Un grupo de compañeros vinculados a las tareas de formación de jueces*, propone la constitución, dentro de la asociación, de un grupo de trabajo específico que elabore unas conclusiones que puedan servir de línea de actuación de J.D. para la reforma de textos legales sobre selección, formación inicial y formación continua de jueces.
1) JUSTIFICACIÓN
1. La nueva etapa de la E.J., que se inició con la ubicación del centro de formación inicial en Barcelona, se convirtió en un proyecto lleno de ilusión con el impulso hacia la modernización que se le dio por el anterior CGPJ. El trabajo desarrollado por un equipo sólido de profesionales sentó las bases de la necesaria reforma del sistema pedagógico. Hoy este proyecto, tanto en lo que se refiere a la reforma del sistema de oposición y selección, como a la formación inicial y formación continua, se encuentra en una fase de estancamiento. No se han terminado de desarrollar las iniciativas emprendidas y, en ausencia de un modelo propio de formación, la mayoría del actual del CGPJ se ha limitado a realizar actuaciones puntuales dirigidas a neutralizar el impulso modernizador. El sector más inmovilista de la actual mayoría, que es el que controla la política de formación a pesar del empeño empleado por los vocales de la minoría, siempre ha visto con enorme recelo cualquier innovación en materia de selección y formación de jueces.
2. Las normas introducidas en la LOPJ relativas a esta materia por la reforma de 2003 y las actualizaciones reglamentarias que se han diseñado, tienden a sacralizar el sistema de oposición memorística y a recortar la función de la formación inicial, mientras el modelo implantado de formación continua ha agotado sus posibilidades y demanda un urgente impulso renovador.
3. El objetivo que se pretende desde el sector conservador con los leves retoques que se han efectuado al sistema de ingreso en la carera judicial, la supresión del tercer turno y la desnaturalización del cuarto turno, -basta con analizar la convocatoria de la especialidad “civil y penal”-, es la de consolidar un sistema compacto en la selección inicial, que asegure un determinado perfil conservador y elitista de la mayor parte de los aspirantes que optan al ingreso. Respecto al funcionamiento de las dos fases de la formación, la inicial y la continuada, se ha guardado la apariencia de una continuidad formal con las iniciales reformas del anterior Consejo, pero no se ha profundizado en el desarrollo de los sistemas metodológicos que se implantaron en anteriores consejos.
4. Recientemente se ha impulsado la Red Europea de Formación Judicial, que está permitiendo confrontar los sistemas de selección y formación, de cara a generar estructuras de colaboración comunes. El análisis comparativo de la realidad implantada en España respecto a los restantes sistemas europeos, ha puesto de relieve determinadas carencias básicas y estructurales que necesitan una profunda modernización. Por otra parte, el papel que está realizando la E.J. española en la implantación de las nuevas estructuras de formación judicial en diversos países de la Europa del Este, en especial, en la comunidad iberoamericana, y el esfuerzo realizado hasta ahora por la consolidación del Aula Iberoamericana, necesitan que nuestro sistema de selección y formación sea reformado sustancialmente para ofrecer un modelo coherente, profesional y contrastado.
5. El sector progresista del CGPJ está manteniendo con una dignidad encomiable una postura clara de defensa y consolidación de lo que representa para la ciudadanía una Escuela Judicial moderna, abierta al pluralismo y comprometida con los valores de la democracia, los derechos fundamentales y la justicia como servicio público. Mas hay que tener presente que la mayoría conservadora ha impuesto su línea política sin concesiones de ningún género, devaluando en cuanto ha estado a su alcance el proyecto de E.J. del anterior equipo directivo, y mostrando una gran incapacidad para generar ningún tipo de innovación pedagógica.
6. Mientras tanto, se ha abierto el debate de la reforma del sistema de formación para otros colectivos que comparten con el judicial la administración de justicia. El Ministerio de Justicia prepara reformas en los planes docentes destinados a los secretarios y a los fiscales. Se plantea la posibilidad de que se comparta o, cuando menos, exista una estrecha colaboración entre la formación de los jueces y los fiscales, e incluso el Congreso ha aprobado una proposición de ley en este sentido el 21 de septiembre de 2004.
7. Hay que mirar al futuro con optimismo. Para ello nuestra asociación dispone de un importante núcleo de compañeros que están o han estado vinculados por su trabajo o por sus reflexiones a los aspectos de selección y formación. Es preciso realizar un llamamiento a todos, para que se de prioridad a las necesarias reformas en estas materias. Es imprescindible la reflexión colectiva desde nuestra asociación, y la puesta en común de la experiencia acumulada durante los pasados años. Corresponde esta tarea a todos, pero esencialmente a los compañeros que han desempeñado responsabilidades relevantes, tanto como vocales de anteriores consejos, como en funciones de letrados del consejo en selección, en formación inicial y continua, o de profesores de la Escuela Judicial. También a los que han desempeñado funciones de directores de cursos de formación, de coordinadores de la Escuela Judicial en los TSJ, de miembros de la comisión pedagógica o del consejo rector, de impulsores de proyectos de preparación de oposiciones, o de participantes en consultorías en centros de formación judicial de otros países. Obviamente es necesario escuchar la voz de los usuarios del sistema, alumnos de las últimas promociones, tutores y preparadores. Si dedicamos el esfuerzo organizativo que la materia requiere, y de ello depende el futuro de la carrera judicial española, podremos diseñar la línea de actuación asociativa en esta materia para construir un modelo que sirva a las necesidades de nuestra sociedad y de nuestros ciudadanos.
2) PROPUESTA
Que el Congreso de JD se pronuncie en su plenario sobre la necesidad de reformar el sistema de selección, formación inicial y formación continuada de los jueces españoles, y para este fin:
A) Que se constituya una comisión delegada del secretariado sobre esta materia, en la que se puedan integrar cuantos compañeros consideren que pueden aportar reflexiones, experiencias y, en especial, todos aquellos que han trabajado y trabajan en el ámbito de la selección y formación de jueces.
Que dentro de esta comisión, se constituyan los grupos de trabajo correspondientes para analizar cada uno de los grandes temas a debatir:
- El sistema de reclutamiento de nuevos jueces.
- La incidencia de la preparación universitaria “ad hoc” en los postgrados de práctica jurídica que se están diseñando en los planes de reforma universitaria.
- La sustitución del anacrónico modelo de preparadores por un sistema racional de preparación para el acceso a la Escuela Judicial.
- El modelo de formación inicial.
- La conexión entre la formación inicial de jueces y fiscales.
- El modelo de formación continuada.
- El diseño de la planificación docente para el acceso a las diversas especialidades.
- La inserción de las actividades de formación en las relaciones internacionales.
Que se convoque para el primer trimestre de 2006 una conferencia especial, extraordinaria y específica sobre esta materia, a la que se invite a participar la UPF, en la que se expongan los trabajos realizados, se adopten las conclusiones que procedan y se preparen los documentos programáticos a presentar al próximo congreso de la asociación.
B) Que se adopte, para darle la difusión pública correspondiente, la siguiente resolución:
“El plenario del Congreso de Jueces para la Democracia demanda de los poderes públicos la urgente y necesaria reforma de los sistemas de selección y formación de jueces, fiscales y secretarios judiciales. No puede someterse a una nueva demora la superación del obsoleto modelo preconstitucional que, en sus líneas básicas se ha mantenido hasta ahora. Debe ser adaptado a las necesidades de los ciudadanos y de la sociedad actual. El sistema que se implante para el futuro ha de tener la finalidad de garantizar la mejor preparación profesional para afrontar las exigencias de independencia y los retos de la compleja sociedad del siglo XXI, con la configuración de un modelo de juez que sea un referente ciudadano de los valores de la democracia social, de la justicia como servicio público y de la defensa de la libertad y la dignidad de las personas. Estos principios deben constituir el núcleo formativo de una judicatura que ha de cumplir la primordial función de cohesión social que la sociedad moderna necesita”.
(*) Firman la propuesta: Raquel Alastruey, Félix Azón, Antonio Doñate, Javier Hernández, Pascual Ortuño, Javier Pereda, José Antonio Rodríguez, Andrés Salcedo, Fernando Valle