Mas allá de la dinámica interna de la propia asociación, Juezas y Jueces para la Democracia se caracteriza por su decidida vocación de apertura a la sociedad. La asociación judicial no es un partido político ni tampoco un sindicato. En consecuencia, no puede limitarse a las reivindicaciones de tipo corporativo pero tampoco puede entrometerse en asuntos de política general. Cierto es que el juez en cuanto miembro de una comunidad, no le es indiferente el entorno político, económico, social o cultural en el que se integra. “La indiferencia es el peso muerto de la historia”, como señalaba Gramsci. En este sentido, las asociaciones de jueces deben abrirse a la sociedad y a sus problemas.
En este documento abordaremos las relaciones externas de la asociación (con el resto de asociaciones judiciales y de juristas, colegios profesionales, organizaciones no gubernamentales, centrales sindicales, agrupaciones políticas, movimientos sociales) así como la política de comunicación, omitiendo lo referido a la participación institucional (Ministerio de Justicia, CGPJ) de la asociación que es abordada en otra ponencia.
- Las relaciones externas de la asociación
En nuestro país, los jueces en servicio activo no pueden desempeñar otros cargos públicos ni pertenecer a partidos políticos o sindicatos a diferencia de lo que acontece en países de nuestro entorno como Alemania, donde los jueces pueden estar afiliados a organizaciones políticas, o en Francia o en Portugal que permiten su sindicación. Para compensar esa limitación en sus derechos políticos y de defensa de sus intereses profesionales, el artículo 127 de la Constitución reconoce a los jueces el derecho de asociación. Es la peculiar forma que tienen estos de participar en el ámbito público sobre la política judicial. Derecho que forma parte de su también peculiar estatuto profesional.
Frente a aquellas asociaciones judiciales con un marcado acento corporativo, limitadas casi en exclusiva a la defensa de las condiciones profesionales de los miembros de la carrera judicial, JJpD asume otros retos no menos importantes como la defensa de la independencia judicial, el diseño de la política judicial –que obviamente no es patrimonio de los jueces- o la promoción y garantía de los derechos fundamentales. A tal fin debemos de mantener relaciones no solamente con las otras asociaciones judiciales sino también con organizaciones y movimientos sociales, tanto desde el cauce institucional como extrainstitucional.
Cuando se oyen voces dentro y fuera de la carrera judicial reclamando la unidad asociativa parecen olvidar que, a diferencia de otros países, como Portugal o Italia, en nuestro país no fue posible la coexistencia de diferentes sensibilidades dentro de la originaria APM. En la actualidad, sin perjuicio de esa pluralidad, fiel reflejo de la diversidad existente en la sociedad española, las cuatro asociaciones judiciales compartimos unos valores comunes que dimanan de la Constitución. Y la unidad de acción entre las cuatro asociaciones viene referida fundamentalmente a las reivindicaciones sobre las condiciones profesionales a través de la Comisión Interasociativa Permanente (CIP). El trabajo conjunto se ha plasmado en el documento “Propuestas para la mejora de la Justicia” de 16 de junio de 2017.
Pero mas allá de su vertiente sindical, el asociacionismo judicial –incluso a nivel internacional a través de organizaciones como MEDEL- ha de asumir unos retos que den respuesta a los problemas de nuestro tiempo, a saber: a) La defensa de la independencia judicial, tanto externa (frente a presiones sobre todo del gobierno y políticas) como interna (frente a las injerencias del interior de la propia judicatura), la imparcialidad así como la responsabilidad del juez como contrapartida de estos derechos fundamentales; b) La democratización del poder judicial, tanto en la selección de sus miembros, conforme a las exigencias del modelo de juez constitucional, combinando el turno libre con vías de acceso laterales que incorporen otros perfiles profesionales que enriquezcan la magistratura, como en las condiciones para el ejercicio de la profesión; c) Contribuir a la promoción de las condiciones que hagan efectivos los valores ínsitos en el ordenamiento constitucional y la defensa de los derechos humanos reconocidos universalmente, tan cuestionados en los últimos tiempos; d) Y como especificación de lo anterior, promover el derecho a la tutela judicial efectiva que asiste a toda persona, y sobremanera a los colectivos mas vulnerables; e) Favorecer el control democrático del poder judicial por la sociedad. Se ha de defender la crítica a las resoluciones y actuaciones judiciales. En este punto, es clave el papel de los medios de comunicación que, en palabras del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, constituyen el “perro guardián de la democracia”; y finalmente f) la defensa los derechos de las minorías, y en particular de los migrantes y los más desfavorecidos. Objetivos todos ellos recogidos en términos similares en nuestros Estatutos como fines de la asociación (artículo 2).
Estos son los postulados de JJpD. Este discurso propio no puede verse desdibujado ante una unidad asociativa excesivamente neutra y limitada casi en exclusiva a cuestiones estrictamente corporativas.
Para hacer realidad aquellos objetivos, la asociación ha de tener un mayor protagonismo, sin excluir el ámbito político, en asuntos relacionados con el ejercicio de la función jurisdiccional y especialmente en aquellos que afecten a los derechos fundamentales. La realización de actividades encaminadas al servicio de la Justicia en general, uno de los fines asociativos señalados en el artículo 401 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, legitima a esta para participar no solamente en el diseño de la política judicial sino también para intervenir en la actividad legislativa que pueda incidir en el aplicador judicial. El protagonismo de los jueces en la lucha contra la corrupción o en la protección de los consumidores puede constituir ejemplos ilustrativos.
En este punto es fundamental mantener relaciones con las formaciones políticas para transmitir nuestra visión sobre los diferentes problemas de la Justicia, con las centrales sindicales, movimientos sociales y con otros profesionales del mundo de la Justicia.
Así mismo, como asociación comprometida en la sociedad, se pretende seguir conociendo las diversas realidades que la conforman, dando especial relevancia a aquellas caracterizadas por situaciones de vulnerabilidad y precariedad.
El año pasado hemos organizado jornadas tan variadas como: “Libertad versus seguridad o cómo afrontar los nuevos retos del estado de derecho”, “El CETA y los tratados comerciales: consecuencias y resistencias”, “Derecho e inmigración”, “Libertad de expresión y redes sociales”, “Foro Pedro Zerolo contra la homofobia” y “Dignidad frente a seguridad: la proscripción de la tortura”, entre otras.
En cuanto a las organizaciones y asociaciones con las que hemos mantenido contacto y colaboración, figuran colectivos como: Ecologistas en Acción, Greenpeace, Amnistía Internacional; Rights International Spain, con quien hemos dirigido una carta al Relator Especial de la ONU sobre la independencia de los jueces y abogados, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, la plataforma “No somos Delito”, la Coordinadora contra la Tortura, la Asociación Libre de Abogadas y Abogados, la Comisión de Memoria Histórica y la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME).
Y se participa de forma permanente en la confluencia “Fronteres i Drets” en Catalunya, junto a otras organizaciones juristas progresistas como UPF, SISEJ, ACJD, y Comisión de Defensa del ICAB.
En resumen, el papel de la asociación en la actualidad se acrecienta. Junto a sus cometidos tradicionales los problemas que plantea la sociedad actual exige un mayor protagonismo de aquella partiendo del modelo de juez constitucional. Es un hecho cierto, y así lo revelan los estudios de opinión, el incremento de la confianza ciudadana en la Justicia como garante última de sus derechos y libertades frente a los abusos del poder, y eso exige un mayor compromiso de JJpD
- La política de comunicación de la asociación
Es fundamental dar a conocer a la sociedad aquel ingente trabajo desarrollado por la asociación así como nuestro propio discurso, participando en el debate público sobre asuntos jurídicos de actualidad con la emisión de comunicados y notas de prensa amén de la labor de carácter pedagógico sobre la importancia de la independencia judicial, el sistema jurídico-constitucional y el respeto a los derechos fundamentales.
La difusión se realiza a través de los medios de comunicación (televisiones, radios, periódicos y todo tipo de publicaciones impresas y digitales) y las redes sociales.
Es innegable que nuestra presencia en los medios –a través de la portavocía y de los coordinadores territoriales- y en las redes sociales es muy superior a nuestra representación en la carrera judicial.
En las redes sociales, junto con el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), somos con bastante diferencia la asociación de juristas con mayor número de seguidores de nuestro país y estamos a enorme distancia del resto de asociaciones judiciales. Así, a fecha 10 de marzo de 2018, nuestro perfil de Twitter cuenta con 51.626 seguidores, muy por delante de APM (3.257), AJFV (4.631) y FJI (6.098). Y tenemos 20.961 seguidores en nuestro perfil de Facebook, muy superior a APM (208), AJFV (1.919) y FJI (1.468). Ello permite relacionarse directamente con la sociedad, sin la intermediación de ningún medio de comunicación, al tener la potencialidad de que una información de la asociación, con nuestro propio enfoque, pueda ser conocida a través de la redes por miles de personas.
| JJpD | 51.626 | 20.961 |
| APM | 3.257 | 208 |
| AJFV | 4.631 | 1.919 |
| FJI | 6.098 | 1.468 |
Datos a fecha 10 de enero de 2018