INFORME DE GESTIÓN para el COMITÉ PERMANENTE DE valladolid, 7 Y 8 DE FEBRERO DE 2013
El congreso de Valencia supuso un cambio en la composición del secretariado, si bien es cierto que el congreso dio continuidad a parte del secretariado saliente – 4 miembros -, la incorporación de 5 personas nuevas determinó un cambio en la estructura y funcionamiento del órgano de dirección de la asociación, cambio que se visualizó en la designación como nuevo portavoz a Ximo Bosch, candidato más votado en las elecciones.
La transición de uno a otro secretariado no fue en absoluto complicada ya que el mantenimiento de una parte importante de compañeros y compañeras en esas tareas facilitó el mantenimiento de la actividad y el complimiento de los compromisos pendientes. Hay que agradecer el esfuerzo del secretariado saliente y la cooperación de la oficina técnica para garantizar esa continuidad en los proyectos y en los requerimientos propios de la actividad asociativa y de su proyección en la sociedad.
1.- ÁREA POLÍTICA Y CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL.
Tanto el congreso de Valencia como el arranque del nuevo secretariado quedó marcado por la crisis institucional que afectaba al presidente del CGPJ y a sus vocales; no se trataba sólo de una gestión poco transparente y abusiva de los gastos del presidente, se trataba fundamentalmente de una crisis de credibilidad de la institución lastrada por problemas de funcionamiento y de credibilidad que no sólo eran imputables al actual consejo sino a consejos anteriores. No cabe duda que el sistema de elección del presidente, tradicionalmente impuesto por los partidos políticos mayoritarios y aceptado por los vocales, determinaba además una imagen de falta de independencia que le restaba credibilidad ante la carrera judicial y ante los ciudadanos.
En el contexto de una carrera judicial desmotivada, cuestionada permanentemente como ineficaz, sometida a severas y en ocasiones injustificadas presiones mediáticas; afectada por importantes recortes económicos que no solo afectaban a las retribuciones sino también a la puesta a disposición de medios personales y materiales adecuados; con una ley de planta obsoleta que determinaba serios problemas estructurales en el funcionamiento de la justicia; con la principal herramienta de modernización, la oficina judicial, enfangada en un cruce de competencias mal delimitadas. La actitud del presidente y su falta de liderazgo para impulsar reformas inapelables quebró definitivamente al constatarse que en la gestión de su agenda y de sus gastos no se habían observado los requerimientos básicos para el normal funcionamiento de una institución cuya base de funcionamiento ha de ser su honestidad, su rigor y su transparencia.
La gestión de la crisis por el propio presidente, que tardó en asumir responsabilidades y en dimitir; por los vocales, más interesados en encuentros y desencuentros personales que en la imagen pública del Consejo; del propio Gobierno, que jugó a reforzar y debilitar al presidente y al consejo en función de intereses partidistas; y de los partidos mayoritarios; determinó que su duración y solución no fuera ni mucho menos satisfactoria ya que se vio obligado a asumir una situación interina en el tramo final de su mandato que paralizó proyectos importantes.
El Secretariado recibió con alivio el nombramiento de nuevo presidente en primer lugar por lo que suponía de recuperación del consenso en el seno del Consejo, así como la capacidad de los vocales de sacudirse de presiones exteriores y designar por primera vez a un presidente sin la presión de los partidos. Era positivo además que la presidencia recayera en un magistrado de contrastado prestigio que, además, era miembro activo de la asociación.
Esas circunstancias sin embargo no debían ocultar el complejo juego de mayorías que respaldaba al nuevo presidente, que requería del apoyo de vocales de origen conservador para muchas decisiones, y que además el cambio institucional se producía al final del mandato del Consejo – el cese legalmente previsto era para septiembre de 2013 – y con una batería de reformas legislativas en ciernes destinadas a modificar radicalmente la institución y vaciarla de una parte sustancial de sus funciones.
Por estas razones al margen de afinidades personales desde el secretariado hemos intentado valorar los gestos y decisiones que entendíamos sintonizaban con las propuestas y requerimientos de JpD, de ahí que no hayamos tenido problemas en criticar al presidente y al consejo en algunas decisiones o declaraciones poco afortunadas tanto desde el punto de vista político como social.
Indudablemente el consejo como órgano del estado ha de mantener ese tono de entendimiento institucional con el resto de poderes, pero no puede renunciar a liderar aspectos fundamentales del futuro del poder judicial en España y hacerlo desde una perspectiva o planteamientos progresistas ya que no debemos olvidar que el actual consejo no surge de la actual mayoría parlamentaria sino de una mayoría distinta. Ni el consejo ni su presidente deberían olvidar esos planteamientos.
De hecho el Consejo ha sido especialmente crítico con las reformas anunciadas en materia de proceso penal y de código penal; también ha mostrado su rechazo más rotundo a la ley de tasas, ya en vigor; ha denunciado la falta de capacidad de consensos del actual ministro de justicia.
Sin embargo le ha faltado esa contundencia en la crítica a otros proyectos capitales como el que define el nuevo estatuto del juez al modificarse el régimen de licencias y permisos, al eliminar la justicia interina por medio de un proyecto de justicia en precario por medio de un sistema de sustituciones y refuerzos en la carrera que no tiene en cuenta ni las necesidades efectivas de modificación o cuando menos de ampliación de la planta judicial y el establecimiento de un sistema razonable de medición de cargas de trabajo para evitar que jueces y juezas saturados hayan de aceptar la inclusión en los listados de sustituciones por necesidades de servicio o por la sensible reducción de las retribuciones. En este punto hubiera sido necesaria una mayor contundencia del presidente del CGPJ en el rechazo del proyecto.
El secretariado quiere expresamente agradecer a los vocales vinculados a JpD el esfuerzo realizado por informar directamente a los asociados de la actividad del consejo, así como de las propuestas formuladas fuera cual fuera su suerte o grado de maduración; esa comunicación y transparencia que ha permitido que la información llegue a todos los asociados por medio de la lista general ha sido muy eficaz, aunque todavía hay que dar algunos pasos con el fin de coordinar las tareas de los vocales de origen asociativo con el secretariado para que el trabajo en uno y otro lado sea más efectivo y las propuestas personales pasen a ser realmente colectivas, asociativas.
Un análisis de lo ocurrido estos meses en el área política no omitir referencias importantes a la absoluta paralización de algunos proyectos fundamentales para la modernización de la justicia. El actual ministerio ha aparcado los trabajos realizados en materia de planta judicial, tribunales de instancia y oficina judicial; no ha planteado modelos o propuestas alternativas, simplemente los ha arrinconado, arrinconando con ello la voluntad de modernizar la administración de justicia para que, sin merma de garantías, se convierta en un instrumento realmente eficaz.
No se han creado las plazas judiciales necesarias para atender el sustancial incremento de la litigiosidad vinculado a la crisis económica, no se han convocado oposiciones, se está permitiendo que casi 250 jueces y juezas queden en expectativa de destino sin un futuro claro y sin la estabilidad indispensable para un correcto ejercicio de las funciones jurisdiccionales.
El mandato del Partido Popular y, especialmente, la presencia del actual ministro de justicia han abierto uno de los períodos más tenebrosos para la justicia en este país, marcado por el retroceso en las libertades, la falta de interés por las garantías, el desprecio al servicio público, la carencia absoluta de talante negociador, la privatización de aspectos fundamentales de la justicia, el encarecimiento desmesurado del acceso a los tribunales y a los recursos … En definitiva ni uno solo de los proyectos presentados o anunciados ha servido para paliar ni las deficiencias de la justicia ni los efectos de la crisis económica.
Cierto es que ese panorama ha permitido un consenso tanto en el ámbito de la carrera como en el de los operadores jurídicos que ha permitido una respuesta en la calle muy contundente, pero esa respuesta no está teniendo los resultados deseados ya que el gobierno no ha modificado en lo sustancial sus propuestas.
Especialmente preocupante está siendo el modo de gestionar algunos indultos; JpD lleva muchos años reclamando una regulación mucho más clara de la institución de gracia, que no puede ser utilizada por el gobierno de turno como un instrumento para “devolver favores” a lobbys de influencia o a partidos afines, o como un modo burdo de burlar las resoluciones de los tribunales. Tanto el indulto a mossos de escuadra condenados por torturas como los indultos a condenados por delitos contra la seguridad vial culminan las malas prácticas en la aplicación del indulto que exigen una regulación acorde con un estado democrático.
Coincidiendo con la crisis institucional del CGPJ y con el final de su mandato el gobierno se ha planteado una reforma en profundidad de la organización y funcionamiento de este órgano y lo ha hecho con la intención de que el nuevo consejo, que ha de renovarse en septiembre, lo haga ya bajo una nueva regulación, nuevas competencias y nuevo sistema de funcionamiento.
En este punto pese a los anuncios iniciales lo cierto es que el proyecto que finalmente baraja el gobierno no supone una modificación sustancial del sistema de elección de los vocales de origen judicial dado que será en último término el parlamento el que decida entre un abanico amplio de candidatos, en este punto el gobierno no se aparta del modelo fijado en el Pacto de Estado por la Justicia, texto de consenso entre PP y PSOE que contó con el apoyo de otros partidos políticos y de una parte importante de la carrera judicial. La propuesta del Gobierno amplía el número de candidatos a vocal y establece algunos mecanismos de representación por categorías que suenan a rancios y cuya utilidad no se ha justificado.
Donde mayores críticas han de realizarse es en el diseño presidencialista del Consejo, en la presencia de una vicepresidencia que designada por el presidente, al margen de los vocales, en la organización del consejo a partir de una comisión permanente de 5 miembros, que tendrán funciones exclusivas en el consejo, y el resto de las vocalías sin liberación de funciones tanto en el ámbito jurisdiccional como en el profesional.
Estas fórmulas, de dudosa constitucionalidad, responden a una concepción del consejo más próxima a la de un órgano dependiente del ministerio y de la sala de gobierno del Tribunal Supremo, y no a un órgano independiente. En este marco ha de entenderse también la nueva configuración de la inspección y la creación de un cuerpo específico de letrados que utiliza una nomenclatura galdosiana.
A las modificaciones organizativas hay que sumar una profunda modificación de algunas competencias, reduciéndose básicamente a tareas de selección – compartidas con el ministerio por la unificación de carreras – y a la formación. La desnaturalización del Consejo supone además un debilitamiento de una de sus razones de ser, que no es sino la de la defensa de la independencia de los jueces y juezas.
El rechazo del secretariado al proyecto ha sido radical, se han hecho las gestiones necesarias en el parlamento para que todos los partidos políticos sin exclusión conozcan la posición de la asociación y se mantendrá la presión asociativa durante toda la tramitación de la Ley y, en su momento, en la aplicación de la misma.
En este contexto político tiene su sentido la actuación de la Comisión Interasociativa Permanente (CIP) ya que el secretariado, siguiendo las actuaciones de anteriores secretariados, ha mantenido una posición muy activa en defensa de la unidad de acción que ha permitido que el rechazo a muchas de las reformas anunciadas haya tenido una repercusión mediática y social importante al conseguir incorporar a alguna de las movilizaciones a otros colectivos tanto corporativos – los colegios de abogados -, como sindicales.
La valoración de la CIP y de la actuación del secretariado en el seno de la CIP ha de analizarse asumiendo las contradicciones, dificultades y riesgos que la unidad de acción entraña primero por la posición un tanto esquiva de la APM, que ha ido modulando su posición en la CIP en función de sus encuentros y desencuentros con el gobierno, principalmente con el ministro. Los planteamientos de la APM en la CIP están lastrando algunos planteamientos y posicionamientos del movimiento interasociativo.
Otro factor preocupante en la CIP es que no están definidos con claridad los objetivos comunes y sobre todo en las reuniones internas se observa por parte de los representantes de Francisco de Vitoria y del Foro planteamientos marcadamente corporativos; pese a ese riesgo lo cierto es que en muchos comunicados de la CIP se han conseguido introducir valoraciones y cuestiones referidas al régimen de garantías de los ciudadanos, a la necesidad de preservar el servicio público de la justicia, al fortalecimiento de la independencia de los jueces en el ejercicio de sus funciones, cuestiones todas ellas que entroncan con el ideario y posiciones de JpD.
Sin duda el futuro de la CIP y de las movilizaciones no es claro, aún y así creemos que es importante nuestra participación activa en esta comisión para articular una respuesta unitaria a las iniciativas del gobierno, también porque la unidad de acción permite articular en la carrera judicial un discurso mucho más trabado que el que había mantenido el movimiento de no asociados, muy sesgado hacia la defensa de posiciones excesivamente corporativas.
Entendemos que el comité permanente debe fijar la posición que haya de defender el secretariado dentro de la CIP, la estrategia a seguir en caso de ruptura de la comisión, el posicionamiento de la asociación ante un posible calendario de movilizaciones.
2.- Actividad sindical y área de formación.
Una parte muy importante de la actividad sindical se ha desarrollado por medio de la CIP ya que cuestiones importantes del estatuto judicial se han originado como consecuencia de las reformas impulsadas por el ministro de justicia y los recortes que no solo han incidido en las retribuciones judiciales, también en la convocatoria de las oposiciones a la carrera judicial, a secretarios y a funcionarios.
Pese al compromiso de muchos jueces con su profesión y a los esfuerzos que se realizan cotidianamente por mantener una respuesta de calidad el servicio público de la justicia se ha resentido del nuevo contexto político y económico, el deterioro puede ser irreversible ya que se produce cuando todavía no se había materializado la reforma de la oficina judicial – sometida a serias dudas respecto de su viabilidad y a recortes económicos que frustran cualquier proyecto razonable -, de nuevo tanto el gobierno central como los autonómicos han de ser señalados como responsables de un proceso de desinversión que afecta a la informatización y digitalización de las unidades judiciales, las mejoras en la atención al ciudadano, el cumplimiento de la carta de derechos.
Desde el secretariado queremos destacar la labor de la comisión sindical de la asociación tanto en su actividad como en la comunicación a los asociados; ha sido fundamental su trabajo para arrancar el modelo de prevención de riesgos laborales en la judicatura – una asignatura pendiente hasta hace relativamente poco -, los esfuerzos por potenciar la conciliación de la vida familiar con la laboral, la definición de la jornada laboral del juez y los riesgos que la actividad judicial entraña.
Desde la comisión sindical se ha realizado una labor continuada dando respuestas a cuestiones planteadas en la lista general por muchos asociados, potenciando con ello la vertiente más reivindicativa de JpD.
Ciertamente queda mucho trabajo por hacer y muchas de estas cuestiones no son prioritarias ni para las administraciones, ni para los órganos de gobierno de la justicia. Desde el secretariado se ha defendido que la actividad sindical tiene su sentido en el marco de la mejora de la justicia.
Desde el secretariado hemos realizado el seguimiento a los recursos judiciales interpuestos durante el mandato del secretariado anterior y hemos apoyado activamente los recursos de algunos compañeros afectados por decisiones del consejo y de salas de gobierno de los tribunales superiores de justicia; ese apoyo y asistencia se ha dado a todos los requerimientos recibidos, haciendo asumiendo la asociación directamente algunos recursos en supuestos de vulneración de derechos fundamentales y en decisiones discriminatorias.
Pese a los esfuerzos realizados no hay un horizonte claro en materia de medición de cargas de trabajo, sigue habiendo dudas sobre la metodología que debe aplicarse para la medición y la fijación de volúmenes asumibles de trabajo en la entrada de asuntos en las unidades judiciales, cuestión fundamental ya que esos parámetros son básicos para establecer las necesidades reales de planta judicial.
La publicación el 28 de diciembre de la reforma de la LOPJ y los planes para desarrollar el nuevo sistema de sustituciones – abiertamente criticado por el secretariado tanto ante la carrera como en los medios de comunicación – puede distorsionar por completo la determinación de las cargas de trabajo asumibles con parámetros de calidad, de dedicación, de estudio pero también de conciliación y descanso de los jueces y juezas.
El secretariado considera fundamental realizar un seguimiento del desarrollo de estos planes, seguimiento que creemos que deben realizar también todos los asociados en sus jurisdicciones denunciando abiertamente las sustituciones forzosas y reclamando que las sustituciones voluntarias no primen los factores remuneratorios, sino los volúmenes de trabajo asumibles por el juez o jueza que se incorpora a las listas como de las unidades judiciales a sustituir. Esta es una de las cuestiones que se someten al debate del permanente dado que hay propuestas de la comisión sindical que se han presentado a este órgano decisorio.
Entendemos que debe incluirse dentro del ámbito sindical lo referido al contacto y apoyo mantenido con los compañeros y compañeras de las últimas promociones que se encuentran en expectativa de destino, afectados directamente por la no creación de nuevos órganos judiciales. Así se ha atendido a la situación de los jueces en prácticas criticando duramente la previsión legal de que los mismos, cuando aún no han finalizado su periodo de formación, puedan ser destinados a órganos judiciales con el mismo nivel de responsabilidad que un juez titular pero a la vez sometidos al control y las limitaciones en la remuneración de los alumnos de la escuela.
Es prioritario dar una solución rápida y segura a las promociones 62 y 63 ya que esa situación no sólo frustra el arranque en el desempeño de la actividad jurisdiccional a esos compañeros y compañeras; lastra también la convocatoria de cuarto turno, paralizada desde hace dos años.
En esta misma línea siguiendo con la labor de anteriores secretariados se ha mantenido la defensa la escuela judicial, que creemos que sigue siendo cuestionada por algunos sectores influyentes de la carrera judicial.
Desde el área de formación del secretariado se ha dado apoyo a diversas preocupaciones que aún están vigentes en cuanto al modelo de escuela judicial y la necesidad de modificar el acceso a la carrera; para JpD es fundamental el futuro de la escuela y la situación de las promociones que deben incorporarse seguidamente al ejercicio profesional. Desde la presentación a la 63 promoción tras el congreso, se han mantenido contactos periódicos con esta promoción a través de sus delegados designados y se les ha dado cobertura incluso con un comunicado hace pocos meses.
3.- Área de comunicación.
Como se indicó al inicio de este informe, el cambio de portavoz ha supuesto un cambio de estilo, se ha intensificado la presencia del área de comunicación en muchos medios. En esta área ha sido fundamental la potenciación del perfil de Facebook de la asociación puesto en marcha por el anterior secretariado; el número de personas y organizaciones adheridos a esta red social – los llamados amigos o seguidores – alcanza el número de 1432 y las indicaciones de interés de una información – el “me gusta” – alcanza el número de 951. En todo caso se anexa información detallada sobre el perfil de Facebook visitas e interacciones. Acompaño también un cuadro de la evolución durante los meses de diciembre y enero
Especial mención ha de tener el arranque de la cuenta en la red social Twitter, que en los meses que lleva funcionando ha alcanzado el número de 9072 seguidores entre los que se encuentran muchos asociados, los principales periodistas especializados en materia judicial, la mayoría de medios de comunicación e importantes organizaciones no gubernamentales. El esfuerzo realizado en la permanente actualización de la cuenta de twitter – @juecesdemocracia – permite ampliar la comunicación de las notas de prensa y las intervenciones de la portavocía, así como la redifusión – retwitt – de noticias e informaciones recibidas de distintos medios, así como las opiniones y noticias que se difunden por medio de esta red social que tiene la virtud y el riesgo de su inmediatez. Por disponer de una cifra comparativa el número de seguidores del perfil de twitter del CGPJ es de 6.900
Un instrumento tan ágil y vivo de comunicación y opinión exige un esfuerzo de dedicación muy grande, ha sido un instrumento muy útil para una conexión efectiva con muchos movimientos sociales que comparten el ideario y preocupaciones de JpD. Es en definitiva un altavoz del secretariado y un motor permanente de implicación en la realidad más allá del ámbito judicial.
Portavocía, perfil de Facebook y cuenta de twitter conforman los tres pilares del área de comunicación asociativa, pilares que deben coordinarse con la página web – en proceso de redefinición – y con las publicaciones tradicionales de la asociación. Sería importante poder culminar este proceso de coordinación, aunque tanto la necesidad de austeridad como la búsqueda de un modelo que responda a la constante evolución tecnológica hacen que el proceso de reforma de la web integrando estos instrumentos vaya lento.
En esta línea de actuación tal vez sería conveniente que el boletín dejara de editarse en papel y pasara a un formato más ágil que permitiera incrementar el número de boletines – con este secretariado se ha sacado un número – y más apegado a la actualidad de la asociación. Además esta medida supondría una reducción importante de costes ya que se distribuiría por correo electrónico lo que permitiría multiplicar su difusión. Las revistas digitales de la comisión de laboral y las recientes experiencias de la comisión de privado marcan un modelo de boletín en el que sin perder rigor se aprovechan estas nuevas tecnologías y las nuevas formas de comunicación.
Durante estos meses junto a los comunicados emitidos por la comisión interasociativa, firmados por el secretariado; se han emitido otros específicos en apoyo de los jueces sustitutos, criticando el indulto a los mossos d’escuadra condenados por un delito de torturas, criticando la interferencia en las funciones jurisdiccionales durante la instrucción, valorando negativamente el proyecto de ley de tasas, apoyando la convocatoria de huelga general. A raíz de las manifestaciones del 25 de septiembre se ha denunciado el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza institucional, pronunciamientos sobre los recortes económicos adoptados por el gobierno, sobre la retirada de los escoltas a los magistrados/das destinados en la Audiencia Nacional sin que se conozca un plan alternativo de seguridad, solicitando en su día la dimisión de Carlos Divar como presidente del CGPJ. En todo caso las notas de prensa, las declaraciones e informaciones que han aparecido en los medios de comunicación referentes a la actividad del secretariado han sido puntualmente remitidas a la lista general y están a disposición de los asociados en la página web de la asociación, una página web que a fecha de hoy ha tenido más de 680.000 visitas.
4.- Relaciones con los movimientos sociales.
Esta área ha quedado marcada por las movilizaciones contra los recortes y las reformas que ha ido realizando el gobierno; desde el secretariado hemos apoyado todas las movilizaciones, hemos acudido a manifestaciones y actos de protesta, hemos habilitado nuestra lista general para hacernos eco de convocatorias de los sindicatos. El foro social ha incorporado no solo a los sindicatos, sino también a los principales colectivos que canalizan las protestas, en ese foro social desde el secretariado hemos planteado la necesidad de incluir la justicia entre los sectores imprescindibles para el estado social, siguiendo con ello la estela marcada por el gobierno francés que ha incluido entre los pilares que no deben sufrir las inclemencias de la crisis junto a la sanidad y la educación, la justicia.
No debe olvidarse que han tenido incidencia directa en la justicia la regulación de las tasas judiciales, las modificaciones sustanciales en los derechos de los trabajadores y en los mecanismos procesales de protección, el tímido maquillaje a la normativa en materia de ejecuciones hipotecarias … son ejemplos claros de cómo reformas de la justicia afectan al núcleo básico de la defensa del estado del bienestar.
La conexión con los movimientos sociales no sólo se ha concretado en el foro social, sino también en contactos específicos con movimientos como el de stop desahucios, la plataforma de afectados por las hipotecas, las plataformas de afectados por las preferentes… En este ámbito son fundamentales las redes sociales de ahí la importancia de Facebook y twitter que permiten que fluya la comunicación y la información.
5.- Área internacional.
El inicio de este secretariado nació marcado por las discrepancias en el interior del secretariado por la representación de JpD en Medel, el nuevo secretariado consideró que debía confiar de nuevo en Iñaki González que, como miembro del bureau de Medel, formaba parte de los órganos de gobierno de esta organización. La decisión era compleja ya que el anterior secretariado había retirado su confianza a Iñaki porque a no reportaba la información necesaria para conocer el contenido de los debates de la organización y la toma de decisiones.
Centrado el debate por una parte en la pérdida de confianza y, por otra, en la necesidad de información, parecía razonable que el cambio de secretariado permitiera revisar los criterios de confianza y establecer mecanismos de dación de cuenta más precisos. Finalmente la incorporación de José Luís Ramírez al área de internacional ha permitido desbloquear la situación.
No debe olvidarse la importancia que tiene Medel para estructurar una posición común de los movimientos judiciales en el marco de la unión europea, la necesidad de identificar el modo en el que han afectado las medidas vinculadas a la crisis económica en países como Grecia, Italia y Francia. Es necesario que haya una respuesta unitaria ante recortes que terminan por afectar a los derechos fundamentales de millones de ciudadanos en el espacio europeo.
Se han reanudado los contactos con los jueces portugueses, aunque no se ha podido concretar un encuentro similar al que se había realizado en años anteriores. El secretariado consideró que era importante definir con claridad los contenidos del encuentro antes que establecer la fecha del encuentro.
Aunque la reducción de recursos económicos complica en parte esta área sobre todo por el coste de los viajes, se mantienen contactos con los compañeros de la asociación que pertenecen a organismos internacionales fundamentalmente en la tutela de derechos humanos.
6.- Organización.
El anterior secretariado estableció una estructura de organización destinada a facilitar la participación de los asociados, potenciando secciones y comisiones. Aunque las restricciones presupuestarias han complicado los encuentros presenciales lo cierto es que la labor de la comisión de igualdad y la de penal, que han celebrado los encuentros a finales de diciembre, ha permitido disponer de trabajos de interés; los asociados han realizado un esfuerzo digno de destacar costeándose los viajes para favorecer estos encuentros.
Las listas de correo de las comisiones siguen siendo muy dinámicas especialmente la de lo social, la penal, la civil y la de igualdad. Algunas comisiones se han animado a preparar boletines informativos para sus integrantes, incluso revistas digitales de gran calidad. El objetivo debería ser que las comisiones pudieran disponer de este instrumento de reflexión y debate, junto con las listas.
La lista de coordinadores sigue utilizándose menos que otras listas de correo asociativas; el funcionamiento de las secciones es desigual aunque hay secciones que han aumentado su actividad y el número de compañeros que asisten a las reuniones – la de Madrid o la canaria, por ejemplo -; es complicado buscar un sistema de dinamización ya que se depende del esfuerzo y dedicación de los coordinadores. En todo caso la lista general sigue siendo un cauce adecuado para el contacto en la asociación aunque para realizar debates con cierta profundidad es complicado gestionarla.
Desde el 27º congreso se han producido en la asociación 14 altas, sin duda atribuibles al esfuerzo realizado por el anterior secretariado en esta tarea y ninguna baja.
7.- Informe sobre la situación económica de la asociación.
El artículo 10º de los estatutos de la asociación incluye dentro de las competencias del comité permanente la presentación por parte del secretariado de un informe presupuestario.
Hasta la fecha esta cuestión no planteaba grandes problemas en el comité permanente en la medida en la que desde la oficina técnica de la asociación se preparaba una información muy detallada de los presupuestos anuales así como la comparativa con otros ejercicios.
En los últimos años la crisis económica y los recortes acordados por el CGPJ determinaron que se replantearan algunas partidas aprobándose un incremento de cuotas casi simbólico, la inclusión de una cuota de inscripción en los congresos, o la cobertura parcial de gastos en las reuniones y encuentros de algunas comisiones pagando sólo el alojamiento pero no el transporte o fijando una cantidad fija en concepto de dieta o bolsa de viaje. Por otra parte ya el anterior secretariado realizó un esfuerzo muy importante en la contención del gasto y en un plan de austeridad.
El esfuerzo de los asociados y de la oficina técnica durante este tiempo ha permitido disponer de unas cuentas muy saneadas en la que la única carga financiera es el pago del préstamo con garantía hipotecaria que se solicitó para la compra de la sede de la asociación. Por otra parte la asociación dispone de reservas para poder afrontar gastos extraordinarios, incluso para soportar cierto déficit durante algún ejercicio.
No tratándose de una cuestión urgente ni de una perspectiva que comprometa la viabilidad de la actual estructura y funcionamiento de JpD lo cierto es que a lo largo de estos años de crisis y sobre todo en los últimos meses han surgido algunos indicadores que obligan a abrir un periodo de reflexión sobre las perspectivas financieras de la asociación y abordar algunas medidas que permitan a corto, a medio y a largo plazo una situación que, más allá de la crisis económica, evidencia un cambio de modelo.
Uno de esos indicadores ha sido sin duda el anuncio por parte del CGPJ a mediados de enero de 2013 de que en el presupuesto para el ejercicio 2013 se iba a producir una reducción de más de un 20% de las ayudas y subvenciones que, por todo concepto, reciben las asociaciones judiciales; esa decisión no ha sido ni consensuada ni consultada con las asociaciones y de hecho incidirá directamente en los presupuestos de todas las asociaciones en este año 2013 sin mucha capacidad de maniobra ya que ni el CGPJ ha dado margen para negociar que esa reducción pudiera aplicarse gradualmente durante varios ejercicios, ni se ha anunciado con tiempo suficiente para abordar algunos gastos estructurales de las asociaciones.
Por otra parte debe indicarse que esa reducción se produce después de varios años en los que se habían reducido esas partidas y, además, se ha sometido a las asociaciones a unos mecanismos de justificación del gasto para su ajuste a la Ley de subvenciones que han supuesto más trabajo y esfuerzo pero al que nos hemos ajustado ya que todos compartimos la idea de que el gasto público debe ser minuciosamente auditado.
Este sería el cuadro de evolución de las subvenciones del Consejo a las asociaciones en los últimos años:
2010 | 2011 | 2012 | ||
APM | 209.970,55 € | 199.535,90 € | 197.837,71 € | -1.698,19 € |
JPD | 169.385,78 € | 145.256,39 € | 141.536,67 € | -3.719,72 € |
AJFV | 153.873,06 € | 142.533,52 € | 145.807,28 € | 3.273,76 € |
FJI | 137.310,61 € | 117.834,19 € | 119.978,34 € | 2.144,15 € |
670.540,00 € | 605.160,00 € | 605.160,00 € |
Para el año 2013 la previsión de la reducción de ingresos superaría los 28.000 euros – pendiente eso sí de las partidas que dependen de actividades efectivas y de la implantación en la carrera judicial que varían de un año a otro. Hasta la fecha nuestra evolución de asociados está mejorando y en las actividades normalmente JpD termina presentando más que las otras asociaciones, sin incluir a la ApM.
El problema no es sólo para este ejercicio, la previsión es que esos recortes sigan para ejercicios anteriores incluso no es descartable, a la vista del proyecto de reforma del CGPJ presentado por el ministro de justicia, que el Consejo pierda en breve su autonomía presupuestaria y que finalmente las partidas destinadas a las asociaciones no dependan del CGPJ sino que dependan del ministerio de justicia o, en último término de hacienda. Si tenemos en cuenta que el ministerio ha eliminado las ayudas a asociaciones (fiscales) y fundaciones vinculadas a la justicia, cabe pensar que el cambio de modelo de consejo llevará aparejado un vuelco en el sistema de financiación de las asociaciones.
En los últimos secretariados se han producido debates sobre el modelo de financiación asociativo y se han reducido todos los ingresos que provenían de entidades privadas, sobre todo financieras; de igual modo algunas ayudas públicas provenientes de diputaciones, CC.AA. y ayuntamientos se limitaron ante la posible interferencia en procedimientos judiciales seguidos por casos de corrupción.
Por lo tanto incluso antes de que se iniciara la crisis económica y con ella los recortes se consideró conveniente evitar esas situaciones que pudieran comprometer la “honorabilidad” de la asociación y de sus miembros, otras asociaciones prefirieron mantener posturas más relajadas y han seguido celebrando congresos patrocinados por terceros. Nosotros hemos reducido casi por completo estas ayudas o financiación externa y la que se mantiene es testimonial – Cajastur y Banesto (4.300 euros en total) y la publicidad de la revista y el boletín (450 euros en total). El incremento de cuotas tanto ordinarias como extraordinarias – congresos – es una medida posible; aún y así la partida de cuotas (ordinarias y extraordinarias) para el año 2012 superó los 102.000 euros y si se mantiene el incremento del nº de asociados se incrementará este concepto. En todo caso el 59’39% de los ingresos de la asociación dependen de las subvenciones que por todo concepto establece el Consejo.
La perspectiva que debemos abordar es, por lo tanto, la de un cambio de modelo en el que no será ni posible ni recomendable la financiación privada, no es previsible que haya ayudas públicas y los únicos ingresos serán los que aporten los asociados y las subvenciones del CGPJ. Ciertamente sería deseable un marco legal que garantizara la independencia económica de las asociaciones pero ese marco, que parecía conseguido, está siendo desmontado de modo sistemático por la crisis y por la política del actual ministerio de justicia, por lo que es imprescindible disponer de un plan de actuación no sólo para reducir el gasto, que ya se ha hecho, sino para estructurar el gasto de otra modo, atendiendo a criterios que deberíamos consensuar todos los asociados para garantizar un funcionamiento óptimo de la asociación en todos sus escalones.
Hay algunas medidas que podrían tener incidencia incluso estatutaria que convendría plantearnos y que creemos que deben ser objeto de un amplio consenso no sólo en el ámbito del secretariado, sino de la propia asociación.
Hay otras medidas de gestión racional del gasto que no necesitan reforma estatutaria y que podrían presentarse al comité permanente. No se trata tanto de gastar menos – ya se ha ahorrado mucho en estos años – sino de gastar de otra manera. Un área que exigiría un esfuerzo es la de las publicaciones – boletín y revista -: En cuanto al boletín el coste anual es de 13.012 euros (6.500 € x nº) ,por la edición en papel y su distribución, la propuesta sería que desapareciera la edición en papel del boletín y se sustituyera por un pdf o newsletter de distribución por correo electrónico y por redes sociales, de ese modo se ganaría en agilidad y permitiría sacar más números al año, apegados todos ellos a la actualidad y a las exigencias asociativas y sin coste alguno ya que esa labor la puede hacer la OT.
Es recurrente la necesidad de reducir el número de reuniones presenciales de los órganos asociativos – tanto del secretariado como de las comisiones -, son especialmente gravosos los viajes, de ahí que sin perjuicio de cambios estatutarios, hayan de reducirse el número de viajes, sustituyéndolos por videoconferencias o por el uso de instrumentos como el Skype para algunas reuniones. Respecto de las comisiones la fórmula ensayada con la comisión de penal de pago sólo del hotel y no del viaje, o el establecimiento de una dieta fija por evento podría reducir sensiblemente los gastos. También sería necesario que las propuestas de las comisiones fueran acompañadas de memorias económicas.
De cara al próximo congreso – el de Pamplona – podría iniciarse al mediodía del jueves, de ese modo se ahorra una noche de hotel, puede ser una medida menos drástica que la de incrementar la cuota de inscripción. Para que la reducción de las sesiones del congreso – en realidad se elimina la sesión de la mañana del jueves – no incida en los debates deberían reducirse al mínimo las cuestiones protocolarias. Sobre la previsión de 120 asistentes la supresión de una noche de hotel permitiría reducir el coste en casi 6.000 euros, lo que tiene su importancia si tenemos en cuenta que no habrá prácticamente ninguna ayuda económica.
Si las jornadas de jueces de primeros destinos no encuentran financiación externa deberíamos plantearnos sustituirlas o plantearlas en el marco de la escuela judicial, para evitar los desplazamientos de los asistentes. Una buena planificación de encuentros en la escuela judicial podría mejorar el ritmo de afiliación y reduciría el coste de unas jornadas que el año pasado comprometieron 10.000 euros del presupuesto asociativo.