El 24 de mayo de 2013, en el 28 Congreso de nuestra asociación, se adoptó el siguiente acuerdo:
En las actuales circunstancias y en la medida en la que el gobierno ha presentado en el Parlamento una reforma del sistema de elección, funcionamiento y competencias del Consejo General del Poder Judicial, que supone una burla a las reglas democráticas que ha suspendido de modo absolutamente injustificado el proceso natural de renovación, imponiendo un modelo no consensuado de Consejo que responde a intereses partidistas y al objetivo de someter al CGPJ a un inequívoco control por parte del poder ejecutivo, el 28º Congreso de la asociación judicial Jueces para la Democracia ha decidido no participar en el proceso interno dirigido a proponer candidatos para la renovación del Consejo, condicionando la futura participación a la derogación de la ley que ha suspendido el proceso electoral iniciado con arreglo a la legislación vigente y se retire del Parlamento el proceso de reforma legislativa en curso de una institución tan trascendental para el funcionamiento del Estado de Derecho como es el CGPJ.
Con anterioridad a este acuerdo la asociación proponía sus candidatos a Vocales en el CGPJ procediéndose a un sistema de votación entre los/as asociados/as. La justificación para la adopción de este acuerdo consistía en que la asociación no podía participar en el nuevo CGPJ, se trataba de un acto simbólico de protesta, pretendiendo la desvinculación de Juezas y Jueces para la Democracia de esta institución. Sin embargo la realidad ha evidenciado que frente a la carrera judicial y a la opinión pública Juezas y Jueces para la Democracia ha estado presente y representada en el CGPJ. A título individual 12 compañeros/as de la asociación, en su legítimo derecho, se presentaron como candidatos/as en 2013, siendo finalmente elegidos 5 asociados/as.
A las puertas de la próxima renovación del CGPJ, y sin que se haya producido la modificación legislativa cuestionada, pero que sí ha sido santificada por el Tribunal Constitucional, surge la inquietud sobre si nuestra asociación debe, o no, participar, en la forma legalmente establecida, en la conformación del próximo CGPJ, lo que nos abre la posibilidad de reflexionar, nuevamente, sobre la participación de la asociación en las instituciones, especialmente en aquellas más directamente relacionadas con la carrera judicial como es el CGPJ y los órganos de gobierno del poder judicial.
Varios de los fines de la asociación que se contemplan en el art. 2 de sus estatutos, tendrían mejor realización mediante la intervención de la asociación en los órganos de gobierno del Poder Judicial. Ciertamente, para ello sería necesario que jueces y juezas integrantes de la asociación accedan a los órganos de gobierno del poder judicial en defensa de los valores y fines asociativos en relación a la carrera judicial, lo que exige la participación en los mecanismos de acceso.
Lo anterior debería complementarse con el establecimiento, respetando la ausencia de un mandato imperativo, con una relación, por definir, entre los jueces y juezas que lleguen a ser nombrados en los órganos de gobierno y la asociación, con la intención de facilitar la implantación de los valores y fines asociativos en los órganos de gobierno en los que se participe, manteniendo una vía de comunicación transparente. Pocas dudas quedan de que los actos u omisiones de quienes, siendo miembros de la asociación, acceden a órganos de gobierno del Poder Judicial, de una u otra manera son puestos en relación con la asociación y repercuten en ella y en ellos/as en un sentido bidireccional. Por ello sería conveniente establecer canales de comunicación.
El sistema electoral en todos los órganos de gobierno no es favorable, desde una perspectiva meramente cuantitativa, a una asociación judicial no mayoritaria como juezas y jueces para la democracia, pero tenemos el convencimiento de que aquellos asociados/as que han sido designados para formar parte del Consejo General del Poder Judicial u otros órganos de gobierno del Poder Judicial, o incluso en el marco de los poderes legislativo o ejecutivo, ha sido debido no solo a la confianza que despierta su valía personal y profesional, sino también su pertenencia a una asociación judicial que defiende determinados valores y fines, y cuya pertenencia a la misma expresa su identificación con aquéllos.
No albergamos duda alguna de que, es precisamente a través de las instituciones, la forma en que también se puede producir una influencia efectiva de la propia ideología de la asociación, de sus fines y objetivos, procurando, si cabe, trascender hacía la propia sociedad civil, la forma de concebir no solo el Poder Judicial sino la misma sociedad de la que éste es una parte relevante en pro de la libertad y la democracia. No en vano nuestra asociación, además de la defensa de los intereses profesionales, ha priorizado, como evidencian sus estatutos, las cuestiones relativas a derechos y libertades.