INFORME POLÍTICO DEL SECRETARIADO AL XXIV CONGRESO DE JUECES PARA LA DEMOCRACIA
Ha pasado un año desde que este Secretariado fue elegido en el XXIII Congreso, celebrado en Málaga. Sin duda, este período ha sido para todos los miembros de la asociación y podemos decir, para el conjunto de la carrera judicial, muy intenso y quizás podríamos añadir convulso. Hemos visto aflorar multitud de cuestiones y problemas latentes, que no siempre habíamos sabido prever, y que dio lugar a una situación de enorme confusión, de la que creemos que, afortunadamente, estamos en vía de salida.
Muchas son las cuestiones que debemos abordar y analizar.
Como ya expusimos en nuestro informe al Comité Permanente del mes de febrero de este año, el punto de partida del análisis debe pasar por la constatación de la situación de tradicional penuria de la Administración de Justicia. Ante esta situación, a la que en cierto modo nos habíamos acostumbrado, nuestra actuación no había sido pasiva, pero posiblemente necesitaba de una postura de mayor atención y firmeza, denunciando que el estado de la justicia que era inaceptable e insostenible, en especial para los compañeros más jóvenes que ocupan los órganos judiciales peor dotados.
En este sentido poco ayudó el comportamiento del anterior Consejo General del Poder Judicial, en el que los miembros de la mayoría conservadora optaron por instrumentalizar de manera grosera este órgano constitucional, dando lugar a numerosos episodios de deslealtad institucional, lo que fue percibido por el grueso de la carrera como un alejamiento de lo que había de ser su órgano de gobierno, incrementando el desapego y la percepción de lejanía y poca utilidad.
A ello contribuyó el retraso y el sistema utilizado en la renovación de los vocales, unidos a las manifestaciones de varios políticos de primer orden, que lanzaron el mensaje de que la composición del CGPJ dependía de su voluntad, no de la elección conforme a presupuestos aceptables democráticamente.
Paralelamente, el deterioro de la situación en la Administración de Justicia se hacía más evidente, y frecuentemente se ponía al punto de mira a la figura del juez, al que de una u otra forma se le responsabilizaba del mal funcionamiento. El luctuoso acontecimiento que dio lugar a que se sancionara a un juez, al que la opinión pública y los propios políticos atribuían toda la responsabilidad, ocultando o minorando descaradamente la situación rancia en la que se encontraba la Administración de Justicia en general y el concreto órgano judicial. Todo ello dio lugar al primer estallido de críticas, que sin duda tuvo una gran dosis de espontaneidad, pues aún cuando hubo incitaciones interesadas al movimiento crítico, lo cierto es que se sumaron a la crítica numerosos jueces a los que en modo alguno les movían intereses espurios y que se vieron reflejados en la situación del juez sancionado.
Es el mes de octubre cuando se produce el estallido de la crisis, de la que ahora, ya con alguna distancia y una cierta perspectiva, puede analizarse y extraerse más conclusiones.
Es la primera vez en que la mayoría del colectivo judicial expresa de manera tan clara el malestar con la situación, y hasta las opiniones más tibias coinciden en la gravedad y hartazgo del estado de la Administración de Justicia.
Aunque las asociaciones judiciales habían planteado reivindicaciones, y muy en particular la nuestra había confeccionado y comunicado tabla reivindicativa que abarcaba la mayoría de las que después se hicieron públicas, ninguna asociación judicial promovió este movimiento, que se caracterizó por manifestar posiciones profundamente antiasociativas. Sin embargo, las asociaciones compredimos la necesidad de articular las reivindicacines y finalmente, al menos durante un cierto tiempo, logramos recondocurlas y actuar de consuno en el ámbito de la CIP.
El instrumento de comunicación a través de internet ha modificado de manera absoluta el funcionamiento del conjunto de la carrera judicial y de las mismas asociaciones judiciales. Mediante el uso de ese instrumento resulta extraordinariamente fácil lanzar soflamas o reflexiones que pueden ser aceptadas o incluso alcanzar algún grado de coordinación, lo que permite afirmar, como se demostró en el correo corporativo, que con esta forma de comunicación prima la emoción sobre la razón, y que unos pocos pueden aparentar ser un movimiento masivo.
Que los movimientos asamblearios o los articulados a través de internet, fueron capaces de aglutinar a los jueces que manifestaban su malestar, pero incapaces de articular una plataforma reivindicativa coherente y racional.
Las cuatro asociaciones judiciales, en aquel tiempo sólidamente articuladas a través de la Coordinadores Interasociativa Permanente (CIP), fueron capaces de convenir una plataforma reivindicativa frente al Ministerio de Justicia y al CGPJ.
A pesar de la ruptura que se produce en la CIP, absolutamente ajena a discrepancias sobre el contenido de la plataforma reivindicativa, la realidad ha demostrado que la base de negociación posterior es tal plataforma. Y un análisis comparativo entre el contenido de la plataforma de la CIP, pactada el 12 de diciembre de 2008, y los puntos pactados con el Ministerio de Justicia y el CGPJ lo confirman.
Finalmente, los movimientos asamblearios, sea por internet o presenciales, convocaron una huelga para el día 18 de febrero de 2009, lo que dio lugar a una enorme convulsión social y política, y tuvo enormes costes para la imagen del juez y para el respeto al poder judicial.
Esa convocatoria tuvo como primera víctima la propia CIP, que pocos días antes había elaborado una plataforma pactada, había emplazado para la negociación y había fijado una fecha lejana para la convocatoria de la huelga. Dos asociaciones judiciales, Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente, de modo sorpresivo, sin plantearlo en el seno de la CIP, posiblemente pactando entre ellas, acordaron sumarse y encabezar el movimiento de huelga.
Es obvio, que en tales condiciones, la primera reunión con el Ministerio de Justicia estaba condenada al fracaso, y lo estaba en al medida que había dos asociaciones que habían ya decidido ir la huelga, con independencia del resultado de la reunión con el Ministerio.
Es cierto que el titular ministerial tenía una actitud poco facilitadota de la conciliación y era prisionero de sus propias palabras y actitudes anteriores, pero ello no era, a nuestro juicio, óbice a la negociación. La hacía más difícil pero no la impedía. El verdadero impedimento para la negociación en ese momento era la decisión previa de dos asociaciones de ir la huelga, decisión que determinó que cualquier resultado de la negociación fuera interpretado de forma negativa, y ello para justificar y abonar más el terreno de la huelga.
La huelga del día 18 de febrero de 2009 fue un hito que no podemos desconocer, tanto por el significado interno como por su trascendencia y significado.
Desde nuestro punto de vista la huelga del día 18 de febrero tiene dos factores fundamentales que la explican.
El primero de ellos es que la generalidad de los jueces, en particular los no asociados, quieren manifestar de forma radical y contundente su descontento, su profundo malestar con la falta de atención y respuestas tangibles por parte del Gobierno y del CGPJ a las demandas de mejora de la Administración de Justicia y del estatus judicial. Las continuas promesas de solución y la realidad de su incumplimiento habían generado una profunda frustración, que condujo a la respuesta drástica, y a nuestro juicio inmadura e insensible por lo que significaba, de realizar la primera huelga de jueces en España
El segundo factor que debemos tener en cuenta es que el descontento del conjunto de los jueces abría enormes posibilidades electorales y dos asociaciones pensaron que encabezando ese movimiento de protesta podrían alcanzar determinados réditos, incrementando el número de asociados. El tiempo dirá si tal estrategia tuvo éxito y, sobre todo, si el eventual éxito de afiliación que hayan podido conseguir no ha llevado aparejada una grave renuncia a una Justicia acorde a la propugnada por el Preámbulo de nuestra Constitución.
En tal situación de convulsión, JpD podía haberse decidido por la solución fácil y sumarse al colectivo que propugnaba la huelga. Pero desde el profundo respeto que nos merecen nuestros compañeros y colegas que adoptaron esa decisión, nuestra Asociación optó por la responsabilidad y el servicio a los ciudadanos, de modo que decidió apoyar las reivindicaciones y manifestar la protesta pero no participar en la huelga.
Nosotros pensamos que los jueces no somos meros funcionarios. Más allá de la relación funcionarial, integramos un poder del Estado y somos los garantes últimos de los derechos de los ciudadanos, y como tales garantes de derechos pensábamos que debíamos comportarnos de modo que la ciudadanía percibiera la razón de nuestras reclamaciones, pero no poniendo en cuestión la legitimidad de la institución judicial, que en definitiva depende de la confianza que le otorga el ciudadano.
La movilización de los jueces fue un éxito y todos, desde nuestras respectivas posiciones, defendimos la plataforma reivindicativa común.
No debemos negar, más allá de las concretas cifras que se ofrecieron, que la huelga fue seguida por un número muy considerable de jueces, lo que pone de manifiesto, por una parte la magnitud de descontento, pero también que ya se ha cruzado la línea roja, y que es muy posible que la movilización se proponga de nuevo. Ante esa perspectiva debemos insistir en lo que ha sido un principio básico en nuestro acervo asociativo: Que la huelga es el último recurso para la defensa de los principios básicos que alumbran la función judicial y que no debe ser utilizada sino en casos extremos.
La negociacion tras las movilizaciones del 18 de febrero, cobró un cariz netamente diferente.
El cambio del Ministro de Justicia y del equipo ministerial ha supuesto un giro sustancial en la actitud ante nuestras reclamaciones. Desde el primer momento se hizo muy patente el cambio de talante y la voluntad de conseguir acuerdos en la mejora de la Justicia y de la situación de los jueces.
Fue de común acuerdo como se fijó el primer bloque de reivindicaciones que nos parecían urgentes, sobre todos porque exigían reformas de Ley Orgánica que sólo podían realizarse con premura si se aprovechaba que había entrado en las Cortes el Proyecto de Ley de Reforma de la Legislación Procesal para la Implantación de la Oficina Judicial. Todos habéis estado puntualmente informados de cómo se desarrollaban las negociaciones y de los avances que se conseguían.
Es importante decir, que el equipo ministerial realizó importantes esfuerzos y trabajó para conseguir resultados. También que fue transparente y, sobre todo, que en los momentos difíciles no tiró la toalla, luchando por conseguir acuerdos que pudieran ser aceptados por todos.
Por parte de las asociaciones judiciales, pese a que formalmente partíamos de la tabla reivindicativa del 12 de enero, no han sido siempre coincidentes en los planteamientos, y desde luego, muy discrepantes en las estrategias.
Creo que había una voluntad común de llegar a acuerdos con el Ministerio, pero también una evidente intención de conseguir réditos frente al colectivo judicial, lo que ha enturbiado la negociación y ha dificultado los planteamientos.
JpD creyó que la línea a seguir debía caracterizarse por la responsabilidad, lo que suponía realizar planteamientos firmes pero posibilistas, y teniendo en cuenta la situación de dificultades económicas que atraviesa nuestro país. Con esta posición mantuvimos firme nuestra postura en aquellas materias que considerábamos básicas, y colaboramos en conseguir consensos en otras –gestión de agenda de señalamientos- aportando ideas que hiciesen posible salvar los obstáculos que parecían insalvables.
Hace pocos días, el 21 de mayo, celebramos la última reunión prevista para el primer ciclo, lo que ya nos permite hacer un balance de la negociación. Además ya fijamos el calendario para seguir con otros temas que quedan pendientes.
Creemos que el balance es positivo y solo hace falta hacer un juicio comparativo entre las reivindicaciones de la CIP de 12 de enero de 2009 y las que ahora han hecho suyas los grupos parlamentarios:
Reivinciaciones CIP en 12 de enero:
- – Efectiva y urgente instauración de la nueva oficina judicial, con delimitación precisa de las funciones y las responsabilidades dentro del ámbito de la Administración de Justicia. En ningún caso la organización de la oficina judicial debe restringir la real y efectiva independencia judicial, conservando los jueces la facultad de señalar los juicios y vistas.
- – Plena incorporación a los Juzgados de las nuevas tecnologías: intercomunicación de las bases de datos judiciales, urgente solución de la interconexión informática entre Juzgados de distintas Comunidades, que actualmente son incompatibles, establecimiento de un sistema de alerta en materias especialmente sensibles, digitalización documental, información compartida entre los tribunales, registro informático común, gestión procesal, intercambio de documentos, firma electrónica, transmisión telemática de procedimientos, notificaciones, peticiones de auxilio judicial, etc.
-
– Formación adecuada de todo el personal al servicio de la Administración de Justicia. Asegurar la inmediata cobertura de vacantes mediante personal titular. Exigencia de una formación esencial básica para todos aquellos que pretendan acceder a funciones relacionadas con la Administración de Justicia de carácter interino.
4.- Que el CGPJ establezca la carga máxima de trabajo razonable que puede asumir cada órgano judicial, que en ningún caso debe ir unido al establecimiento de sistemas productivistas para la retribución de la actividad judicial.
5.- Revisión en profundidad de la actual planta judicial. Partiendo del nuevo sistema diseñado por el CGPJ debe revisarse en profundidad la actual planta judicial, dirigida a la creación y/o supresión de cuantos órganos judiciales fueren precisos a fin de llevar a cabo una distribución realmente equitativa del trabajo y acomodar la planta judicial a la carga real de trabajo de cada partido en función de la entrada de asuntos.
- El éxito de todo esto se complementaría con la radical reforma de la oficina judicial, que no supone necesariamente incrementar el número de órganos judiciales, sino tan solo el número de jueces en cada demarcación, con el mismo número de funcionarios, a través de una organización correcta, buenos servicios comunes y medios informáticos adecuados.
- – Sustituciones: Arbitrar un sistema adecuado y eficaz de sustituciones judiciales mediante jueces titulares.
- – Medidas necesarias para asegurar una efectiva conciliación entre la vida laboral y familiar: inmediata supresión del traslado forzoso por ascenso y supresión de determinados requisitos de preferencia y permanencia en los concursos para acceder a determinadas plazas; equiparación en derechos y beneficios sociales entre los Jueces y Magistrados y los restantes integrantes de la función pública; elaboración del plan de prevención de riesgos laborales y contingencias profesionales; y. mejora de las condiciones de jubilación.
- – Que en cumplimiento de las previsiones de la Ley de Retribuciones de la carrera judicial y fiscal, se proceda a su adecuación quinquenal; especialmente, en lo referente al pago de los servicios de guardia.
Acuerdos logrados a 21 de mayo de 2009:
- Regulación de los señalamientos.
- Creación de las figuras de los jueces de adscripción territorial.
- Conciliación de la vida laboral y familiar:
1.- Supresión del traslado forzoso con motivo del ascenso a la categoria de magistrado.
2.- Posibidad de participar en concursos de traslados y actividades de formación por parte de l@s magistrad@s en situación administrativa de excedencia voluntaria por cuidado de hijo o de familiar a su cargo.
- Equiparación con la función pública en materia de vacaciones.
- Modificación del sistema de concurso para la provisión de plazas en Audiencias Provinciales.
- Agilización de trámites y eliminación de artículos superfluos.
- Constitución de Grupo de Trabajo en materia de retribuciones.
Pero no nos hemos quedado en esos puntos. El mismo día 21 de mayo acordamos un nuevo calendario de reuniones.
La próxima reunión ha sido convocada para el 8 de junio, donde el grupo 1) estudiara posibles reformas de la LOPJ y el grupo 3) iniciara el estudio del nuevo modelo retributivo así como nuevas medidas de protección social tendentes a la conciliación de la vida laboral y familiar, prevención de riesgos laborales, incapacidad profesional y contingencias profesionales.
La reunión del 16 de junio se dedicara monográficamente al Plan Estratégico de Modernización de la Justicia. Y la del 22 de septiembre se celebrara en Plenario para fijar los Acuerdos alcanzados.
Señalaros, que JpD ha elaborado una propuesta de sistema retributivo, que está en fase de discusión en el Secretariado y que supone un cambio sustancial en el modelo de retribución, pues aborda conjuntamente categorías, retribuciones y promoción efectiva en la carrera judicial.
Al finalizar la reunión aludida, realizamos un comunicado que en que ahora nos ratificamos.
Sin duda los avances conseguidos son muy importantes, pero además creemos que hay otros aspectos merecedores de reconocimiento.
El primero es que el equipo ministerial nos ha dado un protagonismo importante respecto de otros colectivos interesados, y además es consciente que todo el camino de la reforma y la modernización de la Justicia debe hacerse sobre la base de la transparencia y la negociación. Es posible afirmar, por tanto, que la negociación no ha hecho sino empezar.
La segunda cuestión, de enorme trascendencia política, es que en el Congreso de los Diputados, hay un consenso general sobre la necesidad de la reforma de la Justicia y que, en la medida de lo posible, debe quedar al margen de la lucha partidista. El acuerdo alcanzado por todos los grupos parlamentarios, asumiendo los acuerdos logrados en la negociación entre el Ministerio de Justicia y las asociaciones judiciales es un éxito inimaginable hace unos meses.
Los repetidos llamamientos a comparecer ante la Comisión de Justicia del Congreso demostraban el profundo interés de los parlamentarios por cómo mejorar la Justicia, y que sin renuncia a su competencia y legitimidad democrática, querían oír lo que pensaba uno de los colectivos más esenciales en la Justicia.
JpD desde los inicios del conflicto ha planteado que la línea a seguir era la de mantener una actitud responsable, que lo fundamental era mejorar la Administración de Justicia, haciendo mejor el servicio público, y que las reivindicaciones propias de la carrera, siendo importantes, debían modularse y adaptarse a ese fin último. Esta posición se ha revelado como productiva y satisfactoria, tanto para el colectivo de jueces como para la sociedad en general, que reconoce nuestra actitud y nuestro esfuerzo por mejorar el servicio público de la justicia.
Por eso, alcanzado el final de esta fase de negociación con un resultado aceptable, sin duda mejorable, pero muy aceptable, ahora debemos consolidarlo y aprovechar la circunstancia que está pendiente en el Parlamento la Ley sobre reforma de la oficina judicial y que nuestros acuerdos pueden transformarse en ley. Y ello implica consolidar alguna de las reivindicaciones más importantes, que ya serán normas y podremos seguir con otras cuyo debate debe ser más pausado. Por eso debemos valorar como positiva la negociación hasta ahora realizada y los acuerdos alcanzados.
Creemos, sinceramente que:
– Durante todo este proceso JpD ha centrado sus esfuerzos en la negociación, en la consecución de unas reivindicaciones materiales e instrumentales concretas y tratando de que las protestas no repercutieran en el servicio público.
A partir de ahora debemos dar un paso más y ofrecer ideas y propuestas, volver a poner en primera línea nuestra posición para mejorar la calidad de la Administración de Justicia. Por ello se eligió el tema que trataremos en este congreso.
– Jueces para la Democracia ha reforzado su imagen de asociación seria, con sentido institucional y defensora de los ideales democráticos.
– Si la línea seguida es correcta y acorde a nuestro acervo asociativo y que debemos continuar en ella.
Tarragona, a cuatro de junio de dos mil nueve.