La Ley de Extranjería 4/2000 (en vigor desde el 1 de febrero) aún no ha tenido tiempo para desplegar sus efectos beneficiosos y ya se apuntan por el Gobierno reformas restrictivas de derechos que aumentará la marginalidad de los inmigrantes. Ante la anunciada reforma de la ley, JUECES PARA LA DEMOCRACIA hace una llamada de atención a las fuerzas políticas y a la sociedad para que no se retroceda en el respeto a los derechos y libertades de los inmigrantes. Sólo una política de integración social y de reconocimiento de derechos evitará conflictos raciales, como los recientes de El Ejido. Por ello se rechaza la reforma pretendida y se realizan los siguientes pronunciamientos:
Primero.- No a la distinción entre “ inmigrantes legales” e “inmigrantes ilegales”. Los llamados “inmigrantes ilegales” que viven en España deben disfrutar de los derechos inherentes a la dignidad de la persona: como derecho a la sanidad, prestaciones económicas básicas de Seguridad Social, no discriminación por razón de raza, sexo, o religión, y tutela judicial efectiva.
Segundo.- Debe mantenerse el control judicial sobre la denegación de visados y sobre la actividad de policía de control y rechazo en fronteras. La discreccionalidad del Gobierno en la concesión de visados, no debe ni puede estar ajena al control de los Tribunales. Tal decisión legislativa supondría una injustificada excepción al principio constitucional de pleno sometimiento de la actuación de la Administración al control judicial. (Art. 106 C.E.). Sólo sería admisible la reforma de la ley para dar certeza jurídica a los inmigrantes evitando los excesos de la Administración.
Tercero.- Debe mantenerse la figura de la “regularización permanente”. Por ella se permite legalizar su situación al inmigrante que acredite haber residido dos años en España. La anunciada supresión de esta figura no reducirá el flujo de inmigrantes. El flujo se mantendrá -responde a la pobreza de los países de origen- y los inmigrantes se verán obligados a esperar largos años hasta obtener los “papeles” necesarios para vivir como personas; aumentará la marginalidad y se reactivarán los focos de conflictos raciales de los que hemos tenido cumplida muestra. Si se reforma la ley, deberá evitar las situaciones de explotación laboral que se originan al no fomentarse suficientemente la contratación regular.
Cuarto.- Se debe perseguir y desmantelar las mafias organizadas que se lucran a costa de los inmigrantes económicos.
Quinto.- La existencia de una prestación de servicios por cuenta ajena debe producir efectos legales plenos conllevando la regularización de la condición del extranjero con efectos retroactivos.
Gijón, 9 de junio de 2000
SECRETARIADO SALIENTE