Por un Observatorio judicial sobre la corrupción
1.- El diagnóstico es conocido, a pesar de los esfuerzos por minimizar la dimensión e importancia de la corrupción. La expansión del Estado social y la integración en la Unión Europea, que supuso la llegada de fondos para el desarrollo, propiciaron una mayor intervención de las Administraciones en la economía, para proveer de los servicios y prestaciones que demandaba el cumplimiento de los derechos sociales, culturales y económicos, y para la ejecución de las infraestructuras que impulsaron la modernización del país (red de ferrocarriles, aeropuertos, carreteras). Las contrataciones y concursos públicos establecieron un espacio privilegiado de compromiso entre el poder político y los poderes económicos, generando una colusión entre intereses políticos y particulares, una continuidad de la dictadura. La descentralización del Estado, que hace posible la concurrencia de múltiples organizaciones administrativas, difundió y amplificó la promiscuidad entre los agentes económicos y los directivos de los partidos políticos del régimen.
La crisis del Estado a la que asistimos, en forma de deslegitimación del sistema de representación y de partidos, ha desvelado la gran corrupción. Una corrupción que parece funcionar como motor de reproducción del sistema político y económico. La corrupción no es un hecho anecdótico, tiene los rasgos de un fenómeno sistémico.
2.- En los últimos años jueces y tribunales del orden penal se han visto implicados en la investigación y enjuiciamiento de delitos de corrupción, lo que les ha dado mayor presencia y visibilidad en el espacio público. Se cuentan por centenares las causas y los imputados; algunos personajes públicos cumplen penas de prisión. Lentamente, y para sorpresa de muchos, la jurisdicción penal está haciendo justiciable a responsables políticos y a gentes de los poderes económicos. La realidad se impone. Aparatos especializados, como las unidades de investigadores policiales, los fiscales anticorrupción y los jueces de instrucción, se desenvuelven entre grandes dificultades, pero no han sido neutralizados por quienes están decididos a mantener las inmunidades de los poderes públicos y privados.
3.- Esta nueva realidad ha hecho emerger problemas y contradicciones en el sistema judicial: la insuficiencia de los medios de investigación, persecución y enjuiciamiento, la ausencia de policía judicial y de expertos en contabilidad y finanzas, la complejidad de los delitos económicos, la capacidad obstaculizadora de las defensas penales para privilegiados, la falta de preparación técnica de funcionarios y estructuras acostumbrados a operar con ilícitos poco elaborados de los débiles y subalternos, los macroprocesos y, sobre todo, la falta de voluntad política para afrontar la corrupción, responsabilizar a los infractores y desplegar los declarados fines preventivos de las penas.
4.- La independencia judicial se expresa, a semejanza de cualquier forma de poder, como una relación entre quien detenta sus resortes y los que le deben obediencia; de ahí que se convierta en lugar privilegiado de la lucha política cuando los tribunales cuestionan las inmunidades del poder y pretender quebrar la impunidad de los actos ilícitos de los poderosos. En este momento, la independencia se discute, de modo principal, en el ámbito de la instrucción y del enjuiciamiento de los delitos de corrupción. Porque, inevitablemente, se incrementa el enfrentamiento de los tribunales con los otros poderes públicos y con los poderes corruptores del mercado: la acometida contra la independencia se hace de modo directo, abrupto y sin subterfugios. Los niveles que ha alcanzado la investigación de los delitos de corrupción están agravando la crisis de la política de partido y del sistema de representación, lo que hace previsible el intento de politización de los procesos penales. Los poderes del mercado cuentan para debilitar la independencia con los medios de comunicación tradicionales, especialmente la televisión -el gran aparato de propaganda-, cuya potencia para intimidar, hostigar y humillar es impresionante.
5.- En la encrucijada actual, la jurisdicción penal está obligada a plantearse el riesgo que para la independencia plantea una intervención eficaz en la persecución de los delitos de corrupción. Porque no sólo se desenvuelve en contradicción con la cultura jurídico política hegemónica que ha establecido su agenda en el control de los delitos de los de abajo, sino porque a mayor intensidad en la indagación y juicio de los crímenes de los poderosos, mayor cuestionamiento de la independencia, hasta llegar al punto en que se le negará la legitimación que precisa para ejercer su función. Un dilema en el que los jueces se desplazarán entre la deslegitimación que van a propiciar los poderes comprometidos con la corrupción -no en balde la potestad jurisdiccional es contramayoritaria y no depende de elecciones ni de mecanismos de representación- y las posibilidades de relegitimación que ha abierto la crisis.
Aquí contará la habilidad del sistema judicial para encontrar nuevas fuentes de legitimación en la realización del programa del Estado de derecho (someter a los poderes salvajes a la razón del derecho), ante una sociedad hastiada del saqueo y la corrupción, en un contexto de desigualdad creciente que ha desencadenado el empobrecimiento de un sector de la población. Una oportunidad para las corrientes críticas en el mundo de la justicia de ofrecer la independencia como un valor democrático: protección del juez, sí, pero al servicio del derecho y de los derechos universales frente a los privilegios del poder sin control.
6.- Jueces para la democracia debe acompañar este proceso histórico, junto a otros colectivos de juristas críticos, especialmente la Unión Progresista de Fiscales, para hacer responsables a los autores y partícipes de los delitos de corrupción. Con la conciencia de la vulnerabilidad de la independencia judicial y la débil legitimación de jueces y tribunales, en una sociedad que contempla la independencia en clave burocrática, como ha sido elaborada por la cultura jurídico-política dominante. La ocupación por los partidos del régimen de los espacios institucionales, en particular el Consejo General del Poder Judicial, priva al sistema de mecanismos de defensa de la independencia.
Se propone la constitución de un espacio de observación, información y análisis sobre la corrupción, e indirectamente para la mejor defensa de la independencia. Los objetivos de ese Observatorio serían: i) recopilar información sobre las causas en fase de instrucción y de enjuiciamiento por delitos de corrupción, ii) analizar la información, iii) identificar ataques contra la independencia de los tribunales y iv) activar mecanismos de respuesta.