La trasparencia y el control son señas de identidad de una sociedad democrática y por lo tanto deberían ser mecanismos naturales de funcionamiento de sus instituciones.
EL Consejo General del Poder Judicial, órgano de Gobierno del Tercer Poder del Estado, debería regirse por esos parámetros; sin embargo, los gastos generados por sus Vocales y Presidente no son objeto de control alguno ni deben ser justificados, es decir se rigen por la opacidad y oscurantismo.
No existe normativa alguna de control y justificación de los gastos del Presidente y Vocales. Un Acuerdo del Pleno del Consejo de 11 de septiembre de 1996 autoriza los gastos de viaje si necesidad de hacer constar el motivo concreto de la actividad que provoca el desplazamiento. Parece que este Acuerdo santifica la opacidad y ausencia de cualquier control en los gastos generados por los Consejeros, sin que desde esa fecha se haya alzado voz alguna interna o externa a esa Institución exigiendo un cambio radical de este estado de cosas.
Es más, la opacidad y falta de control que reinan en los gastos del Presidente y Vocales del Consejo han servido a la Fiscalía del Tribunal Supremo para archivar las diligencias informativas provocadas por la denuncia formulada por el Vocal Sr. Goméz Bénitez relativa a 20 viajes del Sr. Divar a Marbella como Presidente del C.G.P.J., aun cuando en su fundamento Jurídico del Decreto de archivo se reconoce que en cada caso particular es difícil distinguir cuando acaba la actividad oficial y se inicia la privada, actividad privada que en ningún caso debe ser sufragada por el Erario Público, a no ser que se cometa un delito de malversación. Precisamente la duda que asume la Fiscalía debería haber provocado la investigación de los hechos denunciados y no el archivo de la misma.
Ante el estupor general el Sr. Presidente del C.G.P.J. se ha negado a dar explicaciones sobre esos gastos de viajes. Su conducta ha sonrojado a los jueces españoles, totalmente ajenos al funcionamiento y control de su órgano de gobierno, y ha indignado a los ciudadanos con el consiguiente descrédito del sistema democrático.
El Congreso de Jueces para la Democracia exige:
- La dimisión inmediata del Sr. Divar como Presidente del C.G.P.J.
- La inmediata regulación de control y justificación de los gastos generados por el Presidente y Vocales del C.G.P.J.
- Los Vocales procedentes de Jueces para La Democracia harán públicos los gastos realizados en el desempeño de su cargo.
- La auditoria de los gastos del Sr. Presidente y Vocales del C.G.P.J.
- La Ley de trasparencia sea aplicable al C.G.P.J.