Además de la negociación en materia de retribuciones, se han verificado otras actuaciones en el área sindical, con la finalidad atender las reclamaciones de los propios asociados y de continuar planteando las reivindicaciones que habían sido aprobadas en los últimos Congresos y en particular en la CARTA DE DERECHOS DE LOS JUECES que se aprobó en el Comité Permanente celebrado en Mahón.
Un instrumento fundamental para la difusión de nuestras posiciones ha sido el Boletín Informativo editado por el Secretariado, que pretende ser el elemento esencial, aunque no el único, de comunicación con los jueces y magistrados integrantes de la carrera judicial. Se ha logrado cierta regularidad en su edición, ya que aparecen tres números al año. Desde el Congreso de Toledo se han editado los números 22 (noviembre 1998), 23 (marzo 1999), 24 (junio 1999), 25 (octubre 1999), 26 (enero 2000) y 27 (abril 2000).
La dificultad para su edición es notable. Aún no se ha conseguido que la publicidad permita su financiación completa, por lo que es precisa una inversión de los fondos asociativos que siempre se ha considerado esencial por la presencia que supone para la asociación no sólo entre los miembros del colectivo judicial, sino en otros ámbitos influyentes, como la abogacía, profesionales del derecho, universidad, parlamentarios, sindicatos, organizaciones progresistas, bibliotecas jurídicas.
Por otro lado las colaboraciones no son todo lo numerosas que sería necesario, aunque se ha procurado que el tono general suponga cierto equilibrio entre las preocupaciones estrictamente sindicales y la reflexión y teorización sobre las cuestiones fuertes que planean en la política judicial.
Además se ha utilizado la comunicación directa, vía postal, con los miembros de la carrera judicial. Han sido varias las misivas dirigidas por el Secretariado en este apartado, muchas veces concretadas al colectivo de los afectados por alguna medida. Así se han dirigido las comunicaciones siguientes:
- Los miembros de la carrera judicial con categoría de juez, explicando las razones de nuestra reclamación de la supresión de las categorías retributivas 8ª y 9ª (enero 2000).
- Se ha ofrecido información y la posibilidad de presentar recurso en materia de reclamación de indemnizaciones por guardias (octubre de 1998), que tuvo una gran acogida, ya que numerosos afectados contactaron con la asociación a tal fin.
- Toda la carrera judicial informando sobre el resultado de la negociación retributiva.
- También se explicaron las razones por las que no se concurría a las elecciones a Salas de gobierno
Se ha defendido en diversas ocasiones la unificación de las categorías judiciales, reclamando la supresión de la categoría de juez. Así se ha solicitado al Ministerio de Justicia, el CGPJ y en el propio boletín, en el que varios compañeros han reclamado esta medida presentado diversos argumentos. Por un lado, afecta a la calidad el servicio, pues los juzgados se encuentran sin jueces titulares ante la larga situación de interinidad.
Se denunció igualmente el escaso número de jueces que existe en nuestro país en relación a la media europea, el que la relación numérica magistrado/juez sea una pirámide invertida, o el que se pretenda por esta vía solucionar la cobertura de ciertas plazas poco apreciadas, en vez de atajar las causas que provocan que ciertos órganos no sean solicitados.
Esta ha sido una importante reclamación de nuestra asociación, respecto de la que las demás asociaciones guardan un clamoroso silencio, pese a la enorme expectación que genera entre los afectados, a los que, quizá, no hemos sido capaces de hacer llegar este mensaje de forma personal, a través de los distintos responsables de cada territorio, pese a que podía haberse constituido en un banderín de enganche o al menos en una reivindicación que acercase a muchos jueces a la asociación.
No obstante, las peticiones se mantienen, y en la actualidad acaba de conseguirse la suspensión cautelar del ascenso forzoso de una de nuestras asociadas, que planteó tal reclamación a la Sala de lo Contencioso del TSJ de Madrid.
En materia disciplinaria se han atendido todas las reclamaciones de compañeros afectados por diversas causas en expedientes de este tipo, realizándose diversas labores de asesoría, que en algunos casos llegaron a precisar asistencia jurídica, y otras intervenciones en diversas instancias en defensa de nuestros asociados.
Se ha insistido en varias ocasiones sobre la deficitaria situación de los jueces de pueblo, que se denunció ante el CGPJ. Aunque la iniciativa de las reuniones de este tipo no se ha concretado más que en Madrid, hemos mantenido las reclamaciones sobre la necesaria mejora de su situación profesional. El Congreso de El Escorial reclamó la presencia del fiscal en los juzgados más alejados, para paliar la situación de abandono que padecen.
Se ha reclamado, igualmente, la desaparición de las categorías retributivas 8º y 9ª, y su unificación en una sola de 7ª, además de la desaparición de la distinción juez/magistrado.
Por otro lado, se ha mantenido la tensión sobre la cuestión de la retribución de las guardias de presencia en localidades con menos de diez juzgados. Además de las denuncias que se realizaron en cada momento, poniendo en evidencia la discriminatoria actitud del Ministerio de Justicia, único responsable del impago a los jueces afectados, se planteó una campaña de recursos que ha tenido una importante aceptación.
Ha habido unas cincuenta peticiones por parte de compañeros, asociados o no, de los modelos para plantear la reclamación. Y en la actualidad se cuentan con varios pronunciamientos judiciales favorables que reconocen el derecho a percibir las guardias en las mismas condiciones que secretarios, forenses y funcionarios.
También en cuestiones retributivas se ha denunciado la discriminación de los jueces a los que no se ha satisfecho la compensación por la pérdida de poder adquisitivo de la inflación de 1999. Pese a que siempre se ha manifestado por el Ministerio de Justicia que nuestro trato no puede ser mejor que el del resto de funcionarios, tampoco se nos trata con igualdad, ya que a diferencia de funcionarios y jubilados, los jueces no han percibido la paga que en marzo de 2000 compensó la diferencia entre la inflación real y la previsión gubernamental.
En materia de nombramientos se ha apoyado a los candidatos miembros de la asociación a diversos cargos de responsabilidad, que se ha producido en diversas instancias y momentos, respondiendo a peticiones de las secciones territoriales. Así ocurrió con nombramientos como los de Presidentes de TSJ de Murcia, Cataluña, Extremadura o Cantabria, o de las Audiencias Provinciales de Granada, Sevilla, Cantabria… También se apoyó la designación de Carlos Gómez como Director de la Escuela Judicial.
En muchos casos los candidatos asociativos no lograron ser designados. Y en alguno se tomó, incluso, la decisión de recurrir el nombramiento. No obstante el Secretariado siempre ha insistido, cualquiera que fuera el tipo de designación a realizar, que el CGPJ actúe con la mayor transparencia y que motive sus nombramientos, criticando que en muchos casos la elección tuviera más que ver con las relaciones del candidato que son sus méritos y capacidad, o incluso a la pertenencia al orden jurisdiccional en el que debe ejercer la jurisdicción.
Desde el Secretariado se ha planteado también cierta autocrítica ante nuestra escasa capacidad para buscar candidatos a algunos cargos discrecionales, que muchas veces dependen más de sus propios esfuerzos que de las gestiones que debería realizar la asociación. Por eso se acordó hacer un llamamiento a las secciones territoriales para que en estos casos intentemos anticiparnos a las vacantes, comunicándose al Secretariado al objeto de proponer candidatos y de realizar cuantas gestiones sean precisas para asegurar una salida digna a los candidatos de Jueces para la Democracia.