP es oportunista, del todo oportunista, porque ellos han tenido la mayoría absoluta y pudieron hacerlo en su momento. En todo caso, lo que es muy polémico es el mensaje de wasap del portavoz del grupo parlamentario en el Senado [Ignacio Cosidó], donde se pone de manifiesto el intento de una fuerza política por hacerse con el control del poder judicial.
Hay quien señala que ese wasap es un boicot desde el seno del PP al acuerdo con el Gobierno para la renovación del CGPJ.
En cualquier caso, ese wasap es el que es. A partir de ahí, que se haya difundido a terceras personas y haya dinamitado el acuerdo es otra cuestión. Pero el wasap recoge hechos que son francamente reprobables. Y no puede ser que haya ese intento de controlar el Poder Judicial.
¿Por dónde debe ir la reforma del sistema de elección de los vocales del CGPJ?
Con un sistema en el que sean elegidos por los propios jueces y magistrados, pero con representación de las minorías y con respeto a la paridad de género. Pero las reglas concretas sobre la normativa serían discutibles.
¿Sería entonces un sistema en el que los partidos no tendrían el poder de decisión que tienen ahora?
En principio, no, no tendrían ese poder de decisión. De todas maneras, nuestro mensaje, hoy por hoy, es que el Consejo se tiene que renovar con arreglo a la normativa vigente y en plazo. Y eso exige que sea ya.
¿Cómo valora lo sucedido con la sentencia sobre los impuestos de las hipotecas?
No voy a entrar en el contenido de la sentencia, pero la gestión fue desacertada por parte del Tribunal Supremo. El hecho de que primero se haya dictado sentencia por una sección y, después, haya llegado al Pleno era una cosa inédita. Ninguna sentencia se había abocado al Pleno para cambiar un criterio.
Otro de los nombramientos polémicos a los que se refería antes ha sido el de Luis Díez-Picazo al frente de la sala tercera del Supremo. Algunos análisis lo consideran como un intento de Lesmes de que alguien afín a él pueda tener la última palabra sobre los hipotéticos indultos a los presos catalanes.
No entro a valorar eso. Lo que digo es que ese nombramiento fue polémico. Frente a un candidato con experiencia, un profesor de universidad que lleva muy poco tiempo en el Tribunal Supremo no parece que sea lo más acertado.
¿Cómo valora la sentencia sobre el caso de La Manada?
Es un tema polémico, la distinción entre intimidación y prevalimiento. Los propios magistrados lo dicen en esta sentencia y, muy probablemente, sea el Tribunal Supremo el que se tenga que pronunciar. Creemos que va a requerir la intervención del legislador para clarificar esos conceptos o, en su caso, determinar si esto debe ser considerado agresión sexual o no. Es evidente que aquí se parte de la ausencia de consentimiento de la víctima, pero creo que lo más importante es que sigue siendo un tema polémico. De hecho, la sala está dividida tres a dos, con las consecuencias que ello trae.