Más importante que la información que pueda darse sobre lo hecho durante estos meses debería ser el conjunto de propuestas que lleva el secretariado al permanente con el fin de someterlas a debate y votación.
1.- La primera de las propuestas debiera ser la de solicitar el cese inmediato del ministro Gallardón, que ha colocado no solo a la administración de justicia sino al país entero en una situación anterior a la Constitución. Tanto las reformas ya aprobadas como las reformas en curso, incluso el propio discurso del ministro, es intransigente, sectario, tendencioso y totalitario en las formas y en los fondos.
2.- Es importante reiterar nuestro radical rechazo a las reformas del código penal, especialmente a la denominada ley del aborto, que en realidad no es sino una limitación a derechos fundamentales de millones de mujeres españolas; también a la anunciada reforma de las competencias de la Audiencia Nacional en materia de jurisdicción universal.
3.- Junto con la petición de cese del ministro de justicia se debería pedir al presidente del gobierno el cese inmediato de los ministros afectados por procesos de corrupción – sanidad – y aquellos que están impulsando reformas no consensuadas que suponen una involución de cuatro décadas y quiebran con las reglas del estado de derecho – educación, interior, trabajo.
4.- Respecto del CGPJ el secretariado reitera las críticas a la reforma, al modelo de consejo por el que se ha optado, a los mecanismos de elección de los vocales, a la merma de competencias. El modelo derivado de la reforma no soluciona ninguno de los problemas estructurales y de legitimación que tenía la institución, planteando nuevas incógnitas sobre la transparencia en el funcionamiento y en la toma de decisiones. Se ha optado por un modelo presidencialista, con un presidente que se ha aupado en el cargo gracias a su hoja de servicios en el ministerio de justicia, con una comisión permanente muy debilitada; se ha desmantelado el consejo sin tener la garantía de que los cambios van a evitar los problemas endémicos del consejo y de sus relaciones con el poder ejecutivo y los partidos.
5.- Al hilo de lo anterior hay que indicar que el secretariado ha mantenido un primer contacto institucional con el presidente a finales de enero de 2014, remitiéndose a los asociados una nota con lo tratado en esa reunión y la posición mantenida por las/los miembros del secretariado que asistieron al encuentro. Entendemos que debe ser en el comité permanente en el que se fijen las líneas básicas de la relación de JpD con la institución.
- Otras asociaciones ya han iniciado el acercamiento al presidente y al nuevo consejo; el secretariado sin embargo ha optado por no solicitar reunión o encuentro alguno sin fijar la agenda de esos posibles contactos, de hecho el encuentro referido en el punto anterior fue a instancia del presidente.
- Tampoco desde el consejo se ha realizado ninguna convocatoria formal ni a la JpD ni al conjunto de asociaciones con el fin de informar de sus proyectos y objetivos. Sí que debe destacarse que el presidente ha puesto de manifiesto en sus declaraciones los recelos hacia las asociaciones y, especialmente, a aquellas que son más críticas con el poder político.
- Sin duda hay que mantener la tensión asociativa de crítica al actual modelo de consejo, a los problemas de elección, legitimidad y funcionamiento de la institución; de ahí que se proponga a los partidos políticos que incluyan en sus programas una reforma integral del consejo.
6.- El diseño del actual consejo en sus competencias y en el perfil de los vocales no augura un futuro positivo en materia de garantía de la independencia del poder judicial, cuestión capital sobre todo en una época en la que los casos de corrupción están minando las principales instituciones del estado. Los/as jueces/zas que están afrontando los principales casos de corrupción – en la audiencia nacional, en los juzgados de Madrid, Barcelona o Palma de Mallorca – han pasado a ser objeto de investigación, se les niegan medios, se permite su linchamiento mediático y pasan de ser juzgadores a juzgados sin que el consejo haya adoptado una sola medida destinada a garantizar la independencia.
7.- La debilidad y las disfunciones del consejo como institución son directamente proporcionales a la debilidad con la que se protege a los jueces para realizar correctamente su trabajo. La independencia judicial es un instrumento capital para garantizar una efectiva lucha contra la corrupción. Los informes de la Unión Europea (Greco) evidencia esa relación y los riesgos de un consejo sumiso al poder ejecutivo.
8.- Por lo tanto una de las primeras cuestiones que deberían plantearse al nuevo consejo, en especial a su presidente, es qué planes concretos hay en materia de fortalecimiento de la independencia.
9.- El segundo bloque de cuestiones afectaría a las concretas medidas que debe implementar el consejo para garantizar el correcto funcionamiento de los juzgados y tribunales, especialmente de los que deben instruir y juzgar los casos de corrupción.
- El punto anterior conecta con la necesidad de advertir de los riesgos de modelos impulsados por el ministro respecto del traspaso de la instrucción a los fiscales – sin garantizar previamente la independencia de la fiscalía – y de los tribunales de instancia – cuyo dibujo competencial y sistema de atribución de asuntos no está claro -; también las propuestas sobre planta judicial, especialmente las referidas a los llamados tribunales de instancia, anunciados sin que se haya establecido un mecanismo claro que pueda diluir el principio de independencia de los/as jueces/zas en las resolución de asuntos atribuidos hasta ahora a órganos unipersonales.
10.- La necesidad de conocer las propuestas y programa del consejo en estos dos pilares de la justicia – independencia y lucha contra la corrupción -, no debe hacer olvidar la exigencia de que el consejo de fortalecer aspectos fundamentales del estatuto del juez completamente olvidados – la determinación del volumen de trabajo razonable para cada órgano jurisdiccional, la identificación de correctas cargas de trabajo, la definición de las necesidades de jueces por partido judicial conforme a ratios que nos aproximen a la de otros países de la unión europea, clarificar el régimen retributivo y exigir que se recupere el poder adquisitivo perdido durante los últimos cinco años.
11.- El modelo anunciado de inspección genera muchas inquietudes, la figura del impulsor de la acción disciplinaria da miedo y el hecho de que no se haya consensuado el perfil de quienes deben desempeñar esas funciones augura un regreso a épocas inquisitoriales.
12.- No debe olvidarse tampoco la necesidad de impulsar convocatorias de oposiciones, así como la consolidación de la escuela judicial en Barcelona; quedó pendiente la reforma del sistema de acceso a la carrera judicial, los criterios de evaluación y el papel de la escuela como pieza fundamental del sistema de acceso. También la formación, que exige un cambio profundo que rompa con las inercias de los últimos años, que están diluyendo el modelo formativo y lo han convertido en pequeños reinos de taifas sin un proyecto coordinado de formación.
13.- Debe reivindicarse lo avanzado en materia de igualdad, violencia de género, de atención al ciudadano, y prevención de riesgos. Bajo la excusa del recorte presupuestario y la austeridad se avecinan desmantelamientos completos de áreas que hasta la fecha habían actuado con rigor y habían permitido algunos avances en materias especialmente sensibles para adecuar el poder judicial a las exigencias sociales.
14.- Todas estas cuestiones deberían incluirse en el guion de ese posible encuentro de trabajo con el presidente del consejo, encuentro que solo tiene sentido si el secretariado cuenta con el respaldo del permanente en cuanto a la fijación de prioridades y a la exigencia de un programa de actuación claro que permita a JpD establecer los puntos de colaboración, también los de crítica al quehacer del nuevo consejo
15.- En esta misma línea sería conveniente contar con la opinión del permanente en orden a fijar los criterios de relación del secretariado con los/as vocales, especialmente con aquellos que puedan tener sintonía con el ideario de la asociación. También aquí debería establecerse un guion claro, así como los requerimientos que pudiéramos hacer a estos/as vocales, estableciendo, en la medida de lo posible y siempre con la anuencia de los órganos asociativos, de estrategias comunes.