La suspensión de la vigencia del artículo 112 de la LOPJ por el Poder Ejecutivo hasta tanto se apruebe la nueva LO de Reforma del CGPJ por el Poder Legislativo, controlado por aquel, es una evidencia más de la pretensión del PP de concentrar y dominar los tres poderes, desactivando cualquier medio de control y atacando así los pilares básicos de un sistema democrático, que debe ser denunciada con contundencia.
Pedimos al CGPJ que, a la vista de esta injerencia y la que supone la pretensión de reglamentar el estatuto profesional de Jueces/zas y magistrados/as, active los mecanismos de que aún dispone para que no se materialice tal decisión del Poder Ejecutivo y estudie la posibilidad de plantear un conflicto al Tribunal Constitucional en defensa de nuestra independencia (art.73 LOTC).