Propuesta de resolución que presenta la Sección Territorial de Catalunya
Jueces para la Democracia observa con creciente preocupación el recorte de inversión pública en derechos esenciales, como la sanidad, la enseñanza y la justicia.
Queremos recordar que la Constitución Española reconoce el derecho de nuestros ciudadanos a acceder a estos derechos básicos en condiciones de igualdad, gratuidad y calidad. Difícilmente se puede considerar que existe una democracia avanzada y un Estado social y democrático de derecho cuando los poderes públicos no garantizan que todas las personas tienen reconocida la posibilidad de desarrollar todo su potencial a través de la educación sin discriminaciones por razón de su renta, pueden disfrutar de un nivel básico de salud suficiente con independencia de sus ingresos y pueden acceder a una justicia rápida y eficaz.
Somos conscientes que vivimos unos momentos económicos muy difíciles –sin que las clases populares sean responsables-, pero ello no significa que debamos dejar de señalar al culpable de la crisis: el sistema financiero, con la complicidad de los poderes públicos y los organismos internacionales neoliberales. A pesar de ello reconocemos como obvio que dicha situación nos obliga a todos a ajustarnos el cinturón. No obstante, en ningún momento las limitaciones que esto comporta pueden significar una reducción de los mencionados derechos mínimos de ciudadanía, si no se quiere hipotecar el futuro de las nuevas generaciones, del propio país y de los valores cívicos que hemos conquistado con el esfuerzo de múltiples generaciones que han conformado nuestra idiosincrasia como sociedad.
El futuro no se puede construir a partir de recortes a elementos tan básicos como la enseñanza, la sanidad, la educación, la asistencia social o la administración de justicia. Para salir de la crisis no podemos aceptar que los recortes sean “inevitables”, aceptando que la enseñanza pública, donde concurren los sectores con menos ingresos, disminuya los recursos ya escasos de que dispone; no podemos aceptar la liquidación de un sistema de salud eficiente; no toleramos la fractura social ni la exclusión de las personas más débiles de la sociedad; no es posible aceptar rebajar las ya de por si mínimas condiciones laborales y de seguridad social.
Y es esto especialmente significativo cuando, en paralelo, estamos asistiendo a una contrarreforma fiscal en la que se dejan de gravar meras transmisiones patrimoniales de las rentas altas y cuando se opta para no hacer pagar más a quienes más tiene. La solución de los actuales problemas no pasa para hacer más ricos a los ricos, sino por la solidaridad de los más favorecidos respete los que no lo son.
Vivimos unos momentos en los que, en definitiva, aquello que está en juego es el modelo de sociedad que estábamos construyendo, basada en los principios de libertad, igualdad y justicia social. El nuevo modelo que los recortes anuncian no será el nuestro, el de la mayoría.
Albacete, 10 de junio de 2011