En la Reunión de la sección territorial de Madrid del 21 de enero de 2015, se aprobó por unanimidad elevar al Comité Permanente la propuesta de defender un plan de urgencia de las víctimas de la crisis económica a nivel social. Poner de relieve y denunciar la situación crítica de los trabajadores y trabajadoras con reclamaciones pendientes ante la jurisdicción social, con procedimientos por despido cuya tramitación puede alcanzar los dos o tres años; abuso que no se ha conocido ni en las peores épocas de nuestro país. Dicha tardanza supone una coacción a los trabajadores y trabajadoras, muchas veces imposibilitados/as de hacer frente a esa espera para hacer valer sus derechos e impetrar la tutela judicial. Debe canalizarse una reacción en el ámbito de la jurisdicción social, con reuniones con sindicatos, Seguridad Social y Fondo de Garantía Salarial. Exigiendo un refuerzo de la plantilla de jueces/zas para acabar con la pendencia. Se aprobó por unanimidad incluir en esta propuesta como víctimas de la crisis a los dependientes, poniendo de manifiesto que la falta de la ley a la que hace referencia la Disposición Final 7ª de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social para la atribución competencial contenida en las letras o) y s) del art. 2 en materia de prestaciones derivadas de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, impide el pronunciamiento judicial por parte de los Juzgados de lo Social y está motivando el rechazo de la competencia para conocer de estas demandas por los Juzgados de lo Contencioso Administrativo.