ESPAÑA ES UN PARAÍSO FISCAL

En estos tiempos de crisis, marcados por un agravamiento del desempleo, reducciones de salarios e incrementos impositivos, cuando se hace recaer sobre la población y los servicios públicos las medidas “reformistas”, cuando se apela a la solidaridad y a la austeridad, cuando se jibariza el estado del bienestar por falta de recursos, llama la atención la flotabilidad de algunos privilegios, la intangibilidad de ese paraíso fiscal en el que nada la Iglesia Católica en España.

Precisamente, fue el actual Ministro de Justicia quien reclamó hace unos meses para sus arcas municipales, una compensación del Estado por los tributos que no pagaba la Iglesia católica. Según Ruiz-Gallardón, el Ayuntamiento de Madrid dejaba de ingresar 94 millones anuales por los privilegios fiscales eclesiásticos. Según los expertos, se  calcula que tales beneficios fiscales alcanzarían en toda España una suma entre 2.000 y 2.500 millones de euros.

¿Cómo hemos llegado a esta situación? Los acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede (El Vaticano) de 1979 establecen una exención total y permanente de la contribución de los inmuebles de la Iglesia católica, aunque estemos hablando del mayor propietario inmobiliario de España. El historiador Stanley G. Paine ha hecho el recuento de las propiedades de la Iglesia romana en España: 100.000 propiedades, de las que 5.000 son edificios religiosos. El 80% del patrimonio artístico de España, 300 museos y 103 catedrales son propiedad de la Iglesia, ¿o del Estado vaticano?.

Pero no solo no paga el IBI, tampoco abona el IRPF de sus miembros ni el Impuesto sobre Sociedades, las operaciones con la Iglesia están exentas del IVA, no paga impuestos municipales ni autonómicos (ICIO, ITP y AJD, I. Sucesiones, tasas ni precios públicos, etc.). En resumen: no paga tributos en España.

Esto supone que el Estado y las demás Administraciones públicas dejan de ingresar cerca de 3.000 millones de euros cada año. Además, se priva a los Presupuestos Generales del Estado de la suma que se recauda del IRPF por la Agencia Tributaria y se entrega a la Conferencia Episcopal. En 2010 serán 248,3 millones de euros, que ya fueron adelantados desde primeros de ese año.

No solo eso, el Estado español paga de forma directa los salarios de miles de profesores de catolicismo y de cientos de capellanes castrenses, hospitalarios y penitenciarios. También las diferentes Administraciones subvencionan la enseñanza religiosa concertada con casi 4.000 millones de euros, la conservación del ingente patrimonio arquitectónico eclesiástico y otras muchas actividades de la jerarquía católica.

Es curioso como el Acuerdo de 1979 disponga que “La Iglesia católica declara su propósito de lograr por sí misma los recursos suficientes para sus necesidades”. Pero la realidad no lo acredita, pues los creyentes católicos no pagan contribución religiosa alguna, a diferencia de la Iglesia alemana, íntegramente financiada por sus fieles.

El argumento de la crisis, precisamente, ha motivado que un país como Italia acabe hace unos días con los privilegios fiscales en materia inmobiliaria de la Iglesia romana. Cabe recordar que el artículo 31.1 de la Constitución dice que “todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad”. Pero parece que la Iglesia vaticana no está sometida a la Constitución española, y no parece que en el futuro vaya a contribuir solidariamente a superar la crisis. Pese a las necesidades recaudatorias, España sigue siendo un paraíso fiscal.

Conclusión: deben acabarse los privilegios fiscales, hay que denunciar el Acuerdo de 1979 y obligar a la Iglesia española al cumplimiento de la legalidad tributaria.

 

Luis Manglano Sada