La administración de justicia española merece un serio esfuerzo de modernización. Los ciudadanos señalan, con razón, sus importantes carencias y las deficiencias en su funcionamiento, en particular en cuanto a los tiempos de respuesta. La dilación en la respuesta judicial tiene mucho que ver con la insuficiencia de recursos y con la ineficiente organización judicial. Además hay una justificada percepción de que otras administraciones públicas se han actualizado más que el servicio público judicial.
Los profesionales del derecho también lo entienden así. Son quienes más contacto tienen con la labor cotidiana de Juzgados y Tribunales y por lo tanto, opinan con gran conocimiento. Pero además también lo apreciamos quienes formamos parte del Poder Judicial, que asistimos indignados al importante deterioro que se ha producido desde que el ministro Gallardón decidió congelar la planta judicial. Asegurar la tutela judicial efectiva, misión constitucional del Poder Judicial, se ha convertido en un trabajo ímprobo, que en ocasiones no puede garantizarse. De este modo la falta de recursos de la administración de justicia puede hacer padecer derechos fundamentales de los ciudadanos.
Esta situación no puede mantenerse. Estamos a las puertas de una nueva legislatura, y los partidos políticos tienen que ser conscientes de la importancia de una administración de justicia bien dotada, que asegure una respuesta rápida y de calidad a las demandas de tutela judicial que plantea la ciudadanía. La avalancha de asuntos que ha provocado la crisis, con una enorme litigiosidad en materia laboral, contratación bancaria o reclamaciones a la administración, se ha resuelto de forma tramposa, impidiendo el acceso a los tribunales mediante la introducción de tasas. Entretanto el orden jurisdiccional penal ha padecido la falta de medios y de actualización del sistema procesal, al tiempo que ha debido responder con esa precariedad de recursos a una profusión de casos de corrupción.
Jueces para la Democracia reclama altura de mira a los responsables de las diversas fuerzas políticas. La justicia puede modernizarse igual que las demás administraciones públicas, pero para ello es preciso inversión y organización eficiente. No basta con anuncios propagandísticos sobre implantación de instrumentos informáticos que la realidad hace fracasar o reformas procesales sin dotación presupuestaria que las convierte en papel mojado. Es preciso un esfuerzo de consenso, que cristalice en acuerdos que permitan una reforma real, eficiente y con dedicación presupuestaria, que supere los endémicos déficits que padecen juzgados y tribunales, desde el inicio de la legislatura no dejando su desarrollo para su etapa final, pero se debe extender más allá, el acuerdo entre las fuerzas partidistas debe perdurar a lo largo de varias legislaturas, con los correspondientes instrumentos de seguimiento que garanticen que los cambios gubernamentales no supongan abandonar los esfuerzos que es preciso realizar a lo largo de los próximos años, porque al margen de situaciones coyunturales que puedan ocasionar olas de litigiosidad, nuestro país se merece una administración de justicia moderna, accesible, que asegure una respuesta en tiempos razonable manteniendo los niveles de excelencia que los ciudadanos merecen.
Ese gran pacto debe incluir, además, a quienes están involucrados en el reto de modernizar nuestro sistema judicial. Jueces, Fiscales, Letrados y funcionarios de la Administración de Justicia, a través de sus organizaciones, pueden realizar aportaciones y adquirir compromisos. Abogacía y profesiones del ámbito del derecho son también protagonistas que han de participar y contribuir a ese gran pacto. Los ciudadanos, a través de sus organizaciones representativas, también deben tomar parte en este gran acuerdo, como en su día lo hicieron al promover la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Administración de Justicia.
Proponemos, con tal fin, varias líneas de trabajo que podrían facilitar ese amplio pacto:
1.- REFORZAR LA INDEPENDENCIA JUDICIAL
Los últimos cambios en la organización del órgano de gobierno del Poder Judicial, el Consejo General del Poder Judicial, fueron impuestos por la mayoría absoluta gobernante. Este órgano constitucional merece una revisión respecto a su sistema de funcionamiento, teniendo muy en cuenta la opinión de quienes integran el Poder Judicial. Lo contrario supone un déficit de confianza que incide negativamente en la labor judicial, además de que transmite a la opinión pública una equívoca imagen de control partidista del funcionamiento de dicho órgano.
La esencia de la labor del CGPJ, que es garantizar la independencia judicial, debe ser recuperada. El diseño de su funcionamiento debe apostar por decisiones colegiadas, adoptadas de forma transparente, apartando cualquier asomo de autoritarismo. Jueces para la Democracia acordó defender un sistema de designación de los vocales judiciales por elección directa de la judicatura, asegurando su pluralidad mediante un sistema de elección que evite mayorías que no reflejan su heterogeneidad. Hay que lograr que el CGPJ se convierta en el principal defensor de quienes indagan en graves casos de corrupción, saliendo al paso de quienes tratan de desacreditar la judicatura.
Al CGPJ corresponde también liderar la reforma de la administración de justicia, pues la dispersión competencial entre Ministerio de Justicia, Fiscalía General y Comunidades Autónomas, repercute en la dificultad de adoptar acuerdos y coordinar políticas. El CGPJ debe promover criterios objetivos para racionalizar la planta judicial, incrementar los recursos para evitar retrasos inaceptables y asegurar una oficina judicial eficiente. Este órgano puede impulsar políticas que aseguren a los juzgados instrumentos de cooperación con una policía judicial auténtica, únicamente dependiente de los tribunales, con los Institutos de Medicina Legal, las oficinas de atención a víctimas y equipos psicosociales, y con los nuevos servicios de auxilio contable, fiscal, científico, informático y de toda índole.
Además proponemos un régimen de incompatibilidades más riguroso para la magistratura que decida entrar o regresar de la actividad política. Los vaivenes legislativos en esta materia han sido tremendos, siempre acompasados a las necesidades partidistas de cada momento. Consideramos esencial un sistema que evite considerar que la actividad política es un “servicio especial” de la carrera judicial, pues al contrario, supone una dedicación diversa, alejada del ejercicio del Poder Judicial.
Finalmente es preciso establecer un claro código de conducta en el desempeño de la función jurisdiccional. Hay actividades y actuaciones cotidianas, que son difícilmente compatibles no tanto con la independencia judicial, como con la imagen de imparcialidad que deben transmitir los tribunales en todo momento.
Aclarar hasta donde puede intervenirse en cada ámbito, con la condición de integrante del Poder Judicial, debería contribuir a asegurar una imagen de imparcialidad e independencia de la magistratura, aspiración general en los sistemas democráticos.
2.- LA GARANTÍA PROCESAL
Incrementar las garantías para asegurar la independencia judicial no es suficiente. También es necesario diseñar un sistema procesal que evite la extendida convicción de que se trata de forma diversa a los litigantes, según su capacidad económica y de influencia.
Un primer paso a reclamar es la defensa de la jurisdicción como garantía de los ciudadanos. Dice el art. 117.1 de la Constitución que la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. Para que ello sea algo más que un desiderátum, debemos reclamar que efectivamente todos los asuntos en los que se dilucide un interés público, derechos fundamentales o libertades públicas, se encomienden a los tribunales. El pacto que proponemos debe reclamar que la zona de libre comercial que prevé el TTPI no suponga que España, o la Unión Europea, renuncien a la posibilidad de control jurisdiccional de los litigios transfronterizos, en beneficio de tribunales arbitrales de discutible legitimidad.
Debe promoverse, además, una mayor cooperación de los juzgados y tribunales nacionales con los que conforman el entramado institucional europea, en particular el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Los tribunales españoles han dado reiteradamente muestras de su voluntad cooperativa, provocando cambios muy relevantes, incluso a nivel legislativo, al cuestionar discutibles previsiones normativas nacionales, que no se acomodaban a las exigencias del acervo de la Unión Europea.
Proponemos mejorar esa relación, y en particular en materia de derechos humanos, volver a impulsar la Corte Penal Internacional, acabando con las limitaciones que padecen los tribunales españoles en materia de jurisdicción universal.
Internamente no puede esperar más la ley procesal penal. De los cuatro órdenes jurisdiccionales, es la única norma procesal que está pendiente de una regulación posterior a la Constitución. Aunque los cambios han sido muchos, es preciso un texto coherente, sistematizado y modernizador. Entre las medidas que proponemos está la introducción del sistema de doble instancia penal , y el mantenimiento de la figura de la acusación pública como contrapeso a la atribución al Ministerio Fiscal de la instrucción, reservando a la magistratura la función de determinar si es procedente la apertura de juicio oral y la adopción de medidas cautelares, en particular las que afecten a derechos fundamentales.
En el resto de órdenes proponemos la revisión de todos los procesos, para garantizar su simplificación y mejorar la garantía de oralidad, que tanto ha padecido en las últimas reformas. Sugerimos que la presencia de profesionales se simplifique en los procedimientos más sencillos, de modo que no siempre sea precisa la asistencia letrada y sea voluntaria la representación mediante Procurador.
Finalmente resulta esencial reformar todo el sistema de Justicia Gratuita. Creemos que es preciso ampliar el ámbito de su reconocimiento, incrementando los umbrales para facilitarla, y extendiendo sus previsiones a toda clase de víctimas, cualquiera sea la clase de delito, personas insolventes en procedimientos no judiciales y a quienes carecen de recursos y necesitan simple asesoramiento.
3.- UN PLAN DE INVERSIÓN SUFICIENTE Y PROLONGADO
Es recurrente la crítica sobre la insuficiencia de atribución presupuestaria de recursos a la Administración de Justicia. Pero no por reiterada deja de ser menos auténtica. La insuficiencia de inversiones en este ámbito es endémica. Y un déficit como el que se padece, sólo puede afrontarse con dedicación amplia y prolongada de los recursos precisos para enjugarlo.
Proponemos a las fuerzas políticas que se alcance un gran acuerdo para aprobar un plan decenal de inversiones, prorrogable, que asigne a la Administración de justicia un punto por encima de la media europea hasta que podamos situarnos a niveles que garanticen que todos los ciudadanos tendrán a su disposición juzgados y tribunales suficientemente dotados y resolutivos, que garanticen una pronta respuesta a sus demandas de tutela efectiva.
Creemos que puede involucrarse a la Unión Europea en ese plan, coordinándolo con iniciativas semejantes en todo el continente. Comunidades Autónomas, Estado y Unión deben asegurar una dotación suficiente para paliar la precariedad en las instalaciones, la falta de planta, los déficits de herramientas informáticas y la falta de accesibilidad de ciudadanos y tribunales a la actividad procesal.
Desde luego una de las primeras medidas tiene que ser incrementar el número de jueces y juezas, que en España contrasta desfavorablemente respecto a la media europea. Ponernos a la altura de la media de la Unión Europea debe ser un objetivo común de todos, y un plan de choque obligaría a crear al menos 250 plazas en cada uno de los próximos cuatro años.
Los edificios judiciales merecen también un plan de actualización, para conseguir no sólo instalaciones dignas, sino que respondan a las necesidades del siglo XXI. Los palacios y ciudades de la justicia deben contar con servicios que garanticen la privacidad de las víctimas, evitando el contacto con victimarios, accesibilidad a discapacitados, servicios elementales que cualquier administración pública ofrece (guardería, salas de prensa, servicios de formación, dependencias sindicales…), seguridad suficiente, recorridos distintos para público y personal judicial, y salas de vista en número adecuado.
El esfuerzo inversor también tiene que ver con la auténtica modernización del expediente judicial. Aspirando a que se generalice, no puede obviarse la necesidad de un contacto real con las pruebas y los testimonios de quienes intervienen los juicios. Tiene que coordinarse un lenguaje informático común de todos los tribunales sea cual fuere la comunidad autónoma en que se encuentre, y la posibilidad de acceder telemáticamente a la situación del procedimiento judicial, en particular para los profesionales del derecho. La inversión en tecnología es crucial, debe abordarse y debe reivindicarse, pero sin perder de vista que los juicios exigen presencia real de personas y pruebas.
4.- RACIONALIZACIÓN DE LA PLANTA JUDICIAL
Los problemas de la administración de justicia provienen, también, de una inadecuada organización. El sistema basado en órganos individuales, separados entre sí y que se comunican mediante formularios, está superado. También lo está la atribución de competencias, que generan una distribución no equitativa de carga de trabajo y al tiempo propician conflictos judiciales de competencia que deberían reducirse.
En el caso del Tribunal Supremo debe homogeneizarse el tamaño de las Salas, absolutamente desproporcionado en una jurisdicción, la contencioso-administrativa, cuya litigiosidad no justifica. Entendemos que las atribuciones de la Sala de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia deben incrementarse, lo que es coherente con la implantación de la segunda instancia penal ya reconocida legalmente pero sin efectividad. No parece razonable la supresión de Audiencias Provinciales mientras que esta entidad administrativa se mantiene en la administración pública.
En el caso de órganos unipersonales debe tenderse a la implantación de un sistema de tribunales de instancia que facilite la actividad judicial, siempre respetando las exigencias de independencia e inamovilidad. Se ha de propiciar un mejor reparto del trabajo de quienes integramos el poder judicial, concentrando recursos y mejorando la eficacia, con el fin de que los ciudadanos obtengan mejor respuesta a sus demandas, lo que obliga a revisar la existencia de partidos judiciales muy próximos, que habrían de adaptarse la realidad geográfica, social y económica de cada lugar.
Debe evitarse la precarización judicial que se ha producido en los últimos años, fruto de la falta de actualización de la planta judicial, que ha dado lugar a figuras como la expectativa de destino, o prácticas abusivas en la adscripción territorial.
Finalmente ha de protocolizarse la carga de trabajo asumible por quienes ejercen la jurisdicción. La crisis ha disparado la necesidad de respuesta judicial, obligando a sobreesfuerzos que afectan a la salud de quienes tienen que resolver. No tiene sentido niveles de exigencia que propician enfermedades y bajas laborales, que perjudican a los afectados e impiden la resolución judicial de los procedimientos. Adecuar el tamaño de la planta a las necesidades es un paso, instaurar planes coyunturales para oleadas de litigio que no son estructurales otra posibilidad, pero lo esencial es que se determine claramente la carga de trabajo adecuada según los casos.
5.- REVISIÓN DE LA OFICINA JUDICIAL
La búsqueda de una mayor eficiencia obliga a continuar avanzando en el desarrollo de la nueva oficina judicial, pero sin dejar de revisar las disfunciones que se han detectado hasta la fecha. La reforma busca atender los principios de eficiencia, coordinación y delimitación de funciones, pero no es razonable que su implantación suponga que para dar una respuesta semejante se necesite más tiempo y mayores recursos.
No cabe dejar sin desarrollo los servicios comunes, y disponer servicios de apoyo directo que carecen de recursos suficientes. Las relaciones de puestos de trabajo han de ser ajustadas a las necesidades reales y estar dotadas de medios materiales.
Estos cambios exigen la adopción de protocolos de actualización, y de formación suficiente de los funcionarios implicados. Pero además, tiene que asegurarse que el Juzgado o Tribunal no pierde el contacto con el expediente judicial, físico e informático, pues la oficina judicial es un instrumento al servicio de los Tribunales, no un fin en sí mismo.
6.- CALIDAD Y GARANTÍAS PARA LOS CIUDADANOS
El pacto para mejorar la situación de la Administración de Justicia tiene que conducir a un servicio público que asegure calidad en la respuesta, rapidez en la resolución y garantías de los derechos fundamentales y libertades públicas. Los ciudadanos han de percibir los tribunales como una garantía de sus derechos, una referencia a la que acudir si perciben abusos o arbitrariedades.
Como en cualquier otro ámbito de la administración, los usuarios deben ser conscientes de los derechos y facultades que le asisten al entrar en un juzgado. Hay que garantizar información suficiente sobre cómo proceder, la forma de obtener asistencia, los derechos de que se dispone, la accesibilidad al procedimiento, y los recursos y remedios procesales que les asisten en cada caso.
El objetivo que debe alcanzarse es una organización judicial rigurosa, exigente y de calidad. El Poder Judicial que se sirva de ella ha de garantizar a todos el sometimiento a la ley de sus pretensiones, con procedimientos que garanticen igualdad de armas y tutela efectiva. Una garantía de democracia e igualdad